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Publicado el 07 de junio, 2015

Autonomía constitucional del SII

Pretender que quien tiene a su cargo el poder de fiscalizar la tributación de empresas y personas sea un funcionario dependiente del ministro de Hacienda y de exclusiva confianza del Presidente, es un contrasentido.
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A fines del 2014 recibí la solicitud de presentar mis antecedentes para el proceso de selección para el cargo de Director Nacional del SII. Si bien muchos entendíamos que era un proceso formal destinado a cumplir con las formalidades legales que permitieran ratificar al Director interino de turno, la honrosa experiencia no sólo me cautivó, sino que igualmente me permitió conocer por dentro el sistema. Un sector de los seleccionados viene de parte de la empresa de hunting contratada por el gobierno y el otro proviene en forma “directa” de quienes postulen de manera pública. Tal como se me dijo, un sector era seleccionado técnicamente y el otro mayoritariamente en forma política; y al momento de definir la “lista corta” que sería entrevistada por Alta Dirección Pública y presentada a la Presidente de la República, los criterios eran tan discrecionales como la decisión final.

Sin perjuicio de si todo lo que se me dijo en esos meses era efectivo, después de todo el proceso -entrevistas en inglés incluidas- el sistema de Alta Dirección Pública terminó presentando, y la Presidente nominando, al Director interino, quien a su vez había participado activamente en su pre campaña electoral, y que paradojalmente por lo mismo, terminó siendo removido de su cargo hace pocos días.

Criterios políticos para la selección, criterios políticos para la designación y criterios políticos para la remoción. Y ahí está la gran lección -y oportunidad a la vez- que nos enseñan todos los lamentables episodios que han salpicado a una institución que nos debería enorgullecer.

En momentos en los que la confianza en las instituciones está muy deteriorada, se deben proteger y potenciar a aquellas que han tenido un histórico prestigio, basado en un aporte permanente y despolitizado al Estado.

Por ello es que debe modificarse el sistema de designación del cargo de Director Nacional del SII. Episodios como la “tributación” de los sobresueldos, la falta de ecuanimidad en la persecución penal en simetría de condiciones, y fundamentalmente las declaraciones del removido Director, en orden a las presiones políticas permanentes del cargo, hacen un imperativo ético y jurídico el sustraer el cargo a tales condicionamientos pendulares.

En épocas en que soplan vientos de cambios constitucionales de fondo, necesariamente debe considerarse como una de las primeras reformas el que el Servicio de Impuestos Internos tenga autonomía garantizada a nivel constitucional, tal como la tiene la Contraloría General de la República, donde el Contralor es designado por el Senado a propuesta del Presidente de la República, quien no tiene sobre el cargo supremacía jerárquica ni de ninguna naturaleza, sea en el desempeño del cargo como en su remoción, la cual sólo procede una vez cumplido el período constitucional de ocho años, al momento de cumplir 75 años, o bien mediante acusación constitucional por notable abandono de deberes.

Pretender que quien tiene a su cargo el poder de fiscalizar la tributación de empresas, públicas y privadas, y de personas, sean empresarios, ministros, diputados, senadores o jueces, sea un funcionario dependiente del ministro de Hacienda y ambos de exclusiva confianza del Presidente de turno, es un contrasentido, no sólo frente al discurso de probidad, transparencia y recuperación de confianzas en la función pública que se recita en las últimas semanas, sino que igual y fundamentalmente es un contrasentido, valga la redundancia, contra el sentido común.

 

Álvaro Moraga, Abogado socio de Moraga y Cía Abogados.

 

 

FOTO: PABLO ROJAS MADARIAGA/AGENCIAUNO

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