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Publicado el 28 julio, 2021

Alejémonos de la UTI. Golpes a la libertad de expresión

Que dos órganos del Estado tan relevantes, como son la Convención y la Contraloría, incurran en actos que importan una restricción, menoscabo o amenaza a la libertad de opinión y de información, justifican plenamente la preocupación de algunos sectores de la sociedad chilena, que defienden la democracia y rechazan toda forma de tiranía.

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Si nos quitan la libertad de expresión nos quedamos mudos y silenciosos y nos pueden guiar como ovejas al matadero”. George Washington. Primer presidente de los Estados Unidos.

La libertad de expresión, como principio básico de una sociedad democrática, se encuentra frecuentemente amenazada en Chile. A la negativa inicial de la mesa de la Convención Constitucional de permitir el ingreso de la prensa a las tribunas del hemiciclo en las dependencias del ex Congreso Nacional, se sumó recientemente un criticado dictamen de la Contraloría General de la República, mediante el cual se cuestionan los comunicados y opiniones emitidas por las Fuerzas Armadas con ocasión de una serie de situaciones de la contingencia que afectaban directamente a las instituciones castrenses. En ambos casos, se han cuestionado legítimamente las atribuciones que tendrían ambos organismos del Estado para restringir o limitar la libertad de opinión y de información como derechos fundamentales.

La transparencia del trabajo constituyente fue para muchos candidatos un discurso recurrente de campaña, bajo la promesa de que la nueva Constitución no se debatiría a espaldas de la ciudadanía, pero para varios de ellos dichos compromisos se desvanecieron rápidamente. Afortunadamente, gracias a la presión pública de un grupo de convencionales constituyentes vinculados a Vamos por Chile y a las gestiones realizadas por la prensa acreditada, la mesa de la Convención revirtió la medida, permitiendo el ingreso de los medios de comunicación al hemiciclo y las salas del pleno de la Convención, entre otras facilidades. A pesar de esta retractación, no hay que soltar la mirada inquisidora y fiscalizadora sobre el trabajo de la Convención para velar por su probidad, transparencia y austeridad.

Del mismo modo, para quiénes no confían en la vieja “cocina” política sino que en los principios fundamentales de la probidad y transparencia de la función pública, el injustificado veto a la prensa por parte de la mesa de Convención no sólo contribuía a poner un manto de desconfianza sobre el trabajo constituyente, sino que también afectaba el derecho de todos los chilenos a ser libre y oportunamente informados del quehacer de esta instancia.

En otro ámbito, un dictamen de la Contraloría viene a relevar un antiguo debate sobre el carácter “no deliberante” de las Fuerzas Armadas, según dispone la Constitución de 1980. Esta especial característica de cuerpos no deliberantes fue establecida exclusivamente para reforzar el carácter apolítico de las instituciones castrenses, pero no para aplicarles una mordaza. En efecto, el destacado constitucionalista Enrique Evans de la Cuadra señala que la no deliberación implica “la prescindencia política (de las Fuerzas Armadas) como instituciones”. Por su parte, la ex presidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, sostiene que “lo que no pueden hacer los miembros de las Fuerzas Armadas es adoptar actitudes políticas o someter su vida y carrera militares a posiciones o ideas partidistas”. Otros juristas han destacado que “la apoliticidad de las Fuerzas Armadas se entiende como la imposibilidad de participación directa de las mismas, en cuanto a cuerpo organizado, en la formación de las opciones políticas que pueden repercutir en la orientación imputable a los órganos constitucionales”. A ellos se suman los profesores Pablo Contreras y Sebastián Salazar, para quienes la no deliberación de los cuerpos castrenses “implica la subordinación a las decisiones del poder civil, la apoliticidad en las decisiones adoptadas por estas, y en la no injerencia o favoritismo sobre posiciones políticas que pueden esgrimirse por determinados sectores en la deliberación pública”.

Como puede advertirse, la deliberación de las Fuerzas Armadas se refiere únicamente “al cuestionamiento de las decisiones políticas de los gobernantes civiles, por parte de personal perteneciente a institutos armados que desacata esas decisiones o las toma en forma autónoma, además de su participación -como instituciones- en actividades políticas” (Biblioteca del Congreso Nacional) y no a declaraciones formuladas por las Fuerzas Armadas en ejercicio de su libertad de opinión, en especial si su contenido está relacionado a materias propias de su competencia, tales como el estallido de violencia del 18/O,  los actos vandálicos al monumento a Baquedano y  los hechos de violencia y terrorismo de la Araucanía. Dichas declaraciones, en tanto no cuestionan decisiones de las autoridades civiles ni implican su intervención en cuestiones o actividades partidistas, mal pueden considerarse como deliberación o manifestación política.

En todo caso, esta discusión no es algo propio de nuestro país. En Perú, por ejemplo, donde existe un mandato constitucional similar al chileno, la mayoría de los juristas considera que la prohibición a los oficiales de deliberar se refiere a una limitación de la participación y opinión políticas de las instituciones castrenses, es decir, a los temas políticos y no a todo ámbito de la vida nacional. Ello permite a los militares expresar sus planteamientos sobre temas de su competencia.

Que dos órganos del Estado tan relevantes, como son la Convención y la Contraloría, incurran en actos que importan una restricción, menoscabo o amenaza a la libertad de opinión y de información, justifican plenamente la preocupación de algunos sectores de la sociedad chilena, que defienden la democracia y rechazan toda forma de tiranía. Sabemos que la supresión de la libertad de expresión deriva en dictadura, y como dice Mario Vargas Llosa, la salud democrática de un país se mide evaluando, entre otras cosas, la amplitud de dicha libertad. No vaya a ser que la nueva Constitución deje a nuestra democracia postrada en la UTI.

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