Verano de 2011 (en el hemisferio norte; invierno en el hemisferio austral). Como he venido haciendo durante los últimos veinticinco años, pasé unas semanas en Chile, dando clase en diversas universidades. Ese año se dio una coincidencia peculiar, que no se había dado antes y no se repitió después: en ambos países se debatía, incluso con pasión, una posible reforma constitucional.

En España se impuso la reforma, que llevó a modificar el artículo 135 de la Constitución: se introdujo el concepto de “estabilidad presupuestaria” y se aprobó que el pago de la deuda pública fuese prioritario frente a cualquier otro gasto incluido en los presupuestos generales del Estado. Se trató de una imposición de los mercados financieros, alarmados porque en mayo España estuvo a punto de declarar la suspensión de pagos. Hubo llamadas telefónicas de los líderes mundiales -desde Washington, Beijing y Bruselas- y el presidente Rodríguez Zapatero se vio obligado a cambiar de la noche a la mañana la política económica de su Gobierno, con el fin de devolver la tranquilidad a los acreedores. Regla elemental, válida para todo tipo de actores: quien se endeuda renuncia a su libertad, y si no está en condiciones de devolver lo prestado, queda en manos de los prestamistas. En términos coloquiales, quien paga manda.

Mientras en España se tramitaba con urgencia esa mini reforma, en Santiago y en otras ciudades chilenas los estudiantes tomaban la calle. Haciéndose eco de la “revolución de los pingüinos” de 2006, los manifestantes exigían diversas reformas en el sistema educativo. En el correspondiente debate se llegó a plantear una reforma constitucional, muy sencilla en términos lingüísticos. Se trataba de añadir a la Constitución una sola frase: “Todos los chilenos tienen derecho a una educación de calidad”. 

Me admiraba el calor con el que se discutía el asunto en la opinión pública y entre los colegas dedicados a la enseñanza. ¿Cómo era posible depositar tantas expectativas en una simple frase? Al final no hubo reforma constitucional, y seguramente la situación de la educación chilena no empeoró lo más mínimo por esa ausencia.

Me parece que tanto España como Chile son víctimas del síndrome del “fetichismo de la ley”, herencia tal vez de la cultura jurídica napoleónica. Consiste en pensar que la ley, por sí sola, es capaz de cambiar y mejorar la sociedad. Craso error. ¿Qué cambió en la política económica de los gobiernos españoles, de izquierda y de derecha, el reformado artículo 135? Nada en absoluto. Cuando Angela Merkel llamó a Zapatero para exigirle esa modificación, pensaba que los españoles íbamos a cumplir la ley y que a partir de ese momento tendríamos una administración rigurosa. Se engañaba completamente. Nuestra deuda pública ha seguido creciendo, hasta alcanzar en la actualidad la cifra récord del 120 % del PIB. 

¿Qué hubiera cambiado en la educación chilena si se hubiera introducido esa frase en la Constitución? Nada en absoluto. Una proposición de ese tipo, por sí sola, no es más que un brindis al sol. La mejor declaración de intenciones queda en nada si no se plasma luego en buenas leyes y reglamentos y, sobre todo, si no hay en la comunidad educativa -y en las familias- la firme voluntad de educar bien a los alumnos. Casi nada.

He recordado esos episodios a raíz del trabajo de la Convención que prepara un nuevo proyecto de Constitución para Chile. La coyuntura es única, casi mágica: dar al país una nueva ley de leyes, que puede sentar las bases del Chile futuro. Una especie de refundación nacional, un momento edénico. Se entiende la emoción que embarga a los protagonistas. Pero harían bien en tener en cuenta algunos peligros. El fetichismo de la ley es uno de los más típicos en estas situaciones: pensar que con la elaboración de la ley ya está todo hecho. Fatal espejismo. La ley no es de entrada más que papel mojado. Queda luego pendiente su implementación, lo que exige nuevas leyes y reglamentos. Pero incluso las leyes más perfectas sobre el papel serán inoperantes si no hay voluntad de llevarlas a la práctica, por parte de la administración pública y, sobre todo, de la ciudadanía. Si esto vale para la mejor ley imaginable, qué no se podrá decir de leyes imperfectas. Está por ver que una ley excelente consiga en la práctica efectos positivos, pero es fácil advertir que una ley defectuosa origina sin remedio profundas disfunciones. 

La Convención ha tenido dificultades para centrarse en su trabajo, y ahora que va elaborando artículos de la posible Constitución crece la inquietud. Se confirman los temores que la hacían dependiente de la “corrección política”: indigenismo, ideología de género, ecologismo, animalismo… Algunos de los mayores logros asociados al moderno Estado de derecho corren serio peligro: la libertad de expresión, la propiedad privada, la igualdad ante la ley. Otro ejemplo: Chile es un país grande con pocos habitantes y una población que envejece con rapidez. En este contexto demográfico, ¿es razonable promover el aborto como una gran conquista?

No sé si los miembros de la Convención serán capaces de advertir los riesgos que corren. Van a necesitar sentido común y altura de miras para elaborar un texto capaz de dar a todos los chilenos un marco adecuado para organizar la vida común.

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