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Publicado el 13 de enero, 2020

 Alejandro Alarcón: La ciudadanía silenciosa

Economista Alejandro Alarcón

La clase media luchadora de este país recibió otro brusco golpe. Tanto los que perdieron el empleo como los que verificaron que sus hijos no pudieron dar la PSU -por decisiones de terceros que tienen una agenda que no ha sido consultada a esta ciudadanía silenciosa- están pensando quiénes son los que están decidiendo por ellos, y obligándolos a ser más pobres en el presente y también en el futuro, a través de sus hijos.

Alejandro Alarcón Economista

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En pocos días se cumplirán tres meses que el país vive una de las mayores convulsiones que ha debido enfrentar en su vida republicana. Las protestas pacíficas han mostrado que la búsqueda de mayor equidad constituye una demanda social que debe ser atendida y que ciertamente está pendiente de ser resuelta plenamente, criterio que es compartido por amplios segmentos de la sociedad chilena.

Sin embargo, después de la firma del llamado Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución que condujera a un proceso constituyente y a una nueva constitución de la república, la paz está lejos de ser alcanzada. Varios grupos políticos, que pretenden servirse de esta convulsión, continúan ejerciendo grados de violencia que son incompatibles con el estado de derecho y la democracia, amenazando no solo el acuerdo, sino que también prolongando la incertidumbre y la inestabilidad política que amenaza  peligrosamente la trayectoria de nuestra economía y con ello aumentando, aunque todavía no se ha verificado por los rezagos que presenta el impacto de la crisis sobre el mercado laboral, la probabilidad de tasas de desempleo de dos dígitos. En estos momentos, el número ya está cerca de 200.000 y podría alcanzar los 300.000. A fines de este trimestre comenzaremos a sentir con fuerza esa magnitud de desempleo.

Los trabajadores solo tienen su trabajo, viven de eso, no viven de rentas derivadas de propiedades ni tampoco ingresos provenientes de instrumentos financieros, y cuando pierden el empleo sus ingresos colapsan, como también el consumo de millones que dependen de él.

La persistencia de la violencia, las quemas de iglesias y otros edificios públicos y privados, el saqueo de pequeños comerciantes, solo agravan esta situación, e inmediatamente llegamos a la pregunta: ¿a quién esa mayoría ciudadana responsabilizará por la pérdida del sustento que afecta el bienestar de sus familias? El gobierno no ha podido restablecer el orden público, y la fuerza de Carabineros está bajo el severo escrutinio de las organizaciones de derechos humanos y de grupos políticos en la oposición que, reconociendo a todos ellos su legítimo derecho de proteger de excesos sobre los que protestan, no han establecido un claro mensaje de rechazo a la utilización de la violencia e incluso algunos de ellos , de la oposición democrática , han condicionado el resultado del plebiscito, y la paz social a la  no concreción del rechazo a una nueva constitución. Se ha roto el balance entre la protesta y la mantención del orden público.

Hace pocos días, además, 80.000 estudiantes aproximadamente, de un total de 300.000, fueron privados de ejercer un derecho básico: tener la oportunidad de dar un examen que les permita acceder a la educación superior. Esto, simplemente porque un grupo minoritario decidió por ellos y boicoteó la administración de la PSU mediante el uso de la fuerza, situación que tuvo una reprobación generalizada, y sobre todo entre los padres de aquellos estudiantes que querían voluntariamente realizar el test.

La clase media luchadora de este país recibió entonces otro brusco golpe. Tanto los que perdieron el empleo como los que verificaron que sus hijos no pudieron dar la PSU -por decisiones de terceros que tienen una agenda que no ha sido consultada a esa ciudadanía silenciosa- están pensando quiénes son los que están decidiendo por ellos, y obligándolos a ser más pobres en el presente y también en el futuro, a través de sus hijos.

La ciudadanía silenciosa irá a votar a partir de abril y luego en otras elecciones en los próximos dos años, y todas las posiciones estarán bajo el escrutinio de aquella ciudadanía que utilizará la democracia para asignar responsabilidades de todo lo que ha  pasado, y el veredicto  inapelable de las urnas, indicará qué clase de país quiere la sociedad chilena.

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