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Publicado el 03 de septiembre, 2017

Atentados: ¿De quién es la culpa?

Abogado, presidente Centro de Estudios Sociedad Libre José Ignacio Concha
Lo que pasa en el sur de Chile es extremadamente complejo, pero que el Fiscal Nacional diga que “los empresarios tienen una responsabilidad importante en la custodia de sus bienes" es abiertamente irresponsable.
José Ignacio Concha Abogado, presidente Centro de Estudios Sociedad Libre
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Las recientes declaraciones del Fiscal Nacional fueron, por decir lo menos, preocupantes. No sólo porque se trata de una de las principales autoridades del país, porque dirige al organismo persecutor en materia penal o porque es un abogado, sino porque como ciudadanos esperamos de nuestras autoridades un cumplimiento mínimo de los deberes.

En un Estado de derecho un principio básico es la renuncia a la autotutela o justicia por mano propia, porque es el Estado quien tiene la obligación de mantener el orden público y la seguridad, no los particulares. De lo contrario, pasaríamos a que cada cual deba defenderse como pueda, abriendo la puerta a la única ley que rige en ese caso: la ley de la selva. Es cierto que para nadie es un misterio la situación extremadamente compleja que se vive en el sur de Chile, pero que el Fiscal Nacional diga —a propósito de decenas de camiones quemados por un grupo violentista— que “los empresarios tienen una responsabilidad importante en la custodia de sus bienes, particularmente cuando estamos en una zona donde sabemos el nivel de riesgo que existe” es abiertamente irresponsable.

Es la propia Constitución Política de la Republica la que señala en su Artículo 83 que “Un organismo autónomo, jerarquizado, con el nombre de Ministerio Público, dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercerá la acción penal pública en la forma prevista por la ley. De igual manera, le corresponderá la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. En caso alguno podrá ejercer funciones jurisdiccionales”. La misma idea se reitera en la Ley Orgánica Constitucional del organismo, número 19.640.

De este modo, existe una estructura diseñada por nuestro ordenamiento jurídico para perseguir los delitos, no pudiendo trasladar la responsabilidad a las víctimas de los mismos. Ellas en caso alguno pueden ser nunca culpadas por hechos de violencia y, al contrario, debe brindárseles la adecuada protección para que puedan desarrollar su vida con normalidad.

Pero además, las declaraciones del fiscal Jorge Abbott son jurídicamente confusas, porque si las tomamos en su peso, quiere decir que una persona que es víctima de un asalto violento en un lugar peligroso, o bien en horas de la madrugada, tiene responsabilidad en ello, por cuanto sabía del alto nivel de riesgo en esa zona o a esa hora. Dicho en simple, “no se queje si lo asaltan o le pasa algo, no alegue porque se lo advertí, esto es sin llorar, tuvo mala suerte”, y así podríamos seguir. Una especie de doctrina que puede volverse peligrosa para los ciudadanos comunes y corrientes que día a día viven atemorizados.

Nadie pretende que el Fiscal Nacional sea un superhéroe o que “seque en la cárcel” a todos los criminales, sólo le pedimos que cumpla su deber, ni más ni menos. Que lo cumpla con un criterio razonable y, sobre todo, que contribuya a mejorar el sistema de persecución penal. Él ocupa un lugar clave en nuestro sistema procesal penal, por lo tanto, no puede darse el lujo de relativizar una situación tan delicada.

Ciertamente, es muy complejo lo que sucede en el sur de nuestro país, pero ante tales situaciones, como ciudadanos esperamos que nuestras autoridades estén a la altura, cumplan su deber y busquen soluciones, no que culpen a las víctimas por esos sucesos, eso no tiene lógica, conciencia ni justicia.

 

José Ignacio Concha, presidente del Centro de Estudios Sociedad Libre

 

 

FOTO: AGENCIAUNO

 

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