Señor Director:
La actual crisis del Sistema Local de Educación Pública (SLEP) en la región de Atacama, donde las escuelas han permanecido sin clases durante casi dos meses es un lamentable episodio que ha reavivado el interés de la opinión pública en el proceso de «desmunicipalización», que parecía haberse resuelto con la correspondiente legislación durante el gobierno de la Presidenta Bachelet.
En este contexto, se debe considerar que pausar o retroceder en el proceso de desmunicipalización no sólo sería costoso desde una perspectiva financiera, sino que también demostraría una falta de seriedad por parte de la clase política. Si nuestro país se ha comprometido con un cambio a largo plazo en el sistema educativo, retroceder ante los desafíos sería una manifestación de pusilanimidad y una falta de voluntad inaceptable.
Detener la reforma presenta otros riesgos significativos. En primer lugar, es poco probable que el sistema político, que a menudo se ve abrumado por urgencias y disputas variadas, priorice la mejora de una reforma estancada. La educación pública requiere una atención urgente, como lo demuestra la inclusión de una disposición específica en el proyecto de Constitución política que se votará en diciembre, donde se otorga al Estado la responsabilidad del financiamiento y la calidad de sus instituciones.
La opción más práctica y sensata en este momento es continuar con el proceso de desmunicipalización, al mismo tiempo que se trabaja en la modificación de la legislación vigente y la mejora de los procesos de transición. Esto permitirá avanzar hacia un sistema educativo más equitativo y de calidad sin dar marcha atrás en un compromiso que es esencial para el futuro de nuestro país.
Espero que nuestra clase política pueda superar las dificultades actuales y se enfoque en el bienestar de nuestros estudiantes y el fortalecimiento de la educación pública. Es nuestra responsabilidad garantizar un futuro prometedor para las generaciones venideras.
José Tomás Zanzi, Nuevas Generaciones UDI.