La posibilidad del conflicto es tan propia de la naturaleza humana como el acuerdo negociado. La frase más conocida y ciertamente más citada de Carl Von Clausewitz, “la guerra es la continuación de la política por otros medios” (De la Guerra, La Esfera de los Libros S.L., Madrid 2005), es una forma de expresarlo y propone que agotadas las posibilidades de alcanzar los acuerdos a que conduce la política (esto es la negociación), la solución se buscará en el conflicto. 

El historiador John Keegan, en A History of Warfare (Hutchinson, London, 1993), refuta las palabras de Clausewitz pues -señala- éstas implicarían la existencia de Estados, de intereses de estos Estados y del cálculo racional de la manera de satisfacer esos intereses; la guerra sin embargo, afirma Keegan, antecede al Estado y a la diplomacia por milenios. En consecuencia, la guerra o la política (o la diplomacia o cualquier otra relación que no signifique conflicto, esto es, que implique negociación) constituyen opciones que están siempre abiertas a la voluntad humana y que los seres humanos eligen de manera consciente como alternativas perfectamente diferenciadas entre sí.

Negociar, con ánimo de llegar a acuerdos, u optar por el conflicto como forma de relación. Esa es la disyuntiva que enfrentan los parlamentarios chilenos ante su obligación de dar un paso adelante en el camino que el pueblo -el mismo que los eligió a ellos como sus representantes- de manera democrática señaló con su mayoritario rechazo al proyecto de Constitución propuesto por la Convención Constitucional. Ese paso es definir un procedimiento para la elaboración de una nueva Constitución. Es su tarea y su obligación, mandatada por el veredicto del 4 de septiembre, pero también por la decisión popular del 25 de octubre de 2020, que señaló en el “Plebiscito de entrada” con un categórico 78% de preferencias, que la mayoría de quienes vivimos en este país desea una nueva Constitución y, por un 79%, que la encargada de elaborar esa Constitución debía ser una Convención Constitucional.

¿Por qué es su obligación? Porque, aún en el caso que fueran correctas las objeciones que han planteado algunos juristas en el sentido que la decisión de 2020 no abarcaría la forma de una Convención Constitucional como procedimiento de elaboración de la nueva Constitución (lo que a mí, sin ser jurista, me parece absurdo puesto que eso, explícitamente, fue aquello sobre lo que nos pronunciamos las chilenas y chilenos ese día), lo cierto es que en nuestro país ya se ha instalado el sentimiento colectivo de que una nueva constitución debe ser elaborada mediante un procedimiento democrático y el más democrático de los procedimientos es la elección popular, en este caso de una nueva Convención Constitucional.

Ese es un procedimiento que, en su momento, exhibimos con orgullo ante el mundo, sintiéndonos los primeros en proceder de esa forma para elaborar una Carta Magna. Un sentimiento que ninguna autoridad y ninguna organización política debería desconocer, no sólo porque el procedimiento es ahora parte de nuestro patrimonio democrático, sino, también, porque un retroceso en ese terreno sólo serviría para dar pretexto al vandalismo de grupos delictuales anarquistas y de otras tendencias, que fueron derrotados y aventados fuera del escenario político y social nacional justamente por el ejercicio de esos actos democráticos por la mayoría abrumadora del pueblo.

Nuestros parlamentarios, por mandato de la Constitución aún vigente, deben terminar de elucidar la cuestión de si el procedimiento es la Convención Constitucional o no, aspecto que aunque sólo ha sido planteado por algunas minorías políticas (descartando de la discusión al Partido Republicano que ya ha declarado no querer una nueva Constitución), debería ser resuelto explícitamente por la mayoría de las fuerzas políticas nacionales representadas en el Congreso.

Y, luego, debieran decidir sobre las formas de elección y funcionamiento de esa Convención Constitucional. Sobre este último aspecto tampoco parece haber grandes diferencias en torno a que lo que se debe buscar es la superación de los tremendos errores cometidos con relación a la elección y funcionamiento de la Convención anterior de tan mala memoria. Y entre esas formas de superar errores naturalmente que deberán decidir sobre apoyos a los convencionales (“comités” o “comisiones”), el marco (o los “límites” o los “bordes”) que debe tener ese trabajo y los materiales de que deben ser provistos los convencionales para desarrollar su tarea (toda la historia constitucional de Chile y en particular los textos de la proposición de la ex presidenta Bachelet y aquel elaborado por la Convención Constitucional reciente, así como todo otro material que sea necesario agregar).

¿Si todo es tan claro, de dónde entonces mi preocupación por la disyuntiva entre conflicto (o guerra al decir de Clausewitz) y negociación para los parlamentarios? Es que, al parecer movidos por un exceso de celo o, lo que es más probable, de supuesta “astucia” negociadora, han comenzado a dar muestras de que el conflicto no es algo que se deba descartar, por muy absurdo que parezca.

El lunes pasado por la mañana los presidentes de la Cámara y el Senado informaron acerca de los avances en su negociación, durante la tarde personeros de gobierno celebraron lo que consideraron un “acuerdo” alcanzado y esa noche los tres partidos de oposición que participan de la intención de seguir adelante con la elaboración de una nueva Constitución acusaron un “abuso comunicacional” y declararon no aceptar que se quisiera “torcer mezquinamente las conversaciones en marcha”. Hasta ahí parecería el estira y afloja propio de una negociación, pero al día siguiente esos mismos partidos anunciaron que no concurrirían a la reunión ya pactada para el pasado jueves a objeto de seguir dialogando, por lo que los presidentes de las cámaras decidieron postergarla sin fecha de reanudación.  

Como reacción a esa decisión la presidenta del Partido Socialista emplazó a su vez a esos presidentes a decir “de frente a Chile si quieren o no una nueva convención”, para no seguir “haciendo reuniones para hacer declaraciones rimbombantes… cuando en realidad no se quiere avanzar en ello”.

En el momento de escribir estas líneas aún no parecía resolverse el problema y lo que había era un estancamiento en la negociación, esto es el paso previo al rompimiento y al conflicto. ¿Exceso de “astucia” negociadora? ¿“mañas” que los asesores han aconsejado a los negociadores? Ojalá que sea sólo eso, porque es necesario que las parlamentarias y parlamentarios sepan que aquello a lo que el pueblo los ha mandatado es a llegar a un acuerdo negociado, esto es a hacer política como quizás diría Clausewitz, y no a hacer de la política una forma de vivir en el conflicto según dicta la naturaleza humana, como podría sugerir Keegan. Y su mandato es hacerlo de manera rápida y eficaz, porque cualquier dilación o exceso de “mañas” sólo servirá para incrementar la desconfianza con que ya los observa ese mismo pueblo que los eligió. Es algo que le deben a Chile.

*Álvaro Briones es economista y escritor. Ex subsecretario de Economía y ex embajador de Chile.

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