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Publicado el 06 de mayo, 2019

Alejandro Alarcón: Por qué el déficit fiscal importa

Economista Alejandro Alarcón

Durante la pasada administración de Bachelet, el crecimiento de la deuda pública fue de un 66%, en 4 años, lo que claramente no es sostenible en el mediano plazo. Eso explica la baja que tuvimos en el grado de clasificación y la necesidad de ajustar el déficit fiscal efectivo y estructural por parte del actual gobierno.

Alejandro Alarcón Economista
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Hace pocos días, y con motivo de la emisión del primer informe de finanzas públicas en su modalidad trimestral, el ministro de Hacienda Felipe Larraín entregó ajustes de variables clave para el cálculo de  la Ley de Presupuesto fiscal 2019. Notablemente ajustó la trayectoria de crecimiento del PIB para el presente año desde un 3,8% a un 3,5%. Con esto, la estimación de déficit fiscal efectivo para 2019 quedó en un 1,8% como proporción del PIB. Por su parte, la proporción de la deuda pública sube hasta un 26,8% para mantenerse en esa vecindad hasta el año 2023.

Asimismo, ajustó la trayectoria de gasto público durante el presente año a un 4%, sobre el crecimiento del PIB. Ante la menor recaudación fiscal producto del ajuste en la trayectoria del PIB, era evidente que la deuda pública se ajustaría al alza. Con todo, estimamos que este ajuste es marginal porque para un largo periodo estabiliza el crecimiento de la deuda pública, mantiene la disciplina fiscal y es consistente con un déficit estructural cercano al 1%, en el mediano plazo.

Cualquier agente económico, cuando gasta más de lo que produce, requiere el concurso de acreedores que le presten la diferencia, sean éstos personas, empresas, gobiernos e incluso países. Los acreedores lo harán una vez que la evaluación del perfil de gastos e ingresos de aquellos indique que pueden pagar la deuda adquirida en el futuro. Sabemos además que un proceso de crecimiento vertiginoso de endeudamiento hace que los acreedores históricos escapen y los nuevos se resten del proceso de financiamiento, simplemente porque calculan que los deudores no serán solventes en el futuro.

Chile ha logrado mantener el grado de inversión, nota que establecen las agencias calificadoras internacionales, lo que invita a inversionistas privados a inyectar recursos en el país. Con esto aumenta el ahorro externo, lo que financia la inversión y el crecimiento de nuestro país.

Un famoso habitante de Boston inventó a principios del siglo 20 las pirámides financieras, las cuales ofrecían enormes rentabilidades y donde se pagaba a los acreedores con recursos de nuevos acreedores, que cuando descubrían este juego no financiaban más al estafador. Este personaje se llamaba Ponzi y hemos conocido a varios en Chile, incluyendo a uno que vive en Malta, que evade la justicia y que replicó el esquema, engañando a cientos de incautos.

Los gobiernos también pueden recrear esquemas de Ponzi. Basta que la tasa de endeudamiento sea mayor que la tasa de interés que se paga a los acreedores, en un periodo razonable, para que aquellos enfrenten la insolvencia y, sin reservas ni apoyo de bancos multilaterales, como el FMI, entren en default.

Durante la pasada administración de Bachelet, el crecimiento de la deuda pública fue de un 66%, en 4 años, lo que claramente no es sostenible en el mediano plazo. Eso explica la baja que tuvimos en el grado de clasificación y la necesidad de ajustar el déficit fiscal efectivo y estructural por parte del actual gobierno.

Ponzi existió, y sus recreadores continúan construyendo pirámides, en Chile y otras latitudes.

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