La suerte del Gobierno de Gabriel Boric está íntimamente ligada a la de la Convención Constitucional. Ello es así porque la coalición de Gobierno pareciera tener acceso al control de la Convención y porque además existe una profunda identidad ideológica entre ambos. Y dados ciertos acontecimientos recientes en que se observa esa identidad, eso puede ser un problema.

Así, para el Gobierno es casi indiferente que una ministra de Estado sea recibida a balazos en territorio chileno. Para el Gobierno no hay problema en entregar beneficios carcelarios a dos condenados por el asesinato de un matrimonio de ancianos indefensos.

¿Cuál es el elemento común? En ambos casos, los involucrados pertenecen a una etnia indígena.

Por su parte, una mayoría de la Convención considera que hay ciudadanos que merecen un estatuto privilegiado que les permita autogobernarse, tener su propia justicia, y asegurar cargos en las instituciones más diversas del Estado: el Congreso, el Banco Central, el Consejo de la Justicia, etc.

¿Cuál es el elemento común? Que esos ciudadanos son aquellos que pertenecen a una etnia indígena.

Es cierto que los pueblos originarios han sufrido diversos abusos a lo largo de la historia de Chile. Es cierto también que han sido una minoría a veces postergada, y que por lo tanto la Constitución y las leyes pueden establecer ciertas medidas de discriminación positiva. Pero nada de lo anterior justifica las decisiones del Gobierno y de la Convención, ya que son desmedidas.

El problema para ambos, además de incurrir en decisiones jurídicamente cuestionables, es que corren el riesgo de generar una animadversión de buena parte del resto de los ciudadanos que no pueden acceder a los mismos beneficios y que verán en esas decisiones una desigualdad odiosa.

¿Qué hay detrás de este trato privilegiado? Por una parte, la legítima creencia de que, como ya he señalado, se trata de grupos históricamente pospuestos. Pero también se vislumbra la creencia de que estos grupos representan los más altos valores a los que pueda aspirar la humanidad y que, por lo tanto, requieren una protección especial, al punto de tolerar conductas que para el resto de los ciudadanos serían intolerables; al punto de concederles un Estado paralelo con límites insospechados.

El Gobierno está recién comenzando y ciertamente puede enmendar el rumbo. A la Convención Constitucional le quedan poco más de tres meses y hay pocas esperanzas de cambio, pero la falta de acuerdos en materias esenciales del texto constitucional, y el trabajo de la Comisión de Armonización que comienza en mayo, permiten pensar que aún hay posibilidades de que los convencionales constituyentes puedan atenuar sus pulsiones indigenistas y corregir un texto que genera odiosidades.

Hay quienes dicen que no es posible que eso ocurra porque los convencionales obran sobre seguro frente a un plebiscito que no puede sino resultar en la aprobación del nuevo texto constitucional, sin importar mucho su contenido. Pero hace no mucho tiempo y no muy lejos de Chile, un plebiscito que también se consideraba asegurado sorprendió al mundo entero con su resultado. En esa oportunidad, los colombianos optaron por rechazar un acuerdo que otorgaba privilegios judiciales y políticos a las FARC a cambio de la anhelada paz. Por supuesto que no se trata de situaciones analogables, pero sí es analogable la sensación de la gente enfrentada a la concesión de privilegios injustificados. Incluso aunque no se rechace el texto propuesto, un triunfo ajustado de la opción apruebo será un fracaso para la Convención Constitucional y también para el Gobierno.

Es de esperar que, por el éxito de ambas instituciones y el bien del país, las autoridades de Gobierno y los convencionales, asuman la responsabilidad de generar, no un Gobierno y una Constitución odiosa, sino la prometida casa de todos. 

*Andrés Sotomayor es abogado.

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