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Publicado el 08 de agosto, 2020

Alejandro San Francisco: El rey Juan Carlos y el sentido de la monarquía en España

Profesor de la U. San Sebastián y la UC. Director de Formación del Instituto Res Publica. Director general de "Historia de Chile 1960-2010" (USS). Alejandro San Francisco

La situación del Rey nos ha retrotraído a las enseñanzas más tradicionales sobre la monarquía en el mundo hispano, como las definió hace ya muchos siglos San Isidoro de Sevilla: “Rex eris si recte faciessi non faciasnon eris”, es decir, “Rey serás si obras rectamente, si no lo haces no lo serás”.

Alejandro San Francisco Profesor de la U. San Sebastián y la UC. Director de Formación del Instituto Res Publica. Director general de "Historia de Chile 1960-2010" (USS).

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El rey Juan Carlos ha decidido abandonar España, lo que ha comunicado a través de una carta de este 3 de agosto a su hijo el rey Felipe VI, generando inmediato impacto en la opinión pública. Aunque no hay detalles ni juicios contra él, trascienden noticias sobre eventuales caso de corrupción o evasión de impuestos, que producen un evidente descrédito y perturban la buena marcha institucional del país. No cabe duda que a la monarquía española no le sienta bien esta noticia, ni es un buen final para un hombre que prestó grandes servicios a España al suceder al general Francisco Franco tras su muerte.

El escenario no fue fácil tras el 20 de noviembre de 1975. El régimen de Franco se había extendido casi cuatro décadas, durante las cuales persistió la división de la guerra civil, si bien en un tono distinto, y existía la sensación de que era necesario avanzar hacia la democracia, lo que contrastaba contra algunas disposiciones y deseos de quienes detentaban el poder hasta entonces. La comunidad internacional observaba con atención lo que ocurriría en la eventual transición española y también lo que haría específicamente el Rey, sucesor de Franco y elegido por éste.

La situación no era fácil y, como resumió el filósofo Julián Marías en una carta de aquellos días, Juan Carlos era percibido por los españoles como “una superación de la Guerra Civil, una promesa de conciliación y convivencia, y el comienzo de un proceso hacia la plena democracia”. Sin embargo, como tenía un “déficit de legitimidad”, debía realizar una acción “en dos direcciones: los derechos hereditarios y el consenso del pueblo español”. Si en la legitimación dinástica podía contribuir claramente su padre, don Juan, en el caso de la popular la propia gestión de Juan Carlos debía conducir a lo que Ortega y Gasset llamaba “una auténtica nacionalización de la Monarquía”, un rey de todos los españoles. El proceso del fin del régimen y de la entronización de Juan Carlos, que está explicado por Pilar Urbano en su informado libro El precio del trono (Barcelona, Planeta, 2011), fue bastante más complejo y solo se consolidaría en los años siguientes.

El 2014 se habían producido hitos cronológicos y políticos claves en la historia reciente de España: el 23 de marzo de ese año falleció Adolfo Suárez, el presidente de la transición española, y el 2 de junio abdicó el rey Juan Carlos en favor de su hijo Felipe, con lo cual concluía toda una época.

Un momento culminante, que ha sido recordado en estos días, fue el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, uno de los momentos más duros de la transición española. En esa hora sicológica, el rey Juan Carlos contribuyó a la consolidación de la democracia, con un escueto pero decisivo mensaje: “Al dirigirme a todos los españoles, con brevedad y concisión, en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado a los Capitanes Generales de las Regiones Militares, Zonas Marítimas y Regiones Aéreas la orden siguiente: ‘Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las Autoridades Civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor’. La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum”.

Con ello Juan Carlos no solo solidificó la democracia, sino que también su propia posición dentro del orden constitucional de España. Sin embargo –lejos ya del momento constituyente de 1978 y de una transición difícil pero exitosa– este 2020 sorprende a la monarquía en una crisis y a Juan Carlos en una inesperada e indigna despedida. El 2014 se habían producido hitos cronológicos y políticos claves en la historia reciente de España: el 23 de marzo de ese año falleció Adolfo Suárez, el presidente de la transición española, y el 2 de junio abdicó el rey Juan Carlos en favor de su hijo Felipe, con lo cual concluía toda una época.

