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Publicado el 05 de julio, 2020

Alejandro San Francisco: La autodemolición institucional

Profesor de la U. San Sebastián y la UC. Director de Formación del Instituto Res Publica. Director general de "Historia de Chile 1960-2010" (USS). Alejandro San Francisco

Este 2020 es particularmente necesario estar atentos al espíritu suicida de algunas democracias. El populismo parlamentario y las adulaciones a los antisistema siempre terminan volverse contra quienes –por falta de convicciones o por debilidad– optan por el aplauso fácil y olvidan que edificar siempre es más difícil que destruir, pero también es más valioso y necesario para las sociedades.

Alejandro San Francisco Profesor de la U. San Sebastián y la UC. Director de Formación del Instituto Res Publica. Director general de "Historia de Chile 1960-2010" (USS).
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La historia no solo es una gran pasión, sino que entrega la posibilidad de mirar hacia atrás ciertos procesos que permiten entregar enseñanzas para el presente. Así ocurre con los ciclos políticos de construcción de instituciones, con las transiciones a la democracia, los quiebres institucionales, la irrupción de nuevos liderazgos o la decadencia de algunas sociedades.

Releer las páginas de la Alemania de Weimar nos ayuda a volver a observar dos cosas de particular interés. Por una parte, ilustra muy claramente la debilidad creciente de un sistema político nacido con esperanzas, pero que a falta de convicciones y pobreza de carácter terminaron por debilitar el régimen hasta dejarlo con escasa capacidad de subsistencia, muy pocos adherentes y una crítica radicalizada desde los extremos nazi y comunista. Por otra parte, muestra el proceso de crecimiento impresionante de Hitler y el nacionalsocialismo, lo que les permitió finalmente su llegada al poder en enero de 1933. Es evidente que el sistema nacido en 1919, después de una terrible guerra mundial, no se concibió para eso ni esperaba terminar de una manera tan penosa y dramática, pero el resultado a la larga fue una lamentable muerte de la democracia y un experimento que se caracterizaría por su violencia, arbitrariedad y terror.

El tema cobra especial importancia un siglo después de esa crisis del liberalismo que sucedió a la Gran Guerra, que llevó al poder a los comunistas en Rusia, a los fascistas en Italia y a los nazis en Alemania, que multiplicó las crisis políticas y vio morir los experimentos democráticos y los esfuerzos por edificar instituciones libres. Después de la Segunda Guerra Mundial ocurrió exactamente lo mismo: mientras algunos países recuperaron las democracias perdidas o dieron vida a unas nuevas, e iniciaron procesos de creación de riqueza que mejoraron las condiciones de vida de sus respectivos pueblos, otros tantos se vieron sumidos en nuevas dictaduras comunistas que significaron reemplazar a Hitler por Stalin, al nazismo por el comunismo, a un opresor por otro. En el primer caso podemos considerar a Alemania Occidental y Japón, mientras en el segundo aparecen los países de Europa Oriental, como Polonia, Alemania Oriental, Hungría o Checoslovaquia.

Analizar este tipo de situaciones resulta especialmente relevante hoy, cuando algunas democracias viven problemas delicados en el mundo, sufren el asalto del populismo, el descrédito de las instituciones y un desafecto creciente de la ciudadanía contra los gobernantes o los partidos. Paralelamente, hoy existen una serie de circunstancias que contribuyen a agravar la situación, como son la pandemia del coronarivus, los problemas económicos que han azotado a las sociedades por el confinamiento y la pérdida de empleos y los graves problemas sociales que han resurgido en diversos países, y que serán especialmente severos en América Latina.

Por cierto, es posible superar los problemas, enfrentarlos con resolución y resultados positivos. Pero también es probable que las dificultades –así ocurrió con la crisis económica de 1929– terminen por derribar a un gobierno o a un sistema, como sucedió entonces con la monarquía española, la democracia de Weimar y otros tantos regímenes en el mundo. El problema se agrava cuando desde la misma clase política o de los sectores dirigentes hay una contribución directa, deliberada o no, para desprestigiar su propio sistema político, degradar las bases de su régimen constitucional y profundizar la crisis en vez de contribuir a resolverla.

La situación de Estados Unidos ilustra parcialmente este problema, y este año electoral será particularmente complejo y probará la vitalidad de la democracia norteamericana en tiempos muy difíciles y con liderazgos que no se esfuerzan por resolver los problemas de buenas a primera, sino que juegan con los extremos y fuerzan estirar la cuerda. Sin embargo, parece que la situación es todavía más explícita en el caso de Brasil. No resulta razonable que en medio de una crisis tan grave como la provocada por el coronavirus el gigante sudamericano haya tenido tantos cambios de gabinete, especialmente en el ministerio de Salud, sin lograr  enfrentar el problema con claridad, empatía y buenos resultados. Adicionalmente, se han agudizado las contradicciones entre el gobierno y los estados, lo que predice otro tipo de dificultades hacia el futuro.

Durante estos últimos meses, España también ha estado en algunos momentos expuesta a ampliar el radio de problemas, en parte por la doble conducción del Poder Ejecutivo, donde en ocasiones parece primar una postura más constitucional y en otras una posición más rupturista. Los acuerdos o concesiones a grupos que han patrocinado la violencia política o el independentismo pueden contribuir a un éxito o aprobación inmediata, pero siempre terminan por horadar la unidad del país, la fortaleza de la democracia y la vigencia de los principios del Estado de Derecho.

Chile no ha estado exento de esta demolición desde dentro. En algunos casos ha habido dirigentes políticos que han justificado el uso de la violencia o han extremado los recursos en medio de la crisis política de fines del 2019; en estos últimos meses algunos parlamentarios han actuado a través de la presentación de proyectos de ley inconstitucionales, así como han relativizado la institucionalidad, lo que ocurre en medio de la discusión sobre la actual Constitución y el eventual inicio de un proceso constituyente, que se extendería por un par de años. Cualquiera que sea el resultado de esta experiencia inédita, es evidente que no hay poder del Estado o grupo político que pueda ponerse por fuera de la legalidad ni que eso pueda ocurrir sin que tenga costos políticos o consecuencias jurídicas. El problema se ha tratado con una frivolidad que no corresponde a la naturaleza del conflicto y muestra una miopía que tarde o temprano hará pagar las consecuencias a las instituciones.

Las democracias viven, desde hace algunos años, serios riesgos de deterioro y amenazas de crisis. Algunas derivan de sus propias falencias y debilidades, como la carencia de éxitos económicos o la falta de resultados sociales; otras son por amenazas de doctrinas o estilos políticos alternativas, como los que representa el populismo y la radicalización en cualquiera de sus formas. La violencia o las vías de hecho también son enemigos habituales de los estados de derecho, así como la perpetuación en el poder de los gobiernos que han llegado por las urnas a regir en sus respectivos países, como probaron en su momento los casos del Perú de Fujimori, la Venezuela bolivariana o los excesos de Evo Morales en Bolivia.

Este 2020 es particularmente necesario estar atentos al espíritu suicida de algunas democracias. El populismo parlamentario y las adulaciones a los antisistema siempre terminan volverse contra quienes –por falta de convicciones o por debilidad– optan por el aplauso fácil y olvidan que edificar siempre es más difícil que destruir, pero también es más valioso y necesario para las sociedades.

 

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