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Publicado el 18 octubre, 2020

Alejandro San Francisco: El 18 de octubre de 2019

Profesor de la U. San Sebastián y la UC. Director de Formación del Instituto Res Publica. Director general de "Historia de Chile 1960-2010" (USS). Alejandro San Francisco

El futuro sigue abierto, el partido no está terminado y el resultado de la revolución de octubre puede tener muchas salidas inesperadas, tanto políticas como constitucionales, económicas como sociales, en un país golpeado y que ha perdido parte de la vitalidad que lo llevó a obtener grandes logros hace algunas décadas.

Alejandro San Francisco Profesor de la U. San Sebastián y la UC. Director de Formación del Instituto Res Publica. Director general de "Historia de Chile 1960-2010" (USS).
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La revolución de octubre de 2019 es uno de los acontecimientos más importantes de la historia del Chile reciente, con sus eventuales logros, sus fantasmas y la destrucción que provocó. Ha pasado un año desde entonces, y si hay algo que el país puede tener claro, es que hoy se sigue bailando al mismo ritmo que impuso la calle a partir de entonces, aunque no exactamente de la misma manera que hubieran querido muchos de los promotores del estallido social, o “rebelión popular”, concepto que suelen utilizar los grupos de la izquierda revolucionaria o algunas federaciones estudiantiles para calificar el movimiento de fines del 2019.

No es necesario repetir los sucesos de aquellos días, aunque sí es preciso señalar ciertos elementos fundamentales que sitúan el contexto, la ruptura del orden político y algunas de sus consecuencias inmediatas. Las primeras protestas surgieron con el alza de $30 en el transporte (análogo a otras situaciones en la historia nacional) y siguió con la quema y destrucción de las estaciones del Metro de Santiago. El gobierno decretó rápidamente Estado de Emergencia y muy pronto pudieron verse militares en las calles, lo que algunos pensaba que pondría término a la situación. Sin embargo, las protestas fueron creciendo, tanto las pacíficas y masivas, como las violentas y antisistema, con un gobierno carente de análisis político adecuado y de respuestas, y una oposición que rápidamente se fue sumando a las críticas al modelo, a la necesidad de cambios en los ámbitos más diversos, que comenzaban por algunos aspectos sociales específicos y culminaron con un llamado a una Asamblea Constituyente.

Es verdad que el estallido no surgió por un problema constitucional –los primeros días abundaba el tema de los abusos y la desigualdad–, pero también hay tres factores que debemos considerar. El primero es la persistencia de una discordia constitucional no resuelta en Chile, que cada cierto tiempo ha levantado el tema de la reforma o el cambio de constitución como un problema central del sistema político; el segundo es que durante noviembre el cambio de constitución sí se fue ubicando entre los problemas prioritarios de los chilenos en distintas encuestas; el tercero es que la clase política se allanó a esa agenda, con el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución” firmado en el Congreso, que fue posterior al llamado a formar un Congreso Constituyente, realizado por el presidente Sebastián Piñera, generando una especie de consenso político tardío sobre un tema que tenía años de debates frustrados.

¿Cómo entender la crisis de octubre de 2019, sus manifestaciones y consecuencias? Si bien no es fácil hacer todavía una interpretación integral sobre el estallido social, sí se pueden hacer algunas reflexiones que permiten acercarnos a explicar estas manifestaciones dentro del contexto de la democracia chilena y de la historia nacional en las últimas cinco décadas. Para esto es necesario realizar al menos dos prevenciones. La primera es que, por tratarse de un tema muy complejo, es preciso rehuir de las explicaciones simples o monocausales; la segunda se refiere a la insuficiencia disciplinaria para explicar los problemas, ya que no basta una explicación exclusivamente económica o política, sino que es necesario integrar otras miradas y formas de comprender la sociedad, para enriquecer el debate y entender mejor la complejidad de la crisis.

El 18 de octubre Chile vivió la mayor ruptura de la democracia chilena desde su restauración en 1990. Es verdad que hubo algunos hitos que podrían considerarse anticipatorios (como la revolución de los pingüinos el 2006 o la movilización universitaria del 2011), pero el 2019 el problema fue mucho más profundo, y se acerca en alguna medida a las crisis institucionales de Chile en 1891, en 1924-1925 y en 1973, que marcaron el fin de una era política y el comienzo de otra, tema que hoy se encuentra en desarrollo. También es análogo a otros “reventones populares” (Gabriel Salazar) que existieron durante el siglo XX, con la diferencia de que hoy estamos frente a un libro abierto y con posibilidades de escribir distintos finales. Fue tan grande la ruptura, que se ha hablado indistintamente de rebelión popular, estallido social (también antisocial) y revolución.

