La Convención Constituyente ha ingresado al último mes de funcionamiento del pleno. Con ello quedará aprobado el texto final, por lo que sólo restaría un trabajo final de las comisiones de armonización y aquella que fijará los artículos transitorios. No obstante, desde el punto de vista del contenido, la nueva Constitución está prácticamente redactada en su totalidad.

Un análisis de contenido muestra profundas contradicciones entre la mayoría que ha aprobado los diferentes artículos con la minoría que se ha opuesto a ellos, principalmente con los convencionales de centroderecha. Las discrepancias no sólo son específicas, sino que se refieren a concepciones muy distintas sobre lo que debe ser un texto constitucional, en el plano formal y en su contenido sustantivo. Las mismas reservas han manifestado otros grupos dentro de la sociedad, como los Amarillos por Chile, algunas organizaciones sociales e incluso figuras de la ex Concertación. Por su parte, la nueva carta fundamental también cuenta con importantes apoyos de exministros de la propia Concertación –incluidos algunos que firmaron la Constitución de Ricardo Lagos en 2005–, de partidos de izquierda, del mundo social y del propio gobierno. En otras palabras, hay buenos respaldos para ambos sectores.

La Convención, en el plano programático y conceptual, ha avanzado de manera decidida durante sus casi diez meses de trabajo. No le han hecho mella los llamados a buscar acuerdos más amplios –formulados incluso por el Presidente de la República, Gabriel Boric– ni la tendencia que han mostrado las encuestas sobre su trabajo y el eventual resultado adverso en el plebiscito de salida.

En este último plano, los estudios de opinión muestran una clara decadencia, tanto en la percepción del trabajo de la Convención como en el apoyo al Apruebo al nuevo texto. Por ejemplo, Plaza Pública CADEM indica que durante el 2022 el Apruebo tuvo mayor apoyo entre enero y fines de marzo, pero ya a comienzos de abril se advirtió que la tendencia se había revertido. Las cifras de este último mes señalan que el 46% de los encuestados favorecerían el Rechazo para el plebiscito que se realizará el 4 de septiembre, en tanto el 40% respaldarían el Apruebo (1 de abril). Las semanas siguientes los resultados se han mantenido: 44% contra 39% (7 de abril); 45% contra 38% (14 de abril) y 46% contra 37% (22 de abril). Por su parte, la “Confianza” hacia la Convención ha sufrido la misma evolución, y las últimas cifras mostraron que el 57% tenía poca o nada confianza (notas de 1 a 4) en tanto el 41% señalaban tener mucha o bastante confianza hacia el órgano (notas de 5 a 7).

Otras encuestas dan resultados similares, lo que permite hablar de una tendencia, de una película más que de una fotografía. La encuesta Studio Público, por su parte, muestra que el Apruebo en el plebiscito de salida ha disminuido con cierta regularidad entre enero y abril: 40,5%; 34,5%; 34,9% y 30,4%. El Rechazo ha tenido la evolución inversa: 35,8% enero; 48,1% en febrero; 53,6% en marzo y 59,7% en abril. Como sabemos, estas son estudios de opinión que no logran predecir el resultado final, pero que sí muestran una sensación que se percibe y por la que incluso han comenzado a mostrar preocupación algunos convencionales y autoridades de gobierno.

Las encuestas plantean un dilema similar al que sufrió la Unidad Popular y que no quiso o no supo resolver en su momento. Ellas eran las posturas de avanzar sin transar, que sostenía el MIR y el sector más radicalizado del Partido Socialista, o de consolidar para avanzar, posición en la que persistían el presidente Salvador Allende y el Partido Comunista. Por cierto, comprender de esta manera el momento que vive Chile en la actualidad supone reconocer que el país ha vivido un proceso revolucionario desde octubre de 2019 –y no un mero deseo de realizar algunos cambios–, dentro del cual se inserta el trabajo de la Convención y el carácter transformador de su propuesta constitucional.

Se trata de una hora sicológica para las izquierdas y de un momento decisivo para Chile. El 4 de septiembre próximo se jugará la madre de todas las batallas, que determinará –al menos en esta etapa– el curso del proceso. En otras palabras, definirá si la revolución de octubre de 2019 consolida o no el cambio sustancial del orden político y económico vigentes.

Las posibilidades son básicamente dos: una revolución triunfante o una revolución fallida (o inconclusa). Sin embargo, el problema no es tan simple. Ante el avance de los partidarios del Rechazo, algunos convencionales han advertido –e incluso amenazado– sobre la grave crisis social que se produciría en caso de que la propuesta de la Convención sea rechazada. Por otra parte, en caso de triunfar la opción contraria a la carta de los convencionales, no significa necesariamente la consolidación de la Constitución de 2005, que actualmente rige, sino que podrían abrirse otras posibilidades.

El Rechazo, en modo alguno, debe entenderse como una mera restauración, considerando el amplio respaldo que concitó la idea del cambio constitucional en el plebiscito de entrada. Otra cosa es la reprobación al proyecto específico que ha planteado la Convención, de marcado sello indigenista, definición plurinacional y quiebre en diversos aspectos con la tradición constitucional chilena. A esto se suman algunas conductas que han caracterizado a determinados actores del proceso, como el sectarismo, la ausencia de autocrítica y la negación cerrada a diversas críticas, muchas de ellas fundadas y bien intencionadas.

La salida del proceso no será fácil, en modo alguno. El mayor problema, me parece, es la descomposición de la convivencia cívica, a lo que se suman la ausencia de liderazgos y la evidente crisis de las instituciones. En las últimas semanas, Chile ha podido observar un crecimiento de la delincuencia y la violencia, que campean frente a la incapacidad del Estado para enfrentarlas con razonables posibilidades de éxito.

En alguna medida esto ha ocurrido porque la violencia tuvo una relevancia inicial en el proceso político, que fue reconocida por los propios convencionales; porque existe una ambigüedad ideológica o práctica hacia ella de parte de algunos actores políticos; y porque el uso de la violencia se la ha legitimado o justificado en ciertas circunstancias.

Quizá a ello se refieren las amenazas sobre la eventual crisis social que sobrevendría en caso de triunfar el Rechazo. De ser así, eso no hace sino confirmar otro rasgo de la crisis de la democracia chilena, cuando uno de los resultados posibles podría causar un nuevo estallido o la ampliación de la violencia. Precisamente eso es parte del proceso revolucionario que vive Chile, con cambios de tendencias, luchas de poder, debates ideológicos y mutaciones en la correlación de la fuerzas. Comienza mayo y con ello una de las últimas fases antes de la hora de las definiciones.

Alejandro San Francisco, Profesor de la Universidad San Sebastián y la Universidad Católica de Chile. Director de Formación del Instituto Res Publica. Director general de Historia de Chile 1960-2010 (Universidad San Sebastián).

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