Esta semana, la Comisión Experta designado por el Congreso Nacional anunció y selló el acuerdo para el anteproyecto constitucional sobre el cual deberá trabajar el futuro Consejo Constitucional recientemente electo, que se instalará el 7 de junio. Se trata del cierre de una primera etapa de este segundo proceso constituyente, en que parece haber primado la sensatez, el ánimo republicano y la disposición al diálogo honesto y transparente entre representantes de distintas sensibilidades políticas.
Evidentemente, en la propuesta diseñada por los expertos existen elementos positivos, varios de ellos principios muy valiosos recogidos en la injustamente criticada y dada por muerta Constitución vigente, como también en la centenaria tradición constitucional y jurídica chilena.
Entre ellos, destaca el primer artículo del anteproyecto, que establece que “la dignidad humana es inviolable y la base del derecho y la justicia. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Su respeto y garantía es el primer deber de la comunidad política y de su forma jurídica de organización». Se trata de la consagración expresa de un principio rector del orden social, la primacía de la persona humana, como fundamento de una sociedad justa. Lo mismo ocurre al establecerse la servicialidad del Estado, que existe para servir al desarrollo integral de la persona; la centralidad de la familia en el orden constitucional y la necesaria y justa autonomía de los cuerpos intermedios, es decir, de las agrupaciones libres de personas.
Con todo, y contra lo que muchos buscan instalar, la propuesta de los expertos es recién un primer paso en la construcción de una Constitución a la altura de lo que los chilenos merecen, y no se trata de un texto sagrado ni inmodificable, muy por el contrario, el deber de los consejeros es precisamente el de acordar los cambios, correcciones y mejoras que permitan que la propuesta constitucional sometida a plebiscito signifique un verdadero avance respecto a la Constitución vigente.
En este sentido, resulta importante destacar algunos desafíos que evidentemente quedan pendientes en el trabajo de los expertos y otras cuestiones que definitivamente no quedaron bien reguladas en su propuesta. Ejemplo de ello es el rechazo a la indicación que buscaba mandatar al legislador para darle protección al que está por nacer y a la maternidad vulnerable. Excluir dicha protección del proyecto constitucional significa un evidente retroceso en los derechos de las personas, particularmente de los más vulnerables de nuestro país.
Por otro lado, sigue estando pendiente aclarar y rectificar la confusa disposición que existe en torno a la libertad de enseñanza y el derecho a la educación. El derecho preferente a educar a los hijos es un derecho y deber que recae en los padres, y no en “las familias”, como curiosamente estableció el anteproyecto y que puede originar complejos conflictos en la crianza de los hijos y la unidad de las familias. Además, en materia de derecho a la protección de la salud se rechazó la indicación que buscaba resguardar la posibilidad de que las personas tuviesen derecho a elegir sí se atienden en un establecimiento estatal o privado, cuestión que nuevamente significa un retroceso, de mantenerse así, en los derechos de los chilenos.
Además, y siendo uno de los temas centrales de la discusión constitucional, se hace necesario aclarar o determinar qué se entenderá por Estado Social y Democrático de Derecho. Si es verdad, como tantas personas repiten en la centroderecha, que dicha noción es compatible con la subsidiariedad, lo más razonable es que el principio de subsidiariedad del Estado quede explícitamente recogido en la propuesta constitucional, de la misma manera que quedó establecida la solidaridad, de modo de resguardar adecuadamente y sin dudas, la posibilidad que tienen las personas, las familias y las organizaciones de la sociedad civil de participar activamente en la búsqueda del bien común.
A su vez, parece conveniente que los consejeros retomen la redacción original del artículo relacionado a la paridad, que en la última propuesta de los expertos quedó sujeta al verbo “asegurará”, siendo preferible el “favorecerá” u otro concepto que mandate al sistema política a generar las condiciones para mejorar la participación de las mujeres en el mundo público. Finalmente, y aunque se trata de temas técnicos o de cuestiones prudenciales, parece evidente que se debe repensar la idea de instalar órdenes de partidos e iniciativas populares derogatorias de ley.
Por supuesto, el Consejo Constitucional es también una buena oportunidad para proponer innovaciones o cambios que le hagan bien a Chile, como avanzar en mayores niveles de descentralización y fortalecer el poder local -siempre acompañado de exigentes medios de fiscalización, transparencia y probidad-; propender a la modernización del Estado y a establecer límites razonables a su crecimiento, para que no se convierta en inorgánico o injusto; y hacer las correcciones que sean necesarias en materia de sistema político, que permitan conjugar los principios de gobernabilidad, representatividad y de un gobierno responsable.
En definitiva, es claro que el trabajo de los expertos da señales positivas en el sentido de alejarnos del delirio, la radicalización y el sectarismo de la última Convención Constitucional, y da cuenta de un trabajo serio y republicano. Sin embargo, la propuesta presentada evidentemente exige mejoras, correcciones e innovaciones para el bien de nuestro país y sus habitantes.
El desafío del Consejo Constitucional es, entonces, hacerse cargo de dichos desafíos y preparar una propuesta constitucional mejor que la Constitución vigente y que siente las bases del progreso social de Chile para las próximas décadas.