El Presidente Gabriel Boric anunció la “Política Nacional del Litio” en cadena nacional el jueves en la noche.
Esto no se trata del litio, su explotación y relevancia económica. Lo preocupante es la permanente necesidad de algunos sectores de reservar al Estado el protagonismo de la acción empresarial, presumiendo que la administración pública está de por sí más preparada que cualquier otra asociación para dirigir las organizaciones productivas.
Es claro que podrían existir motivos fundados para sugerir la acción del Estado como empresario, y circunstancias que justificaran dicha opción. Pero hay una enorme brecha entre aceptar en ciertos momentos que el Estado funde y dirija empresas a poner el acento permanentemente en las “grandes maravillas” de empresas gestionadas por el Estado.
Ante todo, porque sabemos que las empresas estatales no son buenas como tal, y que el Estado no es un buen empresario. O en otras palabras, en cuanto agente empresarial, el Estado puede tener la mejor de las intenciones pero escasas probabilidades de éxito. Y en esto no hay que ser experto en economía: una empresa que tiene el salvavidas del erario fiscal tiene pocos incentivos para producir de forma eficiente.
A esto cabe agregar el sentido común: si una industria privada está expuesta a múltiples formas de abuso y pérdida de recursos, imagínense lo que es una empresa a la cual los sectores políticos pueden exprimir con facilidad. No sólo tienen menos incentivos a ser eficientes, tienen claros incentivos a ser un botín de favores de todo tipo, como lamentablemente ha ocurrido en otras reparticiones y organismos estatales.
Efectivamente, el Estado tiene un rol de garante en cuanto a que se saque el mejor provecho a los recursos para el desarrollo del país, pero eso no es s sinónimo de monopolizar la explotación de las mismos, ni mucho menos gravar con impuestos exorbitantes toda actividad que aproveche los mismos.
Por ello, es justo que el proceso de generar valor con ellos no sea ajeno al beneficio de todos los chilenos, y con ello, que el Estado vele por el cumplimiento de ciertos requisitos y exigencias básicas para que la actividad económica desarrollada en torno a esos bienes tenga un resultado favorable a todos los chilenos.
Precisamente, si queremos que esos recursos generen frutos abundantes, no podemos aplicar la misma solución fallida: creer que el Estado tiene la habilidad suficiente como empresario para sacar el mejor provecho posible. Que la iniciativa de los privados sea la que explote estos bienes no significa que sea contra el interés nacional. Miren la minería del cobre. ¿Quiénes generan más ingresos fiscales? ¿La gran minera Codelco que pertenece “a todos los chilenos” o los productores privados del mineral? Son los privados. Y no es coincidencia: son más productivos, ganan más, pagan más impuestos y están menos expuestos a presiones políticas al tomar decisiones. Y en efecto, el desarrollo minero nacional en general, ha estado estrechamente ligado al rol de los privados.
Lamentablemente esta fiebre estatista no se cura fácilmente y se expande rápido tanto en la clase política como en diversos sectores de la ciudadanía. Y su difusión trasciende a las oficinas de La Moneda. La Comisión Experta también está siendo testigo del incansable entusiasmo de las izquierdas por dotar el Estado de una habilidad empresarial amplia. Aunque el texto acordado resultó replicar el estatuto constitucional vigente, las indicaciones que proponen los comisionados de izquierdas ponen en serio peligro el control que es necesario tener sobre la actuación del Estado empresario, que ha demostrado en más de una ocasión la voracidad del poder político por hacerse de recursos y de tomar decisiones empresariales con criterios políticos y no económicos.
No hay que confundir, ni confundirse. Cuando hace más de 50 años Chile apostó por la estatización masiva de la explotación del cobre, el golpe no solo fue a la imagen internacional y al patrimonio de grandes empresarios extranjeros, también fue a los chilenos.
Las políticas públicas que han fracasado en más de una ocasión en diversos países no serán exitosas por la fe de los políticos locales que las impulsan. Y no serán justas por más que sean ofrecidas por los ciudadanos como sacrificios para la vida espiritual.
Nuestros recursos naturales están para generar riqueza, no para derrocharla y dejarlas a manos de la ambición de aquellos han sabido aprovecharse del botín estatal en tantas ocasiones. Sabemos cómo comienza y cómo termina la historia: los niveles de explotación, de inversión y de recaudación en la minería del litio no serán los máximos deseables y eso significará que no se se aprovechará adecuadamente el ciclo del mineral. Para que el litio no corra esta suerte se requiere abrir su explotación a los actores privados, que tienen más experiencia y capacidad para su explotación que cualquier empresa estatal de papel o que Codelco, cuyo negocio es el cobre.
Finalmente, resulta a lo menos preocupante lo “sorprendidos” que se mostraron ciertos grupos empresariales con este anuncio del Presidente Boric, quien pocas horas antes los había convencido de que su pasado de dirigente revolucionario había quedado atrás y de que hoy se trataba de un Presidente socialdemócrata y partidario del emprendimiento.
Se trata de un necesario aprendizaje para aprender a relacionarse con un Gobierno que no está dispuesto a traicionar su propia identidad política, pero que no tiene problemas en hacer declaraciones y discursos absolutamente contradictorios con su proyecto político.