La decisión del Servicio de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de generar una política migratoria para entregar visa a los 127 mil extranjeros que han ingresado clandestinamente a Chile, y a aquellos que ingresen de esta manera a futuro, fue presentado a mediados de julio en las comisiones de Zonas Extremas y Relaciones Exteriores del Senado. Esto consolida una propuesta que había sido planteada durante la campaña de Gabriel Boric y defendida a ultranza por activistas que hoy asesoran en Interior y Desarrollo Social.

Este anuncio contiene tres efectos prácticos:

El primero es que se renuncia a ejercer un sistema de visados, ya que, si alguien ingresa clandestinamente, sin solicitar visa, igual puede optar a que se le tramite un permiso en Chile. Con ello termina en gran parte la discusión sobre si el visado se debe solicitar antes de venir a nuestro país o tener distintos tipos de visa. Esto, debido a que al naturalizar o incluir dentro de los procesos corrientes el entregar un visado independiente de la forma de ingreso al país, disminuyen los incentivos a realizar el proceso de forma ordenada y a través de una plataforma donde hay que presentar documentos complejos como antecedentes penales. Es esperable que tras este anuncio los ingresos clandestinos durante el segundo semestre, cuando termine el invierno, aumenten de forma importante.

El segundo es que se legaliza el negocio del Tren de Aragua y de los traficantes de personas, ya que valida el ingreso clandestino como un mecanismo legal y promovido por la política migratoria y el gobierno para entrar a Chile y obtener una visa. En ese sentido, se minimiza el enorme riesgo del camino, muchas veces a pie, con temperaturas extremas, y se hace vista gorda hacia el rol de los traficantes de personas, inescrupulosos que se aprovechan de la vulnerabilidad y el desconocimiento de las personas para, por dinero, ingresarlos por peligrosos pasos no habilitados, escapando el control fronterizo.

El tercero es que genera una presión en los gobiernos locales y en las regiones, especialmente en Arica, Tarapacá y Antofagasta, además de la zona sur y poniente de la Región Metropolitana. Al no existir control en la frontera y permitir que cualquiera ingrese y obtenga visa, estos migrantes acceden sin restricciones a servicios como salud, educación; además necesitan un lugar donde vivir, con lo que el uso de espacios públicos, hacinamiento, arriendo abusivo y tomas van creciendo naturalmente en lugares donde ya existen grandes necesidades. Esta migración descontrolada, que permite el ingreso clandestino y les da visa a todos, termina afectando principalmente a las comunas donde viven, comunas normalmente más populares y vulnerables.

La decisión de hacer la visa para ingresos clandestinos la norma de la política migratoria es un error estratégico que solo da más poder a organizaciones criminales como el Tren de Aragua, y genera enormes tensiones entre nacionales y extranjeros. Chile no puede tener una política que permita el ingreso descontrolado y que no exista sanción al ingreso clandestino, con consecuencias que terminarán afectando a extranjeros y residentes más vulnerables de nuestro país.

*Álvaro Bellolio es académico y consultor de políticas públicas.

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