La realidad de España hoy es muy distinta, y cuenta con tres elementos que es necesario considerar. El primero es que desde hace años se han consolidado posturas separatistas o independentistas dentro del país, especialmente en Cataluña, lo que ha sido un quebradero de cabeza y un factor de riesgo para la unidad de España y para su régimen constitucional. El segundo aspecto es la irrupción política de una nueva generación de dirigentes, muchos de ellos nacidos hacia finales del régimen de Franco e incluso después de la Constitución: Pedro Sánchez nació en 1972, Pablo Iglesias en 1978, Pablo Casado en 1981 y Santiago Abascal en 1976. Por lo mismo, sus intereses, problemas, afectos y simbolismos están razonablemente distantes de aquellos que guiaron a los constructores de la España actual, que miran con cierto recelo, incluso distancia y ciertamente menor lealtad a los procesos que condujeron al país a lo que es hoy. Finalmente, es necesario considerar que el mundo vive un momento especial, con tendencias iconoclastas y de revisionismo histórico, que ponen en duda a sus héroes, desconocen sus logros y se concentran en las limitaciones o defectos que tuvieron algunas figuras: las declaraciones de algunas autoridades políticas –incluidas las del gobierno de Pedro Sánchez– muestran una curiosa mezcla de republicanismo español y desapego a las tradiciones institucionales que es necesario considerar con atención. Me parece que debemos evaluar con especial atención que el 14 de abril del próximo año se cumplirán 90 años de la instauración de la República en España, lo que sin duda conducirá a mirar la historia y los imaginarios de 1931, pero también los desafíos del presente. Creo que en ese sentido debemos interpretar las palabras de Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos y miembro del gobierno español, quien ha señalado este 4 de agosto: “No soy ingenuo sobre la actual correlación de fuerzas, pero en España se abre paso, empujado por los jóvenes, un horizonte republicano que más temprano que tarde se hará realidad”.

Las figuras públicas –sean elegidas, designadas o heredadas– deben cumplir estándares cada vez más altos y también están sujetas al escrutinio público y a ciertas mediciones que permiten saber sobre su relevancia o aceptación social.

Las monarquías del siglo XXI viven una realidad mucho más compleja que en épocas anteriores, no solo en España, sino que también en otros lugares. Se combinan varias cosas en esta situación: los reyes nacieron en otras épocas de la historia y por lo mismo tienen cierta excentricidad en las democracias modernas, aunque en algunos países se mantienen con fortaleza por el peso de la tradición y el prestigio de sus figuras más representativas. Sin embargo, es necesario entender que en este 2020 el peso de la tradición resulta completamente insuficiente para garantizar la permanencia de las monarquías, aunque es un factor esencial en su origen y en la legitimidad de su existencia. Las figuras públicas –sean elegidas, designadas o heredadas– deben cumplir estándares cada vez más altos y también están sujetas al escrutinio público y a ciertas mediciones que permiten saber sobre su relevancia o aceptación social. El estudio de los académicos Antonio Garrido, M. Antonia Martínez y Alberto Mora “Monarquía y opinión pública en durante la crisis: el desempeño de una institución no responsable bajo estrés” (publicado en la Revista Española de Ciencia Política, N° 52, marzo de 2020), muestra la decadencia de la confianza en la monarquía española entre 1994 y 2015, que podría explicarse por el paso de la imagen propia de la transición y el 23-F hacia la rutinización posterior y, debemos agregar, la decadencia asociada a hechos como el famoso hito de la caza de elefantes. A ello deberemos sumar la evolución que presenten los procesos judiciales que podrían involucrar al rey Juan Carlos, así como también la fidelidad de los partidos al régimen constitucional y a la monarquía, especialmente del Partido Socialista, cuyas juventudes muestran una mayor distancia hacia la tradicional institución.

Con todo, es preciso valorar un hecho que ha pasado desapercibido y que permite darle sentido y tradición política a la monarquía que es parte de la vida española durante siglos. Me refiero a que la situación del Rey nos ha retrotraído a las enseñanzas más tradicionales sobre la monarquía en el mundo hispano, como las definió hace ya muchos siglos San Isidoro de Sevilla: “Rex eris si recte faciessi non faciasnon eris”, es decir, “Rey serás si obras rectamente, si no lo haces no lo serás”. Es probable que exista un amplio consenso en relación a respetar una noción política como esta, es seguro que el rey Felipe lo tiene muy claro y está procurando obrar en consecuencia, en la conciencia de que los éxitos del pasado valen poco en estos tiempos.

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