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Desigualdades propiciadas por el Estado

Publicado el 08 de noviembre, 2019

Señor Director:

Es muy común en la actualidad escuchar voces que apuntan a que el sistema económico imperante en Chile – neoliberalismo – es el factor fundamental de las múltiples desigualdades. Si bien es cierto nuestro país, basándonos en los datos macroeconómicos, presenta el mayor índice de Desarrollo Humano en la región (PNUD, 2018), posee de las expectativas de vida más altas de América Latina (77,2 años los hombres y 82, 1 las mujeres), disminuyó en ocho puntos la desigualdad desde el 2000 hasta el 2015 (OCDE), cuenta con un ingreso per cápita de US$25,891 que lo posiciona en el primer lugar de Latinoamérica (FMI), ha logrado reducir considerablemente la tasa de pobreza (6,4%), y ha mantenido un nivel de crecimiento económico constante desde el retorno a la democracia, sólo por mencionar algunos indicadores, posee aún como principal falencia que dichos beneficios no han llegado e impactado en la totalidad de la población, existiendo esa sensación de que sólo algunos y algunas disfrutan de dicho éxito económico. De hecho, sin ir más lejos, de acuerdo con la Fundación Sol, hoy en día el 1 % más rico concentra el 33% de los ingresos.

Con lo anterior, qué duda cabe, se concluye que evidentemente existen imperfecciones propias del mercado en las cuáles el Estado debería –idealmente– corregir e intervenir. No obstante, lo que muchas veces no se considera al realizar este tipo de análisis, es el rol que justamente juega este ente en materia económica, el cual, sin exagerar, ha demostrado ser muy ineficiente a la hora de distribuir y asignar los recursos públicos en beneficio de la población nacional. ¿Por qué motivos se preguntarán los lectores de este medio de comunicación? Conocidos son los casos de excesivas remuneraciones que perciben funcionarios del sistema público en general, tales como diputados, senadores, superintendentes, ministros, funcionarios del sistema judicial, tesorería de la república, Codelco, entre muchos otros, casos que inclusive equivalen –en algunos casos- a 33 sueldos mínimos vigentes, y que en el concierto internacional se encuentran entre los más altos. Igualmente, son de conocimiento general las ineficientes políticas públicas de inversión implementadas en casos emblemáticos como el Transantiago, el Puente Cau Cau, el Puente sobre el Canal de Chacao, en los que, sólo en el primero de los casos mencionados, el fisco incurrió en un gasto para nada despreciable de más de 5,4 billones de pesos entre los años 2003 y 2016.

Hasta aquí todo puede parecer propio de las naturales equivocaciones en la toma de decisiones del sistema público en general. Pero cuando el Estado propicia desigualdades el problema se agudiza. Un ejemplo específico y muy revelador de esta problemática son los presupuestos per cápita con los que cuentan los municipios en el país, situación posible de constatar con simplemente buscar detalles en el sistema nacional de información municipal, datos con lo que rápidamente se identifican profundas y vergonzosas inequidades entre territorios. ¿Sabía usted que, por ejemplo, en la región metropolitana, una de las comunas más pobladas del país (Puente Alto) cuenta con un presupuesto anual por ciudadano de $136.005 mientras a escasos kilómetros los vecinos y vecinas de Las Condes, Providencia y Vitacura superan los $830.000 por habitante, dónde, inclusive, esta última comuna supera el $1.000.000 en promedio al año? ¿Sabía usted que si consideramos las capitales regionales nos encontramos con la sorpresa de que Talca (Maule), Arica (Arica y Parinacota) y Puerto Montt (Los Lagos) poseen el presupuesto más bajo a nivel país al no superar los $185.000 per cápita, mientras Iquique (Tarapacá), Punta Arenas (Magallanes) y Santiago Centro (Metropolitana) son las únicas comunas que poseen recursos por sobre los $300.000 pesos anuales? ¿Y qué sucede con las comunas más pequeñas? La situación es aún más crítica; ya se lo imaginarán.

¿Es el mercado, entonces, el gran y exclusivo problema en cuanto a generación de desigualdades en nuestro país? Evidentemente no, el Estado – a través de los gobiernos de turno y el poder legislativo – también tiene mucho de responsabilidad, y debe desarrollar un proceso más riguroso y responsable en la priorización de necesidades por territorios, y por consiguiente, en la distribución de los recursos “limitados” que recauda, principalmente, mediante los impuestos.

De: Por Cristian Cárdenas Aguilar, Docente de Ciencias Sociales
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