El tema de las asesorías parlamentarias ha sido abordado desde una perspectiva simplista y, además, de una manera equivocada.
Considerando los grandes volúmenes de información disponibles en la actualidad a través de diferentes plataformas, a nadie debiera parecerle extraño que un parlamentario contrate asesorías para obtener antecedentes, datos y criterios en boga sobre los más diversos asuntos que se tratan en la institución parlamentaria.
Los llamados “hombres del Renacimiento”, que acumulaban grandes cantidades de conocimiento sobre los más diversos temas, fueron desapareciendo a medida que ese mismo conocimiento se ampliaba. Hoy, ninguno de nosotros es un sabio enterado del detalle de todos los temas a los que nos vemos enfrentados. Entonces, las asesorías son estrictamente necesarias para formarse un pensamiento fundado, que será necesario al momento de votar.
En mi condición de socialista de toda la vida, sostengo un conjunto de convicciones propias de la formación ideológica y política que han conformado mi pensamiento. Por tanto, frente a un asunto que estemos tratando en el Senado, recurro a personas que puedan aportar argumentos —tanto desde el punto de vista técnico como ideológico— que ayuden a conformar mi posición. Sería curioso —por decir lo menos— que sobre un proyecto de política económica contratara una asesoría del centro de estudios Libertad y Desarrollo, o que en un tema de bioética y salud pública buscara consejo en la Fundación Jaime Guzmán o en alguna ONG cristiana-integrista.
Aquí es donde quisiera disentir de las actitudes de la Fiscalía como también de la posición de la Contraloría. Los senadores somos los responsables de contratar, con los recursos que la institución nos otorga, a quienes consideramos calificados para emitir informes y argumentos sobre los asuntos cuya opinión requerimos. Entonces, sólo corresponde a nosotros mismos calificar la calidad de los resultados de las asesorías.
Por cierto, puedo decir que si en una eventualidad considerara que los informes son deficientes, no tendría ni una duda en anular el contrato de un asesor. Pero soy yo —y no un fiscal o un funcionario de la Contraloría— quien califica la calidad de los informes. Insisto, no es un fiscal ni un funcionario de la Contraloría quien está habilitado para definir tal calidad.
Por eso también creo que es un exceso lo que está pasando en esta materia. Hay que dimensionar bien el problema. Y por cierto, ponerle atajo. Los límites que hay que poner a la arrogancia son una medida sana. Tal como vamos, resulta que el Fiscal Nacional y sus fiscales subalternos —y eventualmente también el Contralor y sus funcionarios—, estarían pasando a administrar las cosas del Estado, sus instituciones y sus empresas.
Entonces, abdiquemos quienes somos ungidos por la soberanía popular —la Presidenta y los parlamentarios—, para que nos gobiernen un Fiscal y un Contralor.
Rabindranath Quinteros, senador (PS) por la Región de Los Lagos
FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI /AGENCIAUNO