No se trata de falta de agenda, de contradicciones, de vacíos de poder, de descoordinaciones, de inexperiencia o de ausencia de liderazgo, sino que todo lo anterior. En sus penosos dos meses y poco más de gobierno, el Ejecutivo va de tumbo en tumbo y no se ve ningún esfuerzo por superar este glosario de lo que describiría un desgobierno. Una y otra vez reiteran los errores que presagian una peligrosa crisis de confianza en las autoridades.

Muchos de los problemas surgen de las propias contradicciones del Presidente. En buena parte, porque no ha tenido la fuerza de carácter para conducir a su coalición al Boric 2 que asumió al poder, quien no puede eximirse de su responsabilidad en la violencia y los delitos o en las nefastas consecuencias de los retiros de los ahorros previsionales. Pero muchas de las contradicciones podría ahorrárselas si tuviera claro hacia dónde quiere ir, definiendo cómo resolverá su inclinación a tolerar la violencia en la macrozona sur (a la cual se refiere como a un conflicto del Estado con la nación pueblo mapuche) o a disculpar la delincuencia con el argumento de la necesidad.  

Los últimos días son un muestrario del caos en el Ejecutivo, donde los ministros y subsecretarios dicen y se desdicen y reiteran errores que se suponen superados, como afirmar que existen “presos políticos” en Chile o aludir al Wallmapu, término por cuyo uso debieron disculparse con las autoridades argentinas.  

Veamos algunos de los últimos desaciertos de La Moneda.

*No renovará el Estado de Excepción en el sur, porque éste sólo aporta “más violencia”, sin contribuir.

*Pero en el norte, no hay problemas en mandar a las FFAA a colaborar con la policía.

*Ante el aumento de los atentados en La Araucanía y Biobío, se compromete con los transportistas forestales, que bloquean las rutas pidiendo seguridad, a legislar un estado de excepción intermedio, sólo para proteger las vías.

*Define también apoyar el proyecto de protección de infraestructura crítica del gobierno anterior, aprobado y en discusión en comisión mixta, y solicita ponerlo en tabla.

*Se retracta de legislar y decide aplicar el mismo estado de excepción vigente hasta el 26 de marzo que él no quiso prorrogar, colgándole al decreto una cantidad de exigencias a los uniformados para eximirse a sí mismo de cualquier responsabilidad. Sin embargo, los mismos requisitos para usar la fuerza considerando los derechos humanos, la “legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad”, son suficientes para inmovilizar cualquier acción uniformada, más si como se comenta en el mundo militar, las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) se consideran insuficientes.  

* Ministras anuncian una querella contra el líder de la CAM, Héctor Llaitul, porque “en democracia no se puede alzar en armas contra el Estado ningún grupo”.

*Se retractan días después. No se presentará la querella y el Presidente sostiene que el “gobierno no persigue ideas ni declaraciones”, siendo corregido por la propia Fiscalía de la Araucanía, que aclara que el llamado de Llaitul a “organizar la resistencia armada”, trata de hechos nuevos que pueden configurar delito y que la Fiscalía no puede investigar de oficio ni tampoco incorporar en la investigación vigente de 2021 (que es una y no varias denuncias y querellas sin resultados, como aseveró la ministra del Interior).

*Destituye al contraalmirante Jorge Parga de la Defensa en la Región del Biobío a los dos días de nombrarlo. Gabriel Boric lo había confirmado en el mismo cargo en marzo, sin embargo, en los últimos días del Estado de Excepción del mando del Presidente Piñera. Lo justifica por una “declaración” (se supone que el gobierno no las persigue) de Parga en defensa de un subalterno antes que éste fuera condenado por cuasidelito de homicidio contra un joven que atropelló en el contexto de un saqueo a una pesquera en octubre de 2019. 

Con este nivel de improvisación, sólo podemos esperar que sigan aumentando los ataques, incendios y usurpaciones en el sur. Llaitul (que lidera una de los tantos grupos insurgentes) le dobló la mano al Presidente, atrapado en su irresolución. Difícilmente capitularán al uso de armas estos insurrectos porque el gobierno haya anunciado en paralelo iniciar un diálogo y un plan de inversión. Ambos caminos fueron archirecorridos por las últimas administraciones, que no lograron atajar la escalada de violencia. 

Si este caos es lo que se evidencia solo en el manejo de un tema, el Estado de Derecho, la pregunta es si la misma falta de agenda, liderazgo y contradicciones está incubando problemas graves en las demás áreas administrativas y de gestión de este mandato. Estas dificultades ya se vislumbran e impondrán un  grave costo al país.

*Pilar Molina es periodista.

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