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Publicado el 27 de julio, 2020

Alejandro Alarcón: La crisis política e institucional

Economista Alejandro Alarcón

Junto con la reforma que permite el retiro de parte del ahorro previsional, se esconde el objetivo más preciado de la extrema izquierda: la polarización del debate político.

Alejandro Alarcón Economista
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Ha sido una conducta permanente en los últimos meses esto de transgredir la actual carta constitucional. Se hace con apoyo de la extrema izquierda, pero también con declaraciones de nada menos que la presidenta del Senado, quien habló de cometer sacrilegio respecto de la carta fundamental, y con el apoyo del presidente democratacristiano de la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados para implementar una reforma constitucional ilegal.

Asimismo, se ha reactivado la violencia en las calles, sobre todo en la oscuridad y con un estado de Excepción vigente, y se ha extendido a amenazas de muerte a parlamentarios elegidos por la ciudadanía, con tibias condenas de una parte importante de sus pares.

Sin duda, enfrentamos una crisis política e institucional de envergadura, la que puede tener imprevisibles consecuencias.

En estos momentos se especula un cambio de gabinete. Sin embargo, nos preguntamos si esto es suficiente o si más bien se requiere, para mitigar la crisis, un cambio en la conducción política, incluyendo el alcance del rol presidencial en lo que se refiere a su protagonismo y, desde luego, el restablecimiento del orden público.

Cerca del 30% de los ahorrantes en fondos previsionales que hagan efectivo el retiro aprobado por el Congreso quedarán sin ningún tipo de previsión para el futuro, porque en la tramitación de este proyecto se rechazó un articulado que pretendía crear un fondo solidario de origen estatal para reestablecer los fondos retirados. No está de más indicar también que cerca de la mitad de los ahorrantes podrán retirar menos de 500 mil pesos. Ciertamente inferiores al llamado paquete de ayuda a la clase media del gobierno, que considera montos mayores. Este mayor esfuerzo fiscal podría ser de hasta unos 18.000 millones de dólares, con lo que la deuda pública, pactada por la llamada comisión de economistas transversales, de un 45% como porcentaje del PIB en 2022, ha sido hecho trizas. Futuros impuestos le esperan a nuestros hijos y nietos.

Ha sido a propósito de esta nueva derrota consecutiva en aproximadamente dos semanas de La Moneda, por el proyecto de retiro anticipado del 10% del ahorro previsional, con votos decisivos de parlamentarios oficialistas de la UDI y RN,  que se está reflejando la falta de liderazgo y conducción política del gobierno.

La Moneda, frente al duro impacto de la cuarentena, ofreció un plan de ayuda superior al retiro propuesto en el proyecto de ley de retiro de fondos previsionales, que consideraba un sustancial monto de recursos administrados por el Estado, en lugar de utilizar los ahorros de los trabajadores. Sin embargo, la oposición, animada por la expectativa de infringirle una derrota al gobierno, votó en bloque y contó con la ayuda clave de varios parlamentarios del oficialismo, anticipando con ello también un dificultoso itinerario frente al programa de elecciones que enfrentará el país en los próximos meses.

Es cierto que La Moneda fue incapaz de explicar -en una campaña comunicacional fallida- por qué su plan era mejor, y que llegó además tarde, pero el carácter populista fue más importante para que 13 diputados y 5 senadores de la coalición oficialista apoyaron la iniciativa. En el futuro ellos deberán asumir su responsabilidad, sobre todo cuando se constaten los graves efectos de su decisión.

Al pasar al Senado esta iniciativa, aparecieron otras características. Ricardo Lagos Weber descubrió que el proyecto era regresivo, es decir, favorecía a los sectores de más altos ingresos de la población porque el retiro está exento de impuestos, y que aquellos recursos no irían precisamente a enfrentar la emergencia sino que serían utilizados para fines distintos de las urgencias que demandaba la pandemia; parecía que el impacto del retiro de fondos anticipado provocaría daños en el valor de los ahorros allí guardados. Otras voces también indicaron que sería recomendable que el retiro fuera efectuado hasta en un plazo de 24 meses.

La priorización en el uso de los recursos reveló inmediatamente algo obvio: esta reforma no es para ayudar a los más vulnerables, sino para infringirle un daño severo al actual sistema previsional chileno, para transformarlo en un sistema de reparto administrado por el Estado. El propio presidente del partido que integra el senador aludido lo desdijo públicamente, porque él tiene otra agenda política. En definitiva, junto con esta reforma se esconde el objetivo más preciado de la extrema izquierda: la polarización del debate político. Incluso el presidente de la DC argumentó que si el presidente de la República usaba el veto que le confiere la actual Constitución, habría violencia, mismo argumento utilizado por un conocido líder del FA hace un par de semanas, el cual luego del exabrupto desapareció del debate. ¿Quién garantiza entonces que durante el proceso constituyente, en caso de aprobarse, no se utilice el mismo expediente?

Durante la primera semana de agosto conoceremos el Imacec de junio. De acuerdo a mis cálculos, éste debería ubicarse entre 17% a 20% de caída y, de no existir planes de protección al empleo, arrojaría una cifra incluso superior al 20% de desempleo. Urge un plan de inversiones públicas que ayude a la reactivación, acordado hace un mes y del cual no hemos conocido detalle. Es fácil advertir las dificultades para anunciar un plan de reactivación en las actuales circunstancias.

Con todo, la mitigación de la pandemia que comienza a mostrar sus primeros indicios más el levantamiento gradual de la cuarentena debiera conducir a una mejor trayectoria de nuestra economía durante el segundo semestre.

Por todo lo demás mi abuelita habría dicho: “es la cueca en pelota arriba del piano”.

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