Publicado el 13 de diciembre, 