Ideología la tenemos todos, incluidos aquellos que dicen o creen no tenerla. Después de todo, ideología no es más que la manera como cada cual ve el mundo, es decir cómo lo entiende y qué cree que debe cambiar en él. Por ello no hay adolescente, es decir, alguien que está recién conociendo el mundo que lo rodea, que no tenga una ideología, la propia, y que no sea  feliz con ella dándole la lata a sus amigos y amargándole la vida a sus padres con sus ideas. Por lo general esa ideología termina en la misma adolescencia, cuando se conoce alguna de las grandes visiones del mundo que eminentes filósofos o políticos han pergeñado en el pasado y que el adolescente termina por adoptar y con ello sellar su paso a la adultez. 

Y cualquiera podría vivir feliz con su ideología, sin molestar a nadie con ella y procurando que los demás no los molesten demasiado con las suyas, de no ser porque a veces algunos, con su ideología a cuestas, deben asumir funciones de Estado, es decir, deben ponerse al servicio de todos los demás. Y ahí, en ese momento, deben decidir si cumplen esa función al servicio del bienestar de todos o sólo rinden pleitesía a la ideología propia. Ese ha sido, desde sus mismos inicios, el dilema del gobierno del presidente Boric, un dilema que ya anticipó Max Weber en su conferencia “La política como vocación”, en la forma de una contraposición entre la “ética de la convicción” y la “ética de la responsabilidad” (actuar basado solo en los principios y valores o tomando en cuenta las consecuencias previsibles cada acción). Un dilema que podría llevar al presidente a declamar con genuino sentimiento los versos de Sor Juana Inés de la Cruz: “En dos partes dividida tengo el alma en confusión. Una, esclava a la pasión, y otra, a la pasión rendida”. En su caso una razón que es la necesidad general, el bien común, y una pasión que es la ideología que lo ha animado seguramente desde mucho antes de sus tiempos de dirigente estudiantil.  

Enfrentado a ese dilema, nuestro presidente, una y otra vez, ha parecido orientarse primero en una dirección que parece responder al interés general (rechazo de un quinto retiro, abstenerse de intervenir con relación al plebiscito de salida, declarar el estado de emergencia en la Araucanía) para retroceder luego empujado por la ideología que los orientan a él y a la coalición de la que es originario (sí al quinto retiro aunque limitado, participación activa a favor del Apruebo, sí al estado de emergencia aunque limitado).

En estos días su alma parece nuevamente en confusión, debido esta vez a la ratificación en último trámite por el Senado del Tratado internacional conocido como TPP11 y su depósito en Nueva Zelanda. El Tratado fue iniciado por Chile, Nueva Zelanda y Singapur al firmar en 2002, durante el gobierno del presidente Lagos, el Pacific Three Closer Economic Partnership. Fue firmado por Chile en 2016 durante el gobierno de la presidenta Bachelet, fue suscrito en su versión actual por sus once miembros en nuestra capital en 2018 y fue aprobado en el primer trámite de ratificación por la Cámara de Diputados de Chile en 2019. Pero, desde entonces, los aliados del presidente y el presidente mismo cuando era diputado han hecho todo lo que ha estado a su alcance por impedir que se consume esa ratificación. 

Las razones son muchas o una sola: para la ideología que sustentan, los tratados comerciales o económicos internacionales son el obstáculo a su visión de lo que es bueno para nuestro país, idea que expuso José Miguel Ahumada, el subsecretario de Relaciones Internacionales de la Cancillería y la persona encargada de sacar adelante ese compromiso de Chile, en su tesis doctoral “The Political Economy of Peripheral Growth. Chile in the Global Economy, en la que expone las que a su juicio son limitaciones de una “inserción neoliberal” en la economía mundial. 

Está bien. Es la ideología de ellos y, ya está dicho, todos tenemos una ideología. El punto es que en este caso esa ideología, la de ellos, no es la de la mayoría de los chilenos que, por intermedio de autoridades de distinto signo político, han sacado adelante, hasta aquí, este Tratado que el resto de nosotros cree que sí es bueno para Chile. Atrincherados en su ideología y luego que técnicos, especialistas y parlamentarios con experiencia en la materia abatieran todos los argumentos esgrimidos en contra del Tratado, sus detractores se han atrincherado en un último refugio: el mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estados, que el Tratado entrega a instituciones internacionales de arbitraje. Con ese objeto han llevado al gobierno del presidente Boric a buscar la solución de posibles controversias al margen del Tratado, intentando acuerdos bilaterales con el resto de los países firmantes mediante la suscripción de “side letters”. 

Un nuevo retroceso del presidente que ya había declarado que la aprobación del Tratado no era materia del Ejecutivo, pues legal y constitucionalmente sólo correspondía al Congreso su ratificación, pero ahora no sólo interviene modificando el texto de lo que presumiblemente el próximo martes habrá de aprobar el Senado, sino que además ha declarado que no depositará la ratificación en tanto no obtenga resultados de su gestión con las “side letters”. Nuevamente, pues, se ha rendido a la pasión de la ideología de quienes lo apoyan en su gestión o, en los términos de Weber, ha caído desde la ética de la responsabilidad en la de la convicción. 

Algo que nuevamente hace en contra de la opinión de la mayoría del país. Algo que lo pone de espalda a la mayoría del país y que podría llevarnos a dilaciones o postergaciones que serían un mal resultado para el país. Weber tenía una opinión sobre las consecuencias de un mal resultado basado en la ética de la convicción: «Cuando las consecuencias de una acción realizada conforme a una ética de la convicción son malas, el que la va a ejecutar no se siente responsable de ellas, sino que responsabiliza al mundo, a la estupidez de los hombres, o a la voluntad de Dios que los hizo así.” (El Político y el Científico, Alianza Editorial, España, 2021). Un tipo de explicación muy parecida a la que ya oímos en boca del mismo presidente luego del adverso resultado, para él, del plebiscito del 4 de septiembre. 

Ojalá esa pequeña historia no se repita y el presidente comprenda que todos tenemos derecho a nuestra ideología y que en democracia es correcto defenderlas y tratar de convencer de sus bondades a los demás, pero que, al final del día, los gobernantes deben escuchar y sobre todo aceptar la voz de los otros, sobre todo cuando los otros son la mayoría.

*Álvaro Briones es economista y escritor. Ex subsecretario de Economía y ex embajador de Chile.

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