Hace algunos días, el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, publicó una columna en El Mercurio, en donde sostuvo que en Chile estamos “avanzando” hacia un punto de inflexión en materia de infancia y adolescencia, mediante la creación de un sistema integral de protección de niños, niñas y adolescentes, lo que implicaría el robustecimiento de varias instituciones, pasando por el Consejo Nacional de la Infancia y la elaboración de una nueva Ley de Protección Integral de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, entre otros.
La pregunta del millón es: ¿Qué sentido tiene reformar la institucionalidad de la infancia si, al mismo tiempo, tenemos cunas vacías? Chile está viviendo un acelerado proceso de transformaciones demográficas que se explican por distintos cambios culturales, las que traen como efecto principal el envejecimiento poblacional (la tasa de natalidad de 1,8 hijos por mujer no supera la tasa de reposición, evaluada en 2,1 hijos por mujer), que, a juicio de las Naciones Unidas, se trata de un fenómeno “irreversible” que implica un inevitable descenso en el número de niños.
¿Qué tienen que ver estos cambios con una política realista para la infancia y la adolescencia?
Una de las únicas voces públicas que ha advertido del problema político demográfico es Ricardo Lagos. Según él, los cambios demográficos han tenido por efecto “estructuras poblacionales desiguales”, en las que “grupos con mejores condiciones socioeconómicas”, “viven más y controlan su fecundidad”, concluyendo que “es necesario revisar las políticas a favor de más nacimientos”. El diagnóstico de Lagos es valorable, sobre todo porque proviene de un sector político e intelectual que difícilmente puede ser etiquetado de conservador.
En relación a ello, una de las subtemáticas importantes que es necesario discutir es, ¿qué efecto tiene la estructura familiar en la fecundidad y en los niños? Un estudio chileno ha mostrado que los niveles de fertilidad más altos se dan en los matrimonios y/o convivencias (Cerda, 2007). En efecto, las mujeres con hogares unipersonales desean en promedio 0,7 hijos menos que las mujeres casadas y/o en convivencia. El mismo estudio constata que las mujeres sin matrimonio y/o convivencia son menos proclives a transitar hacia el nacimiento del primer hijo, concluyendo que los grupos de mujeres con una relación formal tienden a no retrasar sus decisiones de fertilidad, lo que revela que las estructuras familiares biparentales son más proclives a la fecundidad y, adicionalmente, dentro de las estructuras que sustentan la familia, el matrimonio, por su estabilidad y seguridad otorgada, sobre todo hacia la mujer y los niños, parece ser la más óptima.
Es una buena noticia que la Presidenta Bachelet haya anunciado que el embarazo dejará de ser una preexistencia en el sistema de salud privado, política que no ayuda a crear una cultura favorable a los niños —sin desmedro que será una responsabilidad ciudadana exigir a nuestras autoridades que generen un esquema que, por ejemplo, evalúe incentivos cruzados para aplacar la resistencia a una inminente alza de precios por parte de las Isapres—.
En el fondo, no parece existir por parte del Gobierno una preocupación real —a juzgar por las palabras y también por los hechos— por el futuro de la infancia, especialmente por aquellos niños que aún no han nacido. No se aprecia voluntad política para adecuar las estructuras sociales a favor de una cultura en que la infancia se encuentre en el primer nivel, empezando por proteger a las mujeres embarazadas, quienes sufren discriminaciones arbitrarias en ámbitos tan variados, partiendo por la salud, educación, previsión social, empleabilidad etc., por el sólo hecho de estar embarazadas, sobre todo aquellas que viven situaciones de vulnerabilidad. La agenda de despenalización del aborto, por ejemplo, es una solución simplista a un problema social muchísimo más complejo, el que implica que seamos capaces de poner el foco en las causas de por qué se producen los abortos y no propiciarlos como un “derecho”. La conmemoración de los 25 años de la Convención sobre los Derechos del Niño debería hacernos conscientes de que, en un futuro sin niños, ninguna celebración tiene sentido.
Cristóbal Ruiz Tagle, Director de Estudios IdeaPaís.
Luis Robert, Investigador IdeaPaís.
FOTO:GOBERNACION DE CAUTÍN/AGENCIAUNO