Escribo en medio de una reunión sobre misiones de observación electoral de la OEA en América Latina. Los participantes han sido jefes en esos procesos y el público está compuesto por personas que en Washington se ocupan de estos temas. Lo que más sorprende es que las preocupaciones son parecidas en los diversos países de la región. Desde hace tres décadas funciona una democracia electoral luego del período de dictaduras militares o conflictos armados internos, y ahora la tarea es hacer realidad una democracia más plena para todos.
Pero los procesos electorales que se realizan continuamente en la región plantean nuevos desafíos.
En primer lugar, el abstencionismo. Un alto porcentaje de ciudadanos no participa, especialmente los jóvenes. Esta actitud de indiferencia política o de franco rechazo a las instituciones tiene múltiples causas, pero no cabe duda, como se ha insistido en este encuentro, que debe ser analizado en profundidad. Los procedimientos electorales que tanto costó restablecer parecieran haber perdido atractivo o incluso legitimidad para una parte sustantiva de la población. Algunos lo atribuyen al voto voluntario. Pero incluso en países en que existe la obligación de sufragar el fenómeno también se manifiesta.
Hay un umbral crítico más allá del cual el proceso electoral carece de legitimidad política, es la interrogante que muchos se formulan y para la cual no existe una respuesta. Algunos vaticinan horizontes catastróficos y no olvidan el lema de la calle argentina en tiempos del corralito de que se vayan todos. Otros recuerdan que esas posiciones conducen a un callejón sin salida, y que a poco andar, si no todos, por lo menos muchos vuelven relegitimados.
El otro tema común que provoca gran preocupación es la corrupción. Es un fenómeno generalizado, aunque con muy diversas características, pero con un alto impacto en la ciudadanía. En algunos países se ha vuelto sistemática, en otros se conecta al crimen organizado, mientras que en muchos todavía está en un estadio de “malas prácticas”. Baste pensar en México, Venezuela, Brasil, Perú, Bolivia y Argentina para ver cómo la corrupción se difunde afectando el funcionamiento de la democracia.
Existe en la actualidad una ciudadanía más exigente frente a las autoridades, que no está dispuesta a aceptar el abuso de poder o los malos manejos de los recursos públicos o el atajo para hacer fortuna por caminos que bordean la legalidad. Quienes no entiendan esta nueva situación, difícilmente podrán enfrentar el desafío de la probidad. Gran parte del debate público se origina en las acciones de los fiscales y el escenario privilegiado son los estrados judiciales.
A veces basta una acusación con visos de realidad para cambiar de la noche a la mañana el cuadro político de un país. Como en el ágora antigua, los ciudadanos siguen en directo vía televisión o internet los debates de los procesos penales. Las redes sociales abren enormes posibilidades de información y de intervención de los ciudadanos. Los parámetros éticos han cambiado.
Me atrevo a afirmar que la principal amenaza a la democracia hoy en día proviene de la corrupción. La democracia exige la existencia de un cierto nivel de virtudes públicas. Si ellas se debilitan cunde la desconfianza y el descrédito de las instituciones, acusadas de funcionar más en beneficio de quienes detentan el poder que del país en general.
Ligado al tema de la corrupción está el debate sobre el financiamiento de las campañas electorales. En cada país existen normas al respecto, pero en todos hay acusaciones de uso indebido de recursos para influir luego en las decisiones que deban adoptar los candidatos electos. Por su parte, la ciudadanía difícilmente comprende la distinción entre un aporte legítimo a una campaña del financiamiento espurio que lleva consigo una atadura para el candidato con los intereses particulares del donante.
Los temas que hoy se debaten entre nosotros no son exclusivos de nuestro país. Por el contrario, en condiciones propias de cada nación, en todas ellas se manifiestan preocupaciones frente a desafíos que deberán ser enfrentados y resueltos. El intercambio de experiencias resulta ser muy útil. Todos tenemos algo que aprender de los demás.
Chile no es una excepción. No podemos cerrar nuestro espíritu apoyados en los puntos a favor que tiene nuestra vida pública y la solidez de nuestras instituciones, ni siquiera argumentando a partir del buen lugar que ocupamos en el índice internacional sobre percepción de la corrupción. El trabajo de la OEA de observación electoral tiene un rico material que puede servir de insumo a nuestras reflexiones, que la recién creada Comisión presidencial debe aprovechar.
José Antonio Viera-Gallo, Foro Líbero.
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