La analogía que hace Daniel Loewe, en su columna de ayer, entre la libertad de expresión y la contaminación, sería errónea porque la primera es un derecho fundamental. Por esta razón, su limitación debe estar suficientemente fundada.

No cabe duda que un Estado que se somete a la jurisdicción de un órgano internacional demuestra un fuerte compromiso con la protección de los DDHH, pero ello no significa que hacerlo sea la única ni la mejor manera de garantizarlos.

Hasta ahora la discusión se ha centrado fundamentalmente en la igualdad entre hombres y mujeres y la autonomía de la que ellas deben gozar. Pero girando sólo en torno a esos ejes, ciertamente relevantes y valiosos, corremos el riesgo de oscurecer otras aristas que pueden iluminar el asunto.