La ruptura política y social dejó al desnudo la mayor crisis política e institucional desde el regreso a la democracia. La evaluación del Presidente de la República llegó a mínimos históricos (cercanos al 10% de aprobación ciudadana), con un Congreso Nacional y partidos políticos que llevan años bajo esa cifra y algunos liderazgos que brillaron por su ausencia. Paralelamente, otras instituciones también mostraron el momento que vivían: Carabineros había pasado por problemas internos relacionados con fraudes y escándalos económicos, la Iglesia Católica no representa una voz relevante en la sociedad y lo mismo ocurre con otras instituciones que en su momento eran importantes y escuchadas. El problema político explica en parte el vacío de poder que se vivió en algunos momentos en octubre y noviembre, la renuncia a ocupar sus facultades constitucionales por parte de autoridades del gobierno y del Congreso, junto al inmovilismo que acompañó durante algunas semanas a la clase política, sumida en la confusión o la respuesta mecánica a la voz de la calle.

Por otra parte, es un hecho que la revolución de octubre mostró las impresionantes contradicciones que ha vivido Chile en las últimas décadas. En buena medida, las autoridades, analistas y comunidad internacional explicaron el éxito chileno en diferentes ámbitos –desde luego en el económico y social– por la fortaleza de su institucionalidad política y económica. Sin embargo, ambos aspectos han puesto en tela de juicio tanto la democracia que ha tenido el país como la economía de mercado: “No son $30, son 30 años” fue el símbolo de la lapidación pública de los que algunos consideraban con buenos argumentos las décadas más exitosas de la historia nacional, ahora sumidas en un juicio público, cuyos actores de ayer emergen vergonzantes en el debate público, y con defensores escasos y a veces apocados. El tema político y económico hoy están abiertos, entregados a la resolución constituyente, que definirá la mantención del sistema, su reforma o una transformación más radical al respecto.

Chile tiene numerosos problemas económicos y sociales, denunciados desde hace muchos años. El crecimiento de los últimos tres lustros se ha caracterizado por su mediocridad y la proyección futura sigue la misma tendencia, lo que hace inviable que el Estado tenga los recursos suficientes para enfrentar seriamente las demandas sociales y cumpla de una manera adecuada sus responsabilidades en diversos ámbitos donde las promesas suelen ser ampulosas y los resultados discutibles o paupérrimos (“educación gratuita y de calidad”; “salud digna para todos”). Pese a ello, si bien el reventón social era posible de prever y algunos anticiparon un quiebre producto de las fracturas sociales del país (Gonzalo Vial, entre otros) o la carencia de solución del problema constitucional (Fernando Atria), lo cierto es que el 18 de octubre estuvo muy lejos de tener la lógica anticipatoria de la guerra civil de 1891 o el 11 de septiembre de 1973. En el primer caso los periódicos de la capital y de Valparaíso se llenaron a diario de editoriales que anticiparon la dictadura del presidente José Manuel Balmaceda, la eventual desobediencia del Ejército y de la Armada y un eventual choque político y militar; entre marzo y septiembre de 1973, en tanto, las alusiones a la guerra civil o al golpe de Estado eran permanentes, y solo faltaba saber cuándo y quiénes cruzarían el Rubicón. No fue igual el 2019, pero el estallido se produjo y cambió la historia reciente de Chile para siempre.

Una vuelta atrás es difícil, más bien imposible. Las bases de la autoridad están claramente horadadas, como lo percibe el gobierno a diario, pero también otros poderes del Estado o autoridades públicas. Hay zonas del país que han estado literalmente tomadas por algún tiempo; la violencia emergió como una forma de provocar cambios y ha sido legitimada por actores políticos o sociales, apoyada o aceptada desde distintos sectores, por más que ahora último hayan crecido las voces condenatorias, en la cercanía al plebiscito constituyente. En otro plano, el gobierno no tiene un poder real, así como también carece de un proyecto político coherente; la oposición es mayoría en el Congreso, pero todavía no es alternativa y se mueve más por su antiderechismo atávico que por un proyecto de país que pueda unir a comunistas y falangistas, radicales y frenteamplistas, socialistas y otros tantos grupos que se oponen al actual gobierno.

Y, pese a todo eso, el futuro sigue abierto, el partido no está terminado y el resultado de la revolución de octubre puede tener muchas salidas inesperadas, tanto políticas como constitucionales, económicas como sociales, en un país golpeado y que ha perdido parte de la vitalidad que lo llevó a obtener grandes logros hace algunas décadas. Hacia adelante podrían superarse los males que se han denunciado, manteniendo aquellos aspectos que enorgullecían a Chile hace no tanto tiempo, o bien el país podría entrar en una vorágine de resultado incierto, para bien o para mal. De los chilenos depende lo que depare el futuro.

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