No habló como Zaratustra, hace unos dos mil quinientos años, del eterno triunfo del bien sobre el mal, de la virtud, y de paso -no menor- sentó la primera idea del monoteísmo que vendría siglos después. En cambio, Llaitul habla y llama a la lucha armada, a las inevitables muertes y a los sacrificios en su propia tierra. Pero ¿quién es Héctor Llaitul?

Es uno de los reconocidos fundadores y voceros de la Coordinadora Arauco-Malleco, CAM. Estudió Servicio Social en la Universidad Católica de Valparaíso (1986) y en ese periodo ingresó al Movimiento de Izquierda Revolucionario, MIR. Ya en la Universidad fue parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo, FPMR, una emanación del PC.

Desde 1998 la CAM ha reivindicado  diferentes ataques incendiarios en la Región de la Araucanía principalmente. En 2007 Llaitul fue detenido por el ingreso con encapuchados al fundo Las Praderas de la Forestal Mininco, hechos de los que fue absuelto por el Tribunal Oral de Temuco. En 2009 fue puesto en prisión debido al atentado contra el fiscal Mario Elgueta. Fue condenado a cuatro años por ese homicidio frustrado, además de cumplir una pena de diez años por robo con intimidación. Después de haber cumplido la mitad de su condena, se le otorgó el beneficio de libertad condicional en mayo del 2015.

Ese pasado es el lastre obligado en la lectura ideológica que Llaitul realiza de la causa mapuche. Su acción y palabras van más allá de la reivindicación étnica e histórica de ese pueblo: está imbricada al discurso anticapitalista de sus militancias anteriores. Ello explica su permanente oposición a los gobiernos de la Concertación, según él, sostenedores del neoliberalismo capitalista. Su personal ideología prima por sobre los derechos y reivindicaciones del pueblo mapuche que (paso forzado) proclama estar en su corazón.

Dos vías

Llamar a la lucha armada desde un grupo minoritario y en desventaja militar puede tener dos vías de realización. El primero es el método de lucha de guerrillas, al estilo de Castro en Cuba o de la resistencia partisana en la Europa bajo el nazifascismo, donde prima la ola táctica del “muerde y huye”, según los manuales guerrilleros, pero siempre acciones dirigidas a fuerzas e instalaciones militares del enemigo. Hasta ahora no es el caso de la violencia en la Araucanía, en donde los blancos incendiados han sido escuelas, iglesias, casas privadas, siembras, transportes y hasta centros vacacionales. Objetivos civiles y no militares. 

El otro camino es el del terrorismo, que sí aplica en la cosmovisión de Llaitul. Según criterios internacionalmente aceptados, el terrorismo se define como tal por: a) Es un acto político, en sentido amplio, pues  atenta contra la seguridad o contra el orden constitucional de los Estados; b) tiene un objetivo intimidatorio contra una población o un sector de ella; c) tiene como propósito la coacción a gobiernos para hacer o dejar de hacer algo (como el actual estado de excepción decretado por el gobierno de Boric); d) debe tratarse de resultados graves, muertes o lesiones graves, daños relevantes a propiedades públicas o privadas; e) violaciones e impedimento de derechos fundamentales (de desplazamiento, de expresión, de libertad de emprendimiento); f) cuenta con el factor organizacional, es decir, organizaciones armadas (aunque la normativa europea contempla también al terrorismo individual). En experiencias latinoamericanas se ha agregado al terrorismo el componente de recaudación de dinero mediante robos o tráfico de drogas.

Entre crimen organizado y terrorismo hay claras diferencias, aunque puedan convivir juntos: el terrorismo tiene un fin político, el crimen organizado busca el lucro; el terrorismo publicita sus actos mediante panfletos, reivindicaciones y voceros más o menos ambiguos, el crimen organizado se ejecuta en el secreto, no se reivindican sus autores.

Con todas sus letras

Así, es hora de llamar pan al pan y vino al vino. Lo que sucede desde hace años en la macrozona sur se llama terrorismo, no “violencia rural” ni “crimen organizado”. No logramos entender el pudor ideológico en calificar el terrorismo de parte de la izquierda democrática, de la propia ex Concertación, del actual gobierno y de la Convención que no incluyó en su borrador la amenaza del terrorismo. Esas omisiones impiden poner en marcha los legítimos instrumentos de defensa del Estado y, no olvidemos, de la propia democracia.

Los socialistas españoles, que de terrorismo entienden, no dudaron en llamar de ese modo las acciones del ETA, desplegando en consecuencia los medios y estrategias de confrontación y de treguas, sin olvidar que delante tenían a una organización armada, cuestión que no admitía el fácil y liviano buenismo (o “buenrollismo”, como dicen en España). Al revés de Chile: hoy, mientras escribimos estás líneas, diputados del PC y del Frente Amplio votaron en contra de declarar como organizaciones terroristas a la CAM, Resistencia Mapuche Malleco, Resistencia Mapuche Lafkenche y Welchan Auca Mapu. He ahí el sostén político que nutre las declaraciones de Llaitul y justifica las pasadas y venideras acciones armadas en el sur.

Estamos de acuerdo en los derechos de los pueblos originarios, en los atropellos y depredaciones que han sufrido. Pero no en las formas y en las reivindicaciones que atentan contra la seguridad y serenidad del resto de los chilenos, que son la mayoría del país. Ciertamente que la fuerza del Estado debe ser acompañada de acciones y soluciones políticas. La principal es la de aislar a los llaitules de la población mapuche mayoritaria, aquella que construye y trabaja en las miles de hectáreas restituidas, que no mira a los “chilenos” como extraños y enemigos inconciliables, aquella que elige alcaldes y representantes en las instituciones democráticas de todos los chilenos, aquella que quiere paz para vivir su propia cultura. Es con esas comunidades con las cuales hay que dialogar y tender una mano para ayudarles a superar los índices de pobreza que nutren la desmesura y la violencia.

*Fredy Cancino es profesor.

Deja un comentario

Cancelar la respuesta