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Publicado el 4 octubre, 2020

Alejandro San Francisco: El 5 de octubre de 1988 y la transición chilena

Profesor de la U. San Sebastián y la UC. Director de Formación del Instituto Res Publica. Director general de "Historia de Chile 1960-2010" (USS). Alejandro San Francisco

La definición del futuro de Chile exige una creatividad presente y efectiva, que supere con éxito los desafíos existentes en la realidad de hoy, con las posibilidades y dificultades que presenta la sociedad actual.

Alejandro San Francisco Profesor de la U. San Sebastián y la UC. Director de Formación del Instituto Res Publica. Director general de "Historia de Chile 1960-2010" (USS).
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El 5 de octubre de 1988 se realizó un plebiscito decisivo en la historia de Chile, cuyo objetivo era definir la continuidad del general Augusto Pinochet por otros ocho años en la Presidencia de la República. Después de 18 años sin elecciones presidenciales, el evento generó un gran interés nacional e internacional, una impresionante participación ciudadana y unas inéditas campañas electorales, con propaganda transmitida por televisión que fue seguida por millones de chilenos.

El resultado es conocido: Pinochet logró 3.111.875 votos, mientras la opción No obtuvo 3.959.495 sufragios, lo que significó un 44,01% contra un 55,99%, en un resultado claro e inapelable. Eso puso en marcha rápidamente las fórmulas establecidas en la Constitución de 1980: en el plazo de un año se convocaría a elecciones abiertas de Presidente de la República –en las que triunfó Patricio Aylwin– y también de Congreso Nacional, en una clara transición a la democracia que los distintos sectores promovían y esperaban, cada uno con sus perspectivas, esperanzas y temores.

Sin embargo, antes que se verificaran esos comicios, el país fue convocado nuevamente a un plebiscito, el 30 de julio de 1989, para ratificar una serie de reformas constitucionales que habían negociado el gobierno y la oposición de la época, en la línea de perfeccionar la carta fundamental y darle una mayor legitimidad social. El resultado fue la aprobación de las reformas por una abrumadora mayoría: 6.069.449 (85,70%) a favor contra 581.605 (8,21%) en contra, además de 324.263 y 106.747 blancos. Todo esto mostraba al menos dos cosas. La primera era una real voluntad de participar, manifestada masivamente en los comicios de 1988 y 1989. La segunda es el espíritu de acuerdos que comenzó a reemplazar a la dinámica de confrontación que había predominado en los años anteriores, si bien los dirigentes de la Concertación dejaron muy claro que todavía quedaban muchas reformas para democratizar la Constitución.

Mirado con la perspectiva del tiempo, la transición chilena ha tenido una doble lectura. En un primer momento, y por un largo periodo, tanto en Chile como desde el extranjero se la apreció como una transición modelo, exitosa, realizada de manera pacífica, si bien con dificultades. Adicionalmente, hubo logros económicos importantes: desde 1984 en adelante el PIB creció sistemáticamente hasta 1998, nunca menos de un 3,5% y en ocasiones sobre el 10%; la pobreza disminuyó de manera considerable (un 45% en 1987, un 38% en 1990 y continuó bajando tras la restauración democrática); lo mismo se puede decir de otros indicadores de calidad de vida, que permitieron en los años siguientes que Chile se sumara a la OCDE y lograra los mejores índices de Desarrollo Humano en la región, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

El cambio generacional ciertamente implicó también una reinterpretación de los procesos políticos en Chile.

Pese a todo ello, pronto surgieron las críticas políticas y socioeconómicas contra la transición chilena y el modelo de desarrollo del país. En parte esto provenía de sectores que nunca habían aceptado el proceso y se opusieron a la reforma constitucional de 1989, como era el caso del Partido Comunista, que además había optado por la vía armada para derrotar a la dictadura, como anunció el PC tempranamente en la década de 1980. Más tarde, desde fines de los años 90, comenzaron a surgir grupos nuevos, en la juventud universitaria y en otros sectores, ajenos a las lógicas partidistas y que promovían la política desde la base social. Muchos de ellos ganaron las federaciones estudiantiles en distintos lugares del país, que vieron desaparecer prácticamente a la Concertación antes dominante y luego superada por colectivos contrarios al sistema y a las políticas de los gobiernos vigentes entre 1990 y 2010. El cambio generacional ciertamente implicó también una reinterpretación de los procesos políticos en Chile.

