El 4 de julio próximo la Convención Constitucional (CC) entregará al país el texto del llamado borrador que contiene la proposición de nueva Constitución, la cual será votada para ser aprobada o rechazada, el día 4 de septiembre del presente año.

El texto en mi opinión es controversial. Lo he revisado por partes hasta aquí y me parece que contiene un espíritu refundacional, cercena una serie de libertades, entre ellas la elección de la educación de los hijos; aumenta la presión sobre la demanda de salud desatendida; genera distintos sistemas de justicia según sea el origen étnico; condiciona la elección de los jueces que administran el llamado Poder Judicial; genera una partición de la unidad de lo que ha sido nuestra republica desde el comienzo de ella; radicaliza el sistema político, eliminando un sistema de balances y revisiones que es característico de un sistema bicameral, en otros varios elementos.

En definitiva, un claro retroceso para un sistema democrático representativo que le entrega la oportunidad a la ciudadanía de cambiar las autoridades cuando soberanamente aquellos lo consideren así. La democracia no es solo que los votos sean representativos de las mayorías, sino que ofrezcan la oportunidad a aquellas de cambiar de opinión en las siguientes elecciones.

El borrador propone un país donde el Estado es el que decide, en detrimento de una sociedad donde son los individuos los que pueden ejercer esa libertad y pueden mantener la propiedad de los bienes que adquieren, incluyendo desde luego sus ahorros. El Estado tiene la obligación de proveer los medios para que todos esos bienes estén protegidos y no puedan ser usurpados.

Después de un año de intensa deliberación en el seno de la CC, me atrevo a decir que la mayoría de los ciudadanos ha comprendido algo fundamental de lo que ocurrió en la redacción de la nueva carta fundamental: aquella ha sido construida sobre la base de ideas extremas, por una mayoría circunstancial que domina la convención, no representa a toda la nación y que  ciertamente no es  la “casa  de todos” , como se prometió  en la firma del Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre de 2019.

Es la casa de algunos, que no son mayoría, y muchos de aquellos con una marcada ideología totalitaria, incompatible con la democracia representativa que hemos construido por décadas en este país.

En ese contexto, la preocupación creciente de la ciudadanía por los temas que más le importan continuó la última semana: la violencia, que se expresa a través de la delincuencia, y el terrorismo que continuamos observando en la Macrozona sur, y también en el norte del país, sobre todo en las regiones limítrofes donde se ha podido comprobar la irrupción de organizaciones criminales de carácter internacional.

El despliegue comunicacional de la ministra del Interior, Izkia Siches, en algunas comunas afectadas por la delincuencia y por el narcotráfico, indica la preocupación del gobierno por el impacto que podría tener aquella violencia en el resultado del próximo concurso electoral, nada menos que el llamado plebiscito de salida. Sin embargo, a mi juicio, a estas alturas la lucha contra la delincuencia requiere mucho más que despliegues propagandísticos.

Tanto en el sur del país como en el norte, y en los grandes centros urbanos, lo primero que debe ser precisado son las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), pues a la fecha hemos tenido que lamentar la pérdida de la vida de varios efectivos de Carabineros, y en general estas no permiten atender con rapidez y efectividad los requerimientos de las víctimas frente al ataque de terroristas y delincuentes sobre inocentes de la sociedad civil.

Como el caso reciente del cabo segundo David Florido, que fue asesinado con un disparo en su cabeza, sin este tener la oportunidad de utilizar su arma de servicio; o las quemas y atentados de esta última semana en la Araucanía, donde incluso los jefes militares y de carabineros fueron citados a La Moneda a dar explicaciones. Habrá más efectividad y velocidad, si las RUF son establecidas claramente por las autoridades políticas. Esta semana esperamos noticias en ese sentido para que el baile de máscaras instalado por el poder político termine, y en definitiva las fuerzas del orden puedan utilizar las armas que la ley consagra para la legítima defensa, para el restablecimiento del orden público y el Estado de Derecho.

Mientras tanto la inflación sigue horadando los bolsillos de los más pobres. La inflación anualizada de mayo llegó a 11,5%, la de junio será más alta y estimo que aquella llegará a 13% durante agosto. Es probable que hacia el final del año esta descienda a 10%, debido al proceso de desaceleración de la economía, que durante el último trimestre mostrará cifras que llevará el crecimiento del PIB a la vecindad del 1,5%, para 2022, y una probable recesión hacia el comienzo del año 2023. Mis cálculos para PIB del 2023 podrían alcanzar el -1%.

Alcanzar un decrecimiento de la inflación a costa de un proceso de estanflación es mala noticia porque habrá inflación alta, igualmente, y además una caída de la actividad, que en definitiva hará subir nuevamente el desempleo.

El alza de tasas en EEUU, para controlar la inflación allí, está provocando una devaluación adicional del peso en Chile que podría sostenerse a medida que la reserva federal produzca más alzas de la tasa allí, y por tanto es probable que el tipo de cambio siga subiendo en Chile, lo que, unido a la inestabilidad política, podría confirmar esa trayectoria.

Claramente esta situación se sumará a otras presiones inflacionarias que actualmente están ocurriendo.

*Alejandro Alarcón es Economista

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