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Publicado el 6 mayo, 2021

Alejandra Ferreiro: Reparación integral de las víctimas

Subdirectora Ejecutiva Fundación Pacto Social Alejandra Ferreiro

Uno de los principales problemas del sistema de justicia es el hecho de que solo las personas que cometen delito tienen derecho a defensa jurídica pagada por el Estado, mientras que las víctimas no gozan del mismo beneficio.

Alejandra Ferreiro Subdirectora Ejecutiva Fundación Pacto Social
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La mayoría de las causas que son investigadas por el Ministerio Público terminan siendo archivadas por falta de antecedentes. En efecto, según cifras del mismo ministerio, en 2018, se obtuvo condena en un 13,52% de los casos investigados, mientras que un 49,44% de las causas fueron archivadas sin identificar un responsable.

La Constitución actual asegura a todas las personas la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos y el acceso a defensa jurídica. La ley indicará los casos y las formas en que las personas víctimas de delito dispondrán de defensa jurídica gratuita para ejercer la acción penal correspondiente.

Sin embargo, a pesar de la normativa legal, líderes sociales de todo el país han levantado como uno de los principales problemas del sistema de justicia el hecho de que solo las personas que cometen delito tienen derecho a defensa jurídica pagada por el Estado, mientras que las víctimas no gozan del mismo beneficio.

El acceso a la justicia debe entenderse como un pilar del estado de derecho y, por ende, es obligación del Estado que exista una institucionalidad que realmente permita la materialización de este derecho. Asimismo, este derecho se encuentra consagrado en tratados internacionales ratificados por Chile y es una de las metas de desarrollo sostenible comprometidas por nuestro país para el año 2030.

No puede ser que el delincuente tenga acceso gratuito a un abogado a través de la Defensoría Penal Pública, en tanto que la víctima debe esperar que su causa no sea archivada, o bien o pagar un abogado si quiere presentar una querella, posibilidad que no muchas personas tienen.

Se hace indispensable también considerar un apoyo integral a la víctima que provenga de la misma institución, ya que muchas veces éstas terminan psicológicamente afectadas después del delito y no cuentan con una red suficiente para enfrentar esta situación. La víctima debiera ser informada en la misma instancia de todos sus derechos y posibilidades de reparación.

En respuesta de todo lo anterior, es que los mismos dirigentes sociales y ciudadanos exigen que la nueva Constitución consagre la existencia de una Defensoría de las Víctimas, la cual permita a la persona afectada por un delito ser informada de sus derechos, presentar una querella a través de un abogado, y también ser reparada y apoyada psicológicamente.

La importancia de la consagración constitucional es que la Defensoría de las Víctimas tendría autonomía de la política y podría accionar contra cualquier órgano del Estado. De esta forma, se lograría plantear una arista de un tema no muy desarrollado (la seguridad en la nueva Constitución), y equiparar la situación de la víctima con la del delincuente, permitiendo a todas las personas el igual acceso a la justicia.

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