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Publicado el 17 de julio, 2020

Antonio Barchiesi: La otra pandemia

Secretario general Partido Republicano Antonio Barchiesi

Llevamos diez años dificultando el emprendimiento y la inversión, con burocracia excesiva, con una estructura tributaria que cada vez nos hace menos atractivos, y con una normativa laboral que desincentiva la contratación.

Antonio Barchiesi Secretario general Partido Republicano

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Cada día las cifras de contagios y fallecidos parecen darle la razón a las tan denostadas palabras de ministro de Salud. Cada día la “leve mejoría” tiene menos de leve y más de mejoría, al punto que la prensa ya comienza a especular con el paulatino retorno a la normalidad. Sin embargo, es justamente esta situación la que nos presenta las mayores interrogantes para el Chile después de la pandemia, especialmente sobre si seremos capaces de volver a levantarnos y en qué condiciones: si vamos a poder recuperar los millones de puestos de trabajo perdidos, si los violentos volverán a hacer de las suyas, si los políticos estarán a la altura. Si los que crean trabajo se atreverán a arriesgar, si la autoridad dará las condiciones para hacerlo.

El 18 de octubre del 2019, más allá de los lugares comunes de quienes reditúan de la agitación social, fue una pesadilla. Lo fue para millones de chilenos, para los que viajaban en las micros que destruyeron y para los que se quedaron sin estación de metro; también para quienes trabajaban en esos supermercados que quemaron y para quienes se abastecían ahí; fue una pesadilla para decenas de miles de emprendedores, muchas veces pequeños locatarios, que en unos casos fueron saqueados y en otros obligados a cerrar.

Esta crisis de violencia, ese estallido delictual, sólo pudo ser doblegado por la crisis sanitaria y por las medidas de resguardo que nos llevaron a un confinamiento que, si bien necesario, ya comienza a transformarse en una nueva pesadilla para los trabajadores chilenos, porque ningún país aguanta tanto tiempo detenido. Hoy la pregunta es qué nos espera para después de superada la pandemia, ya se habla de más de dos millones de desempleados, y la clase política gira en torno a la discusión de medidas paliativas y no de cómo le devolvemos el dinamismo al país, la capacidad de levantarnos, de volver a crear, a creer y a crecer.

Ante este escenario, cabe preguntarse si acaso somos capaces de volver a poner a Chile en marcha, si estamos en condiciones de replicar a escala esa reactivación de Estados Unidos que fue capaz de crear casi cinco millones de puestos de trabajo durante el mes de junio. Lamentablemente son más las dudas que las certezas, porque llevamos diez años dificultando el emprendimiento y la inversión, con burocracia excesiva, con una estructura tributaria que cada vez nos hace menos atractivos, y con una normativa laboral que desincentiva la contratación. Son diez años de leyes que perjudican a quienes supuestamente buscan proteger: los trabajadores chilenos, que han tenido que aceptar con resignación ese desempleo que se ha vuelto estructural.

Por otra parte, la peor cara de la violencia que nos tocó conocer desde el 18 de octubre, y que no fue doblegada por las autoridades sino por la pandemia, comienza a mostrar las primeras señales de estar dispuesta a controlar nuevamente las calles. Ese peligro latente está presente, y agrega un nuevo obstáculo para superar la crisis social y económica que ya comienza a mostrarse para cuando superemos la crisis sanitaria. La izquierda radical, violenta, está dispuesta a todo para avanzar en su agenda política, y no dudará en sembrar nuevamente el terror.

Finalmente, a la estructura normativa y a la violencia se suma un último obstáculo para poner a Chile en marcha. Todo país necesita ciertas normas básicas, fundamentales, que estructuran la vida en sociedad. No podremos reactivar nuestro país mientras no tengamos certeza de cuál es ese marco normativo, mientras haya un proceso constituyente en curso que sólo siembra dudas respecto del futuro. Para crear puestos de trabajo se necesitan normas claras.

Estos obstáculos para el desarrollo de Chile y para la creación de empleo hay que enfrentarlos de raíz. Se vuelve urgente la modernización del Estado, eliminando toda burocracia que dificulte la inversión y el emprendimiento, como también todo gasto superfluo de la administración pública; de igual forma se hace necesario una nueva normativa laboral y tributaria, amigable con la contratación laboral y con la inversión de todo tipo; y finalmente, recuperar el orden público y devolverle a los chilenos la confianza y la certeza sobre las normas que nos rigen.

Está por verse si nuestra clase política en su mayoría está a la altura de estos desafíos, si son capaces de poner a Chile en primer lugar, anteponiendo el país a sus intereses y agendas particulares. Sobre esto, una vez más, hay más dudas que certezas, especialmente cuando vemos votaciones como la del retiro de fondos de pensiones.

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