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Publicado el 15 septiembre, 2020

Alejandro Martini: Huelgas de hambre y la paz en La Araucanía

Vice Presidente Multigremial de La Araucanía Alejandro Martini

El primer paso para solucionar el conflicto es aislar a los extremistas y a quienes usan la causa mapuche con fines delictivos. Si esto no ocurre, el problema no sólo se prolongará por otro largo tiempo, sino que nos arriesgamos a que aumente en violencia y brutalidad.

Alejandro Martini Vice Presidente Multigremial de La Araucanía

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En los últimos días se depusieron las huelgas de hambre de los comuneros que aún mantenían esta medida de presión con la que intentaron que el Gobierno accediera a una serie de exigencias; entre éstas, la aplicación del cuestionado Convenio 169 de la OIT, el cual estos individuos, sus voceros e incluso sectores de la extrema izquierda chilena interpretan mañosamente para tratar de obtener beneficios, como por ejemplo que los reos cumplan condenas en sus domicilios. Esto último, afortunadamente, no fue considerado por las autoridades, aunque en el caso de Celestino Córdova se le otorgó un cuestionado permiso para visitar su rewe por algunas horas, autorización basada en que el recluso debe “renovar sus energías espirituales”.

Los otros comuneros en huelga de hambre, tanto de las cárceles de Angol, Lebu y Temuco, bajaron la medida, remarcando que el Gobierno no había mostrado una real intención de negociar. Y considerando las razones por las cuales varios de ellos estaban en la cárcel, resulta a lo menos lógico que no se accediera a exigencias desproporcionadas: Víctor Llanquileo (condenado por robo con violencia), Sergio Levinao (condenado por robo con secuestro y porte ilegal de arma de fuego), Daniel Canío Tralcal (vinculado a la CAM y condenado por quemar camiones), José Cáceres (condenado por robo con violencia y porte y tenencia de arma), Facundo Jones Huala (condenado por ataque incendiario), además de otros comuneros acusados de diversos delitos. Estos sujetos son los que se definen a sí mismos como “prisioneros políticos mapuche”, en circunstancias que no recibieron sentencias judiciales por sus ideales, sino por cometer o participar en delitos absolutamente repudiables y graves.

En este punto es oportuno recordar que en los casi cuatro meses en que algunos de estos individuos estuvieron sin alimentarse, se perpetraron diversos atentados y ataques incendiarios, principalmente en La Araucanía y la provincia de Arauco, donde en la mayoría los violentistas exigían la libertad, precisamente, de estos comuneros. ¿Cómo alcanzar la paz y solucionar el extenso conflicto con el pueblo mapuche, demandas que son válidas muchas de éstas, cuando mediante huelgas de hambre, chantajes y violencia se trata de imponer en vez de mantener un diálogo constructivo, reparador y sensato?

Lamentablemente se ve difícil, dados los últimos acontecimientos. Una eventual nueva constitución, como lo han señalado algunos políticos y representantes del mundo indígena -que la ven como solución a este problema (y a otros también)-, no asegura nada, en realidad. ¿Quién puede garantizar que la violencia y el terrorismo se acabará con tan sólo aprobar esa hipotética carta magna, por ejemplo, otorgando reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas? Absolutamente nadie. Y señales de aquello hay de sobra: por ejemplo, la Consulta Indígena fue boicoteada desde un inicio por grupos radicalizados en el año 2019. Simplemente no permitieron que se desarrollara hasta que el actual Gobierno fue obligado a suspenderla. Lo “curioso” es que esta consulta se intentó realizar, entre otras razones, para dar cumplimiento al Convenio 169, ese mismo que los huelguistas exigían se aplicara con ellos…

Más reciente es lo ocurrido el pasado miércoles 9 de septiembre con el Füta Trawün entre el Consejo de Lonkos y Machis y representantes del Gobierno (la ministra Karla Rubilar entre ellas), del poder Legislativo y del Judicial que se realizó en Temuco (originalmente iba a efectuarse en Carahue, pero comunidades radicalizadas bloquearon la ruta hacia esta última comuna, debiendo llevarse a cabo, por motivos de seguridad, en la capital de La Araucanía). Sin embargo, pese al cambio donde se desarrollaría la reunión entre un grupo de autoridades mapuche y las anteriormente nombradas, los radicalizados llegaron hasta el lugar donde se realizaba el encuentro, el Estadio Germán Becker, y trataron de boicotearlo ingresando al recinto, siendo frenados por Carabineros.

Entre los comuneros que trataron de impedir la reunión estaba la activista mapuche Ana Llao, cercana al reo Celestino Córdova. Ella misma señaló que los lonkos y machis presentes en la reunión no eran verdaderos representantes del pueblo mapuche. “Supuestos lonkos”, aseguró a la prensa, agregando que se debía aplicar el Convenio 169 a los “presos políticos” que, a esa hora, aún no bajaban la huelga de hambre. Sus críticas apuntaban, entre otras personas, al lonko José Cariqueo, presente en la reunión, quien en febrero de este año sufrió la pérdida de 2 de sus hijos, quienes fueron asesinados. Dato: por estos homicidios hay un único imputado, se trata de Freddy Marileo, “coincidentemente” otro de los comuneros que estaban en huelga de hambre, quien, según las pericias, habría usado un fusil de guerra para matar a los hijos del lonko.

Entre estos grupos radicalizados está también la CAM (su historial de atentados es ampliamente conocida y su vocero, Héctor Llaitul, ha reconocido, de manera pública, que están preparados militarmente) y la comunidad Temucuicui, cuyo werkén Jorge Huenchullán fue condenado en junio del 2017 por cultivo de marihuana luego de que él mismo reconociera el delito ante la justicia (se le incautó droga avaluada en 140 millones de pesos aproximadamente, mientras que su hermano, Omar Huenchullán, fue condenado en el 2010 por el homicidio al interior de la misma comunidad, luego de una considerable ingesta de alcohol, del anarquista Juan Cruz).

Repito la pregunta: ¿cómo lograr la paz y solucionar el largo conflicto con el pueblo mapuche? Es muy difícil mientras estos grupos minoritarios, pero violentos, organizados y que cuentan con respaldo político (tanto nacional como internacional), sigan intentando adjudicarse la representación del pueblo mapuche. Es imposible alcanzar acuerdos y diálogos fructíferos mientras no se ponga freno a los violentistas. Es inútil imaginar siquiera la paz mientras los radicalizados sigan intentando imponer agendas propias. Es absurdo considerar que quienes defienden, apoyan y justifican a sujetos como Celestino Córdova pueden tener cabida en conversaciones serias y razonables.

El primer paso para solucionar el conflicto es aislar a los extremistas y a quienes usan la causa mapuche con fines delictivos. Si esto no ocurre, el problema no sólo se prolongará por otro largo tiempo, sino que nos arriesgamos a que aumente en violencia y brutalidad, aún más de lo que ya fue el horroroso homicidio del matrimonio Luchsinger Mackay o los cobardes ataques al camionero Juan Barrios y a la niña de 9 años baleada en la espalda, entre otros tantos hechos delictuales perpetrados por quienes, en su mayoría, siguen impunes y por otros que hacen huelgas de hambre tratando de pasar por “idealistas”.

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