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Publicado el 14 marzo, 2021

Alejandro San Francisco: 11 de marzo: Una fecha, el fin de una época

Profesor de la U. San Sebastián y la UC. Director de Formación del Instituto Res Publica. Director general de "Historia de Chile 1960-2010" (USS). Alejandro San Francisco

El 11 de marzo de 1974 la Junta de Gobierno celebró los primeros seis meses desde la intervención militar. El 2022 podría ser la última vez que el cambio de mando sea en esa fecha.

Alejandro San Francisco Profesor de la U. San Sebastián y la UC. Director de Formación del Instituto Res Publica. Director general de "Historia de Chile 1960-2010" (USS).
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Este 11 de marzo de 2021 se cumplieron 40 años de la vigencia de la Constitución de 1980. Con todo, la fecha tiene una connotación política más clara, considerando que desde 1990 esa misma fecha es la de los cambios de mando presidenciales en Chile, cuando asumió Patricio Aylwin como nuevo gobernante, tras haber vencido en las elecciones de fines del año anterior. En su momento, asumieron también un 11 de marzo Eduardo Frei Ruiz-Tagle en 1994, Ricardo Lagos el 2000, Michelle Bachelet el 2006 y el 2014 y Sebastián Piñera el 2010 y el 2018. El 2022 podría ser la última vez que el cambio de mando sea en esa fecha.

Las fechas históricas son de circunstancias, aparecen por un suceso determinado y luego son socializadas o politizadas: un nacimiento o una muerte, una batalla, una elección, una manifestación social o un hito cualquiera de relevancia pública. En el caso del 11 de marzo, es una fecha relacional, que se impuso a partir de otra que la determinó: el 11 de septiembre de 1973. De esta manera, el 11 de marzo de 1974 la Junta de Gobierno celebró los primeros seis meses desde la intervención militar, y lo hizo con un acto público y también con la Declaración de Principios del Gobierno de Chile, un documento doctrinal que serviría como línea matriz de la nueva institucionalidad política y económica.

La misma lógica siguió la carta fundamental, que fue plebiscitada el 11 de septiembre de 1980, pero que solo entraría en vigencia seis meses después. Junto con establecer el texto definitivo, la nueva Constitución incluía un articulado transitorio por un periodo de ocho años, tras el cual habría un plebiscito –el famoso 5 de octubre de 1988–, en el cual triunfó la opción No y abrió la posibilidad para que al año siguiente hubiera elecciones abiertas de Presidente de la República y de Congreso Nacional, que el 11 de marzo de 1990 comenzaron sus funciones, en el contexto de la transición a la democracia.

Los ritos republicanos son cambiantes a través del tiempo: antes de 1973 el 4 de septiembre era un día crucial, cuando se disputaban cada seis años las elecciones presidenciales; en su momento cada 21 de mayo los presidentes de la República rendían su cuenta anual ante el Congreso Pleno: hoy es el 1 de junio, al igual que lo fue bajo la Constitución de 1833. Entre 1973 y 1990 el 11 de septiembre era la fecha fundamental, de conmemoración gubernamental, mensaje presidencial y anuncios de ocasión.

Es probable que el 18 de octubre pase a ocupar un lugar relevante en el calendario político de Chile en los próximos años, considerando la relevancia y repercusiones de la revolución de octubre –también llamado estallido social o rebelión popular– en la política reciente del país, pero también por ser crucial para la determinación de la política futura. Si en un comienzo los sucesos del 18 de octubre tuvieron el sello de una protesta social inmensa, con el paso de los días emergió como una crítica bastante radical a la transición y a la democracia chilenas, a los últimos 30 años (“no son $30, son 30 años”). De esta manera, la rebelión social pasó a tener un carácter mucho más amplio, de replanteamiento del pasado y redefinición del futuro.

Con el correr de las semanas irrumpió el carácter constituyente de la rebelión, que fue asumida por la clase política a través del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019. Y desde entonces Chile vive, efectivamente, un proceso constituyente en marcha, de final abierto, pero que ya ha ido superando algunas etapas: en octubre de 2020 se aprobó por amplia mayoría que el país avanzara hacia una nueva Constitución, dejando atrás la carta fundamental vigente (de 2005, reforma de la de 1980), y que lo hiciera mediante una Convención constituyente ciudadana. Sin perjuicio de ello, resulta evidente que la realidad se ha ido desarrollando de una manera diferente y que los partidos políticos tienen una fuerza prácticamente incontrastable dentro del actual proceso.

El próximo 11 de abril se desarrollarán las elecciones para la Convención –también para gobernadores, alcaldes y concejales– que será la primera definición relevante dentro del proceso constituyente, pues definirá la conformación del organismo. Ya han comenzado las franjas electorales, las campañas y cientos –en realidad miles de candidatos– se desplazan en medio de las dificultades para intentar instalar sus nombres e ideas en la cabeza y el corazón de los ciudadanos, para que voten por ellos en los comicios, que en esta ocasión se realizarán en dos jornadas.

Por el momento, se puede percibir que en la Convención estarán representados mayoritariamente los partidos, las izquierdas y las derechas, las tradicionales y las más novedosas. En ella habrá presencia de algunos especialistas, abogados, políticos, excongresistas y politólogos, así como también otras personas más comunes y corrientes, si bien claramente subrepresentadas en relación a la ilusión que existió en su momento, en el sentido que esta nueva carta sería redactada por la gente, por el pueblo, por “la señora Juanita”, a diferencia de otros procesos análogos en la historia. A la larga, terminaron imponiéndose políticos tradicionales, partidos financiados por el Estado y una lógica del sistema que no responde a las demandas más repetidas de “Asamblea Constituyente” o efectivamente ciudadana.

En cualquier caso, el proceso constituyente ilustra claramente que Chile vive el fin de una época, desde el punto de vista histórico constitucional. Es el término de la Constitución de 1980, entendida en sentido amplio, que comenzó a regir el 11 de marzo de 1981. Esa ha sido la carta fundamental que ha organizado los poderes públicos y ha puesto las bases del modelo de desarrollo chileno en las últimas décadas, que ha tenido logros visibles y reconocidos en el país y en el exterior, pero que también cuenta con un claro deterioro de legitimidad, que llevaron a su término y deseos de superación. Como suele ocurrir en los momentos de cambio histórico, todavía esa etapa no termina ni la nueva ha nacido completamente: en estas transiciones se viven tensiones y contradicciones que aceleran los procesos, agudizan las diferencias y tornan imprevisibles los caminos.

La hora de la crisis y el final de esta época, marcada por las movilizaciones sociales y también por la repetición de la violencia, deben dar paso pronto a una etapa de creación y deliberación, cuyo éxito no está asegurado, como tampoco es claro que desaparezca la destrucción y la descomposición de la convivencia social. El éxito del proceso constituyente se juega en buena medida en la capacidad de garantizar la viabilidad de la democracia y el estado de derecho, con una sana combinación entre tradición y cambio, mientras su fracaso sigue estando a la vuelta de la esquina, asociado a la polarización, a las posturas refundacionales y la incapacidad de levantar una real alternativa de desarrollo para Chile.

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