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Publicado el 9 abril, 2021

Álvaro Vergara: La hoja en blanco (I): Evolución histórica del derecho de propiedad

Investigador Fundación Para el Progreso (FPP) Álvaro Vergara

Resulta equivocado decir que en Chile existiría un derecho de propiedad absoluto, o que este tendría preponderancia sobre otros derechos fundamentales como la vida. Al contrario, aquellos derechos tienen preponderancia frente a la propiedad gracias a la Constitución.

Álvaro Vergara Investigador Fundación Para el Progreso (FPP)
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En Chile no está en duda la consagración del derecho de propiedad en la Constitución. Más bien, y como explica Sebastián Soto en su nuevo libro “La hora de la Re-Constitución”, lo que está en juego es “el contenido y las cláusulas que lo consagran”. Es precisamente por medio de estos dos aspectos que se ha dado la evolución de este derecho a través del tiempo. La Constitución de 1828, en su artículo 17, escrituraba que: “Ningún ciudadano podrá ser privado de los bienes que posee, o de aquellos a que tiene legítimo derecho, o de parte de ellos por pequeña que sea, sino en virtud de sentencia judicial. Cuando el servicio público exigiese la propiedad de alguno, será justamente pagado de su valor, e indemnizados los perjuicios en caso de retenérsele”. Siguiendo la misma tónica, la Constitución de 1833 garantizaba en su artículo 12 N°5: “La inviolabilidad de todas las propiedades, sin distinción de las que pertenezcan a particulares o a comunidades, i sin que nadie pueda ser privado de su dominio, ni de una parte de ella por pequeña que sea, o del derecho a que ella tuviere, sino en virtud de una sentencia judicial; salvo el caso en que la utilidad del Estado, calificada por una lei, exija el uso o enajenación de alguna; lo que tendrá lugar dándose previamente al dueño la indemnización que se ajustare con él, o se avaluare a juicio de hombres buenos”.

Es fácil notar cómo nuestras primeras cartas garantizaban un derecho de propiedad en línea con la raíz privatista romana, y más tarde francesa, escriturada en la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”. Esta declaración, en su artículo 17, por ejemplo, catalogaba al derecho de propiedad como un derecho “inviolable y sagrado”. Ambas concepciones luego serían desarrolladas a mitad del siglo XIX en el Código Civil por Andrés Bello.

Sin embargo, esta concepción de la propiedad comenzaría a modificarse con el auge del siglo XX y con el avance del régimen político sustentado por la Constitución de 1925. Esta, si bien en su artículo 10 N° 10 garantizaba “La inviolabilidad de todas las propiedades, sin distinción alguna” —salvo los casos de interés público, como las constituciones anteriores—, sería modificada el año 62 con la ley de 15.020, que habitó la reforma agraria, especialmente con su artículo 1, el cual consignó una figura jurídica extremadamente peligrosa, dándole al ejecutivo la planificación del desarrollo económico nacional. También debe decirse que se utilizó en ese sentido el Decreto Ley 520 de 1932, dictado bajo la famosa “República Socialista” y que sería reutilizado más tarde por el jurista de Allende, Eduardo Novoa, en consonancia con su teoría de los “resquicios legales”.

Regulación actual

La Constitución de 1980, sin embargo, vino a cambiar estos paradigmas reformulando el derecho de propiedad a las categorías modernas y escriturando este derecho en el artículo 19 N°24. Así, en la Carta vigente aún se salvaguarda “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales”—siguiendo la famosa distinción de Gayo en sus “Instituciones”—.  Asimismo, la Constitución actual da el mandato a la ley de regular la propiedad, la cual a su vez ya se encontraba regulada en la mayor parte dentro del Código Civil. En ese sentido, es importante aclarar y repetir hasta el cansancio que el derecho de propiedad en Chile sí tiene límites. El primero está puesto en la Constitución la cual, establece que los límites de su “función social”, es decir “cuanto exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental” y, un segundo importante ubicado en el Código Civil, el se encuentra en la definición legal de propiedad, que dice “El derecho de dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente; no siendo contra la ley o el derecho ajeno” (artículo 582).

Visto lo anterior, resulta equivocado decir que en Chile existiría un derecho de propiedad absoluto, o que este tendría preponderancia sobre otros derechos fundamentales como la vida. Al contrario, aquellos derechos tienen preponderancia frente a la propiedad gracias a la Constitución.

Resumiendo la regulación del derecho de propiedad actual, y siguiendo al profesor Arturo Fermandois con lo que ha denominado “Estatuto constitucional de la propiedad”, esta puede dividirse en:

  • La Libertad para adquirir toda clase de bienes, llamada también garantía del derecho “a la propiedad” (artículo 19 N°23);
  • El derecho de propiedad propiamente tal (artículo 19 N° 24, incisos primero al quinto);
  • La propiedad minera (artículo 19 N°24, incisos sexto al décimo);
  • La propiedad sobre las aguas (artículo 19 N°24, inciso decimoprimero);
  • La propiedad intelectual, que comprende la propiedad intelectual propiamente tal y la propiedad industrial (artículo 19 N° 25).

Expropiación

Ahora bien, uno de los efectos derivados de la función social de la propiedad es la expropiación, que se encuentra regulada dentro de la misma Constitución —debido a la experiencia traumática de los 60s y 70s—. Así, el artículo 19 N° 24 inciso 3 expresa que “Nadie puede ser, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los tributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés nacional”. Sin embargo, y cumpliendo la función básica de cualquier constitución, que es proteger a los individuos del poder arbitrario del gobernante, se establecen medidas de reparación y protección. La primera es que el expropiado puede reclamar de la legalidad del acto expropiatorio en tribunales, con derecho a indemnización por el daño patrimonial causado que se fijará en la sentencia. La segunda es que, a falta de acuerdo, se debe pagar la indemnización en dinero en efectivo y al contado—recordemos que durante la época de la reforma agraria, el Estado pagaba a plazo, que en muchos casos llegaba a 30 años—.

Conclusión

Hecho este breve panorama histórico sobre la evolución del derecho de propiedad, queda pendiente abarcar el contenido de las diferentes constituciones del mundo respecto a este derecho. Desde ya se advierte que una modificación sustancial del dominio sin duda traerá consecuencias en cuanto a la estabilidad económica y certeza jurídica. La Constitución actual, como vimos, ya establece una función social bastante amplia, además de privilegiar otros derechos como la prevención de la vida o la conservación del patrimonio ambiental. Y aún más importante, establece un sistema eficaz para la protección de derechos, que no se encontraba en las constituciones anteriores, este es: el recurso de protección. Sin embargo, su análisis se realizará en una próxima columna.

  1. Eugenio Lagos Baquedano dice:

    Es evidente que quienes proclaman a los cuatro vientos que la CPR consagra el derecho a la propiedad sin contrapesos, no lo hacen “equivocadamente” sino mas bien en forma falaz, de manera de sostener sus falsas argumentaciones con las que buscan engañar a su audiencia, y vaya que lo han logrado!

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