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Publicado el 13 de marzo, 2015

A propósito del Consejo Asesor Presidencial…

Confiar en que éste rescate el prestigio de negocios y política es casi tan ingenuo como esperar que una comisión investigadora del Congreso saque algo en limpio en el tema que sea.
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Tal como están las cosas en Chile por estos días, sugerir en voz alta que “la libertad económica es un requisito esencial de la libertad política”, como sostenía Milton Friedman, sería invitar el escarnio público, si es que no un linchamiento. ¿Acaso no ha sido la libertad económica, en su modalidad más libertina, la que ha terminado por corromper a la política, como demuestran los escándalos Caval y Penta? ¿No sería mejor ponerles más límites a los actores económicos y políticos —en especial los más poderosos— para asegurarnos de que respetan las reglas y no abusan de su posición? ¡Menos mal que un Consejo Asesor Presidencial va a tomar cartas en el asunto!

Por desgracia, confiar en que un comité de “hombres buenos” rescate del lodazal el prestigio de los negocios y la política es casi tan ingenuo como esperar que una comisión investigadora del Congreso saque algo en limpio en el tema que sea. Seguramente hay aspectos de la legislación actual que se pueden mejorar, y tal vez existen vacíos normativos que convendría llenar, pero eso no va a impedir que un hijo de la Presidenta tenga línea directa con el dueño del banco al que le está pidiendo un crédito discutible —y que el banquero le preste la plata, además—, ni que empresarios bien conectados financien campañas políticas por vías irregulares o cometan fraude tributario.

La propia Mandataria, aludiendo a los escándalos recientes, dijo el lunes que “se han llevado al margen de la ética o de la prudencia, y en algunos casos derechamente al margen de la ley”. Es decir, la norma ética existe, pero fue pasada a llevar; y también existe la ley, aunque no fue respetada. No fue la ausencia de reglas claras lo que hizo posibles las operaciones turbias que hemos conocido en estos meses, sino la decisión de ignorarlas. En el fondo, lo que falló no fue el sistema —siempre perfectible, por cierto—, sino las personas con nombre y apellido que escogieron actuar de modo incorrecto.

A la hora de abordar este asunto, parece cruzarse cierta reticencia a hacer juicios morales con nuestra inveterada costumbre de resolverlo todo con nuevas leyes. En general, nos incomoda cuestionar éticamente la conducta ajena (al menos en público), quizás porque somos conscientes de que nadie está exento de tener tejado de vidrio o rabo de paja, o porque creemos que implica necesariamente asumir una intragable actitud de superioridad moral sobre el prójimo, o tal vez para no herir sentimientos (y ganarnos enemigos). Al mismo tiempo, estamos convencidos de que la solución de cualquier problema, incluso si en la raíz hay una falta ética, puede “legislarse”, por lo que todo sería cuestión de regular con buen criterio y recta intención. La fe ciega en que una nueva Constitución alumbrará un futuro mejor surge de aquí, por ejemplo.

Lo cual resulta curioso, porque les encomendamos la tarea de legislar a esos mismos políticos que, a menudo con justa razón, denostamos a diestra y siniestra por su comportamiento; los mismos, también, que con frecuencia establecen una relación poco virtuosa con el mundo del dinero. Los políticos de todo el espectro han entendido muy bien esa contradicción, y si se muestran tan dispuestos a hacer periódicos mea culpas por sus errores y a prometer celo ejemplar es porque saben que así pueden escurrir el bulto… hasta el próximo escándalo.

Como enfatizó Bachelet, la pérdida de legitimidad social de la política y del mercado “es una situación grave a la que todos juntos tenemos que ponerle freno, por el bien de nuestra democracia, por la equidad que debemos a los ciudadanos y por nuestra oportunidad de ser un país desarrollado”.

El quid está en el “todos juntos”. Para que las instituciones funcionen —y tanto la democracia como el mercado son construcciones institucionales—, los ciudadanos deben exigirles que funcionen, como mínimo, apegadas a las reglas que existen, antes de pensar en más reglas. Y para que la conducta ética en la arena pública sea la norma y no la excepción, hay que cobrar sin ruborizarse las facturas que correspondan. No será un consejo de asesores, por nobles que sean sus intenciones, el que resuelva esto por nosotros.

 

Marcel Oppliger, Periodista.

 

 

FOTO:FELIPE FREDES FERNANDEZ/AGENCIAUNO

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