Finalmente, debemos considerar un tercer grupo, que son los desencantados de la propia Concertación, entre sus dirigentes –los llamados autoflagelantes–, sus partidarios y sus votantes, como se manifestó en la sistemática pérdida electoral que sufrió la que, paradójicamente, era la coalición política más exitosa de la historia chilena. Los dos gobiernos de la presidenta Michelle Bachelet muestran claramente esta evolución, que es posible apreciar también en las bajas evaluaciones de figuras como Aylwin y Ricardo Lagos, antes admirados por sus personalidades y resultados.

Consolidar la democracia republicana chilena se logrará con espíritu de acuerdos propios de la tercera década del siglo XXI y sabiendo procesar las diferencias en un régimen de libertad.

A todo ello debemos sumar otro factor que es propio del 5 de octubre de 1988, y específicamente de la campaña televisada, que quedó en el imaginario colectivo del país: “La alegría ya viene” se instaló como un mensaje nítido y ganador, lleno de mística y con la promesa clara de una promesa de un futuro mejor, que pasaría por la derrota de Pinochet y la restauración de la democracia. El problema, han recordado y recriminado muchos después de 1990, es que la alegría no llegó, o llegó solo para algunos, que siguen habiendo numerosos problemas, en pobreza, calidad de la educación y atención de salud. Es evidente que el mensaje no implicaba el fin de las dificultades de la vida social, pero también que las campañas generan una excesiva cantidad de promesas difíciles de cumplir o de evaluación subjetiva, lo que exige una particular responsabilidad a los actores públicos del pasado, y ciertamente del presente.

Es necesario que la transición y la democracia reciban un análisis que considere su contexto y complejidades. Sería un despropósito caer en la lógica de la autocomplacencia que presidió durante mucho tiempo la política nacional, pero la execración permanente sobre lo realizado con éxito –bajo el eslogan “no son $30, son 30 años”– representa una simplificación engañosa y que conduce necesariamente a errores de comprensión histórica y política. Pero quedarse pegados en un pasado, por valioso que haya sido, no tiene sentido y lleva a una derrota social segura hacia adelante.

El problema de la transición no radica en lo que no se hizo entre 1988 y 1994, aunque hayan quedado tareas pendientes y algunas frustraciones. Cada gobierno y cada generación tienen sus propios desafíos, y si en aquella época se cumplieron muchas metas, no ocurrió lo mismo necesariamente en los años siguientes. Por lo mismo, se puede apreciar que los éxitos políticos, económicos y sociales de los últimos años del siglo XX y primeros años del siglo XXI no fueron replicados con igual fuerza –lo que no significa que se debiera hacer de la misma manera– en estos últimos quince años. Las cifras económicas, varios resultados en términos sociales y la distancia creciente entre las expectativas y la realidad son ilustrativas de la situación en la que se encuentra Chile desde hace años, que muestran una deuda grande del Estado y de la actividad política.

Hay quienes han sugerido que es necesario volver a la política de los acuerdos de los años 90, que tanto bien le hizo al país. Lo hacen seguramente con espíritu patriótico y preocupación por la división y polarización que han emergido estos últimos años. Sin embargo, cada época tiene sus desafíos y ellos deben ser enfrentados con inteligencia y determinación, sin añoranzas estériles por tiempos mejores que no volverán, sino con la capacidad y persuasión para levantar un proyecto de un futuro mejor que sea posible y por el cual clama la sociedad. Consolidar la democracia republicana chilena, recuperar la senda benéfica del crecimiento económico y procurar un progreso social sostenido son desafíos actuales, tan necesarios de enfrentar como de tener logros medibles y que la población perciba como propios. Y ellos se lograrán con espíritu de acuerdos propios de la tercera década del siglo XXI y sabiendo procesar las diferencias en un régimen de libertad.

Se puede volver a pensar la transición cada vez que sea necesario, y como proceso histórico es realmente interesante y lleno de circunstancias que vale la pena conocer. Pero la definición del futuro de Chile exige una creatividad presente y efectiva, que supere con éxito los desafíos existentes en la realidad de hoy, con las posibilidades y dificultades que presenta la sociedad actual.

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