Entre tanta discusión de viáticos, sueldos y propuestas para bajar el número de congresistas, un amigo me preguntó: ¿Qué debería hacer un parlamentario por la salud pública? Más específicamente: ¿Qué debería hacer un parlamentario de la comisión de Salud?

La respuesta no es fácil. Cada cierto tiempo la comunidad médica y científica piensa que lo mejor que podría hacer un diputado es no hacer nada, como cuando vemos a alguno de ellos gastar sus horas de trabajo promoviendo que los seguros de salud paguen la brujería, los imanes u otras terapias sin ninguna evidencia. En algunas ocasiones, vemos cosas más esperanzadoras: un parlamentario haciendo lobby por un nuevo medicamento para el AUGE o defendiendo la incorporación de un nuevo código para una enfermedad o prestación a Fonasa.

Sin embargo, esta última estrategia, adecuada desde el punto de vista de los pacientes enfermos, no lo es para generar políticas públicas que impacten en la salud de la población. Y es que el modelo enfermo-enfermedad se basa en la idea de que cada individuo es responsable de su salud y que hay que resolver cada situación en particular, según sea el caso. Es decir: no hace falta cambiar las condiciones sistémicas que rodean a la persona, sino que sólo basta con prevenir o tratar las enfermedades según aparezcan. Esto sirve para la medicina, pero no para la salud pública, que no puede ser vista simplemente como medicina para muchas personas.

Modificar las condiciones ambientales negativas es una tarea clave y en la cual la acción de los legisladores es irremplazable. Debería constituir el centro de su acción legislativa.

Sin negar el rol de la persona en su salud, el cúmulo de la evidencia científica nos dice que, en la práctica, al menos el 70% de la salud de un individuo depende de las condiciones en las que crece, se desarrolla y trabaja. Son los llamados determinantes sociales de la salud y, en su mayoría, no dependen de él. Ejemplos de esto son la contaminación ambiental, la calidad de la vivienda, la violencia en la comunidad, la seguridad en la alimentación o las condiciones de trabajo. Modificar esas condiciones ambientales, en el largo plazo, es una tarea clave, en la cual las acciones de los legisladores son irremplazables y deberían constituir el centro de su acción legislativa.

A modo de ejemplo, podemos decirle a las personas que hagan deporte y no fumen, pero sabemos que si viven particularmente en Coyhaique o en otras ciudades del sur de Chile, su expectativa de vida se verá limitada por la severa contaminación ambiental a la que están expuestos producto de la leña. También sabemos que el consumo de alcohol está relacionado con el precio y con la disponibilidad, y que en las comunidades donde es más barato y se vende en más lugares, aumentan los hechos de violencia (contra terceros que no beben) y las enfermedades asociadas al consumo. El Estado, por su parte, con los impuestos que cobra por el alcohol, es un perdedor neto: no recupera ni el 30% de lo que gasta en tratar las enfermedades relacionadas.

“Los determinantes de la enfermedad son principalmente económicos y sociales, y por lo tanto sus remedios también deben ser económicos y sociales. La medicina y la política no pueden y no deben mantenerse separadas”, decía Geoffrey Rose, uno de los «padres» de la salud pública.

¿Qué tienen en común estas dos situaciones? Primero: ambas requieren una acción legislativa. En un caso, prohibir las estufas a leña y dar acceso a medios de calefacción no contaminantes (como antes se prohibió la bencina con plomo) que estén al alcance de los recursos de las personas o restringir la publicidad de alcohol y subir los impuestos.

Segundo: es improbable que una persona en particular sienta el beneficio de dichas leyes y le vaya a agradecer al diputado que las impulsó. Y es que algunos se van a quejar de que la leña era más bonita que la estufa eléctrica, y pocos relacionarán que su hijo se enfermó menos con los cambios en las estufas. Sería interesante entonces, que nuestros diputados, a la hora de legislar, recuerden una frase de uno de los padres de la salud pública, el epidemiólogo Geoffrey Rose: “Los determinantes de la enfermedad son principalmente económicos y sociales, y por lo tanto sus remedios también deben ser económicos y sociales. La medicina y la política no pueden y no deben mantenerse separadas”. Actuar sobre estas circunstancias sociales no puede ser hecho por cada persona en particular. Puedo no usar leña en mi casa y convencer a todos mis vecinos que dejen de usar leña, pero difícilmente podré convencer a todos los habitantes de la ciudad de que hagan lo mismo. ¿Qué debería hacer entonces un legislador? Idealmente, promover las acciones legislativas que impacten en las condiciones que generan la enfermedad. En esa tarea, es irremplazable y si no lo hace él, no lo hará nadie. Es probable que así no gane más votos, pero hará de Chile, sin duda, un país más sano y justo.

 

FOTO: FRANCISCO CASTILLO D./AGENCIAUNO