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Armamento antidisturbios

Publicado el 09 de noviembre, 2019

Señor Director:

En el contexto de los últimos días ha circulado por medios de comunicación un escrito presentado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública ante diferentes Cortes de Apelaciones del país en el marco de Recursos de Amparo deducidos tanto en su contra como de Carabineros de Chile, a favor de personas que han sido detenidas con infracción a sus garantías o que han visto afectada su seguridad individual. En dichos recursos se alega por los afectados el uso de cierto tipo de armamento (escopetas antidisturbios, bastones antidisturbios, gaseadores, lanzaaguas, etc.) sin un orden de jerarquía o protocolo determinado, esto es, de manera indiscriminada y con falta a la proporcionalidad. El Ministerio, en el escrito mencionado, se defiende señalando, en lo que interesa, que la forma de operar que tiene Carabineros al momento de enfrentar manifestaciones es de responsabilidad de cada funcionario en particular y que “de ninguna manera” es el Ministro del Interior el responsable de las conductas de un funcionario policial en particular, agregando que, si bien el Ministerio tiene la facultad para controlar y coordinar las acciones de la policía en materia de seguridad y orden público, “no puede señalar a las fuerzas policiales los procedimientos, el contingente, ni los equipos o armamentos a utilizar, debido a que esa determinación compete exclusivamente a los altos mandos institucionales”.

Dos posibilidades son las que se pueden apreciar frente a las declaraciones del Ministerio del Interior, ambas preocupantes ante los hechos que se están viviendo. La primera, es que el Ministerio conscientemente esté pasando por alto la naturaleza de la relación de jerarquía/dependencia que existe entre él y Carabineros, tanto por mandato constitucional como por las leyes orgánicas de la Administración del Estado y de ambas instituciones, mediante la cual el cuerpo de policía es esencialmente obediente y nunca deliberante. En esta relación el Ministerio guarda un poder para dictar órdenes concretas o instrucciones generales obligatorias para Carabineros y para mantener el control del funcionamiento y del fiel cumplimiento de sus obligaciones (artículos 7 y 11 de la Ley Orgánica de la Administración del Estado).

Prueba de lo anterior es que en noviembre del año pasado, el Ministerio del Interior dictó un Decreto en el cual le establecía lineamientos a Carabineros para el uso de la fuerza en sus intervenciones. Si pudo dictar dichos lineamientos, claramente también puede (y debe) instruir a la Institución no sólo el tipo de armas que ha de utilizar, sino que también las circunstancias específicas en que cada una ha de ser utilizada en manifestaciones. Recordemos que Carabineros, en cuanto cuerpo armado o fuerza de orden es dependiente de la sociedad civil representada por el Ministerio del Interior, quien debe indicarle la forma de operar en estos casos.

La segunda posibilidad, aún más preocupante (pero esperemos que menos probable), es que efectivamente el Ministerio tenga razón en los postulados que plantea en su escrito, esto es, que dicha Secretaría no puede definir el tipo de armamento que Carabineros utiliza en manifestaciones ni el procedimiento de su uso en contra de civiles, y que los responsables de las conductas son los funcionarios (el carabinero, individualmente considerado), Si esta posibilidad fuera real, además de implicar un desligamiento total de responsabilidad por parte del poder político a causa de los actos del cuerpo policial, nos lleva a preguntarnos ¿quién entonces instruye o controla el tipo de armamento antidisturbios y el procedimiento de de su uso por Carabineros en contra de civiles? ¿Es acaso cada funcionario policial en particular el que decide qué medio o armamento utilizar de acuerdo a una evaluación personal de las circunstancias? Frente a estas interrogantes, la frase de “obedientes y no deliberantes” nunca ha tenido que tomar más fuerza que en estos días. La responsabilidad respecto de acciones de esta naturaleza en contra de la sociedad civil no puede ni debe quedar entregada únicamente al criterio del funcionario de a pie, sino que debe recaer principalmente en los superiores de la institución y, por sobre todo, de quien tiene la potestad de control y de mando sobre ella, esta es, la Cartera de Estado correspondiente.

De: Esteban Cañas Ortega, Abogado
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