Hace menos de un mes, ad-portas de cerrarse el Año Legislativo 2014 (que terminaba el 31 de enero de 2015), las autoridades del gobierno destacaban el “cumplimiento de la agenda legislativa 2014”, con la aprobación de 10 normativas prioritarias, antes del 31 de enero, logros comprometidos a fines de octubre por parte del Ejecutivo.
Ahora que está por inaugurarse el Período Legislativo 2015, se viene a la mente la frase atribuida a Napoleón: “vísteme despacio porque voy apurado”, que a su vez se basaría en la exhortación que el emperador Augusto hacía a sus servidores, «Apresúrate lentamente»… sabio consejo que fue adoptando diversas variantes.
El quehacer legislativo de nuestro país parece prescindir de estas sabias palabras, llegando al punto de identificar “éxito” con el cumplimiento de una agenda apretada y autoimpuesta, reflejado en un logro cuantitativo -qué duda cabe- pero a expensas de un logro cualitativo. En efecto, llama la atención que para lograr acuerdos en ciertas materias y “cumplir” estos plazos autoimpuestos por el gobierno, se llegó a “dejar para otra ley” el arreglo de defectos que tenían los proyectos en discusión en el Parlamento.
Tanto es así, que las autoridades han destacado agradecidamente que -gracias a la tramitación en el Congreso y el compromiso de los parlamentarios de la Nueva Mayoría y sectores independientes-, se cumplió el plazo propuesto por la Presidenta Bachelet para avanzar en las metas legislativas prioritarias del Ejecutivo. Sin embargo, este desempeñó fue posible a costa de sesiones maratónicas la última quincena del mes de enero, en que al final “moros y cristianos” terminaron “dejando pasar” errores para ser mejorados en otra ley posterior (compromisos de por medio), para llegar al altar sagrado del cumplimiento. Esto, sin embargo, no ha dejado contentos a los ciudadanos a quienes va dirigida esta profusa legislación, y así lo han hecho sentir las organizaciones civiles de toda índole. Ni siquiera ha dejado contentos a ciertos parlamentarios que tuvieron que dar su “brazo a torcer” para que no los identificaran como quienes retrasaban este tren desbocado que se precipitaba a la estación del “cumplimiento”. El propio gobierno calificaba de “errores comunicacionales” a la falta de apoyo ciudadano a algunos proyectos. ¿Hubiera sido muy terrible tomarse unas cuantas semanas para informar adecuadamente a la ciudadanía? ¿O simplemente se prescinde de esta opinión porque el gobierno pretende saber mejor que los ciudadanos mismos lo que les conviene?
Estos agradecimientos en pos del cumpliento emanan del gobierno con la mejor disposición del mundo, pero pareciera que se ha dejado de lado uno de los principios más sagrados del estado de derecho moderno: la separación de los poderes del Estado. Se supone que el Parlamento es para debatir las leyes y depurar los textos propuestos tanto por el Ejecutivo como por los parlamentarios, de modo tal que el texto final realmente refleje los ideales de justicia y libertad para que el Estado pueda cumplir con sus fines, el principal de los cuales es la consecución del bien común. Para esto, necesitamos que el Parlamento materialice su función de poder del Estado independiente del poder Ejecutivo y deje de considerarse como un “brazo” del gobierno de turno. Si es una prolongación del gobierno, ¿para qué le pagamos a los parlamentarios? Si “la pasada por el Congreso” se convierte en un “trámite más” del Ejecutivo, se abre el espacio indeseado de los abusos que justamente nuestra Constitución pretende evitar con la separación de los poderes del Estado.
El 2015 promete ser un año de frenética actividad legislativa; al cierre de este artículo, el gobierno ha destacado como prioritarios diversos proyectos ya presentados (entre los que destacan la reforma laboral, Ley sobre despenalización de la interrupción del embarazo, Ley antiterrorista), y ha anunciado la presentación de proyectos sobre la gratuidad y regulación de la educación superior, desmunicipalización de la educación, carrera docente, transparencia, regulación entre los público y lo privado tanto a nivel legislativo como de normativa administrativa, junto a posibles reformas en materia previsional y de salud, además de la eventual reforma constitucional. No obstante, es de esperar que este frensí de actividad legislativa no sea como la del 2014, irreflexiva, apurada, a “mata caballo”.
Si hay apuro, vayamos “despacio”. La reflexión y prolijidad del trabajo parlamentario lo agradeceremos todos los chilenos, especialmente si tomamos en cuenta el desinflado escenario económico que nos tocará este año.
Ojalá que el Congreso oiga de verdad a la ciudadanía y a la sociedad civil. Que los derechos y libertades de las personas se respeten por sobre empujar una agenda política que no convence (en algunos casos ni siquiera al interior de la NM), sino más bien que el trabajo legislativo -que se plasma en leyes que debieran ser más o menos permanentes- propenda al respeto a los derechos de la personas y reflejen el ideal de justicia.
Bárbara Vidaurre, Directora del Programa Legistlativo Libertad y Desarrollo.
FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO