Los habitantes de cada comuna deberían tener una mayor injerencia en las decisiones de gasto municipal para que la inversión realmente vaya a solucionar los problemas que los aquejan.

Uno de los principales problemas del sistema de justicia es el hecho de que solo las personas que cometen delito tienen derecho a defensa jurídica pagada por el Estado, mientras que las víctimas no gozan del mismo beneficio.

Entendiendo la relación entre educación y delincuencia, urge que las políticas públicas y las decisiones se tomen considerando todos los elementos en juego, y no solamente la infraestructura del establecimiento o la voluntad de los profesores.

Es fundamental que las modalidades de participación que se establezcan en el reglamento de la Convención Constitucional sean dadas a conocer y sean ampliamente ocupadas por la ciudadanía. De lo contrario, el origen de la Constitución volverá a ser cuestionado.

No se entiende por qué en el sector privado se pueden crear sociedades en un solo día (tu empresa en un día) y que, por su parte, en el sector público, vecinos que quieren aportar al desarrollo de la comuna, tengan que esperar meses para que se les reconozca la personalidad jurídica.

Los vecinos son quienes mejor conocen dónde se encuentra la droga y la mecánica del narcotráfico en cada sector, por lo que creemos que es fundamental potenciar el trabajo conjunto del Gobierno con la sociedad civil.