Entre una inmigración descontrolada durante el gobierno de Bachelet, el estallido social y de violencia de octubre de 2019, y la pandemia, terminamos con una desocupación que fluctuó entre 1,5 y 2,5 millones de personas. Lo curioso es que esta desocupación no se manifiesta con colas de personas buscando trabajo, y sueldos a la baja, sino todo lo contrario. No se consigue gente a pesar de pagar remuneraciones más elevadas que en el pasado. Es por ello que muchos nos preguntamos ¿dónde están los desocupados?

Aquellos que están preocupados por el proceso constituyente, debieran estar mucho más preocupados por el avance del narcotráfico en las esferas de poder.

Este proceso por lo menos me da una esperanza, porque continuar con la Constitución actualmente vigente es certeza total de desastre futuro, y pretender que los cambios que deben hacerse sean efectuados dentro del Parlamento y sistema actual, es lo mismo que creer que la tierra es plana. Es de una ingenuidad absoluta.

En la medida que sigamos con la Constitución actual la situación de desgobierno y conflicto continuo no va a cambiar, sea quien sea que asuma la presidencia.

Si no hacemos cambios profundos en la duración, nominación y rol de la Corte Suprema, seguiremos con un mal sistema de justicia, aunque mejoremos las leyes y tengamos policías de investigación mas eficientes.

Con la actual seguiremos teniendo un Parlamento inoperante, populista, combativo, caro y paralizante, cuyo único resultado es quitarle la sal y el agua al gobierno de turno, cualesquiera sea su bando político.

Cuando vayamos a votar, sea por la izquierda, centro o derecha, tengamos especial cuidado de aquellos que nos quieren embolinar la perdiz, argumentando que el alumno vale tanto como el maestro, que no hay que poner notas para no traumatizar a los malos estudiantes, que los vándalos son buenos y la policía es mala… A esos políticos no los hay que financiar ni votar, sino botar.

Esta desesperación por mantener la propiedad de los sillones indigna a todo aquel que cree en la renovación, en la meritocracia y en el servicio público. Y confirma que los políticos apernados, de bando y bando, son personas que no saben vivir sin aprovecharse de los privilegios del poder.

Que los trabajadores sean accionistas de una empresa no es ninguna garantía de mejora de bienestar material ni relaciones laborales estables. No obstante, pueden existir razones políticas que compensen con creces los aspectos negativos de ello.

Con actitudes como las de dejar de pagar al jardinero o al piscinero, o pretender dejar de pagar una membresía que afecta el pago de los sueldos en un club por el solo hecho de que no se pudo hacer uso de sus servicios, terminaremos desembocando en un callejón de resentimiento. Como bien dice el dicho, seguiremos sembrando vientos para luego cosechar tormentas.

La solución no pasa por una revolución, sino por una evolución del sistema mixto que tenemos actualmente, compuesto por un pilar de ahorro individual (AFP y APV) y un pilar solidario financiado por el Estado.

Debemos ser realistas y reconocer que el actual sistema dejó de ser viable para el 80% de la población.