Si bien nuestra Constitución puede ameritar reformas, el llamado a una AC es irresponsable. Por un lado, el momento actual requiere de cierta mesura para identificar zonas problemáticas de nuestro orden político y económico, y un diseño cuidadoso de medidas capaz de superarlas sin mayores costos. Por otro, porque quienes la promueven se adjudican la vocería de un movimiento inorgánico, diverso y sin un petitorio establecido. Al atribuir intenciones a un movimiento social muy fragmentado, se oscurece la lectura del mismo y se hace más difícil identificar aquellas demandas prioritarias de la ciudadanía.

Para muchos, las aprensiones respecto al derecho internacional en esta materia pueden ser exageradas y retrógradas, sin embargo, hay elementos a los que es importante poner atención.

Si queremos reformar nuestras instituciones de manera adecuada y eficaz, será necesario no solo contar con un horizonte temporal largo –que obliga a generar acuerdos y superar las rencillas– sino también aprovechar ese tiempo y esa detención para encontrar las mejores “formas” que nos permitan enfrentar los desafíos que tenemos por delante.

La población debe identificarse con sus instituciones. Una institución que no está arraigada en la cultura, probablemente, fracasará.

La analogía que hace Daniel Loewe, en su columna de ayer, entre la libertad de expresión y la contaminación, sería errónea porque la primera es un derecho fundamental. Por esta razón, su limitación debe estar suficientemente fundada.

No cabe duda que un Estado que se somete a la jurisdicción de un órgano internacional demuestra un fuerte compromiso con la protección de los DDHH, pero ello no significa que hacerlo sea la única ni la mejor manera de garantizarlos.

Hasta ahora la discusión se ha centrado fundamentalmente en la igualdad entre hombres y mujeres y la autonomía de la que ellas deben gozar. Pero girando sólo en torno a esos ejes, ciertamente relevantes y valiosos, corremos el riesgo de oscurecer otras aristas que pueden iluminar el asunto.