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Publicado el 17 de octubre, 2015

Anuncio constituyente de Bachelet: ¿Gol de media cancha?

Los promotores de la AC culparán a la oposición (y no a Bachelet) por la no realización de una AC que, con el anuncio propuesto, se ha hecho inviable.
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Al mencionar la institucionalización del proceso constituyente bajo los quórums actuales y entregarle alternativas al Congreso, el anuncio constituyente de la Presidenta Bachelet intentó dejar contentos a todos: a la Nueva Mayoría, a la oposición, a quienes promueven una asamblea constituyente (AC) y a los empresarios. Y aunque no lo haya logrado completamente (parte de la oposición y varios empresarios alegan por la incertidumbre que el anuncio produce), esta hoja de ruta (o la negación de la ruta, según se mire) parece haber tranquilizado a muchos. No obstante, los plazos establecidos en el itinerario de este anuncio sugieren una intención concreta por parte de Bachelet: anclar el debate sobre la nueva Constitución al próximo proceso electoral presidencial y parlamentario. La Presidenta quiere convertir el debate constituyente en un tema de campaña, lo que plantea al menos dos preguntas:

Primero, ¿es legítimo convertir el problema constituyente en un tema de campaña? Por supuesto. Aunque no se comparta la propuesta, convertir este tema en un problema electoral es parte de la democracia. La oposición podrá alegar que la ciudadanía tiene otras preferencias (las clásicas seguridad y salud, entre otras), y además podrá poner sobre la mesa sus argumentos para no reemplazar la constitución o para sólo reformarla. Será el electorado quien finalmente decida qué candidatos lo interpretan mejor.

Segundo, ¿es legítimo utilizar recursos públicos asignados por la ley de presupuestos para que el gobierno promueva sus ideas constituyentes en el marco de una contienda electoral? No. Si el gobierno pretende utilizar los recursos del presupuesto nacional para un proselitismo que lo beneficia unilateralmente, estará partiendo con ventaja la competencia electoral. De ello no se deduce que la ley de presupuesto sea necesariamente inconstitucional, pero le entrega a la oposición una buena razón para rechazarla o, al menos, exigir que dichos recursos sean licitados entre universidades o instituciones afines que puedan utilizar los recursos con suficientes garantías de imparcialidad.

En consecuencia, la asignación de un presupuesto importante para la constitución de la denominada “educación cívica” (de 5 meses) y de los “diálogos ciudadanos” debe ser vista con sospecha. En la ausencia de la “ingeniería de detalles” de ambas instancias, y salvo el anuncio de un todavía vago Consejo Ciudadano que supervisaría el proceso y actuaría garantizando la imparcialidad del proceso, dichas instancias serán probablemente controladas por los asesores del gobierno. De ser así, en estas instancias no sólo se generarán importantes oportunidades para el proselitismo de las ideas constitucionales de Bachelet (ver su programa), sino que además se producirá un documento redactado por quienes dominen el proceso. Dicho documento seguramente incluirá las demandas sociales que fueron adheridas al programa de Bachelet, dejando la parte más importante (esto es, organización del poder político) a quienes tienen el conocimiento “técnico” (esto es, a sus conocidos asesores). Este documento echará por tierra a quienes promovían un debate constituyente sobre una “hoja en blanco” y muy posiblemente obligará a los candidatos a pronunciarse a favor del mismo o, alternativamente, a preferir el desprestigiado statu quo contenido en la Constitución vigente.

Con esta estrategia, Bachelet no sólo encuentra un discurso para convencer a algunos escépticos, sino que también deja tranquilo a su dividido sector mientras rechaza la realización de una AC (¿alguien cree seriamente que el mecanismos de la AC será aprobado con los quórums propuestos?), transfiriendo los costos políticos de esa decisión al Congreso. Los promotores de la AC culparán a la oposición (y no a Bachelet) por la no realización de una AC que, con el anuncio propuesto, se ha hecho inviable. Asimismo, arrincona a la oposición y gana espacio para argumentar que, al menos técnicamente, está cumpliendo su programa, pese a que ello significa el reconocimiento de que no promoverá mecanismo alguno, que no habrá nueva Constitución bajo su gobierno y que será altamente probable que tampoco lo habrá en el siguiente, ya que ello dependerá de la voluntad política del Presidente de turno y de una súper-mayoría del Congreso.

Todavía queda mucho camino por recorrer, pero todo indica que el primer test que deberán sortear tanto la oposición como el gobierno estará en la aprobación de la ley de presupuestos, específicamente en los recursos asignados al comienzo de este proceso. Mientras el gobierno tendrá el desafío de disciplinar a sus parlamentarios, la oposición deberá luchar para mantenerse unida y buscar los votos que le permitan exigir condiciones para, a lo menos, tener algo de control en este proceso constituyente.

 

Sergio Verdugo, Centro de Justicia Constitucional, Derecho UDD – Doctorando en Derecho, Universidad de Nueva York (NYU).

 

 

FOTO: PRESIDENCIA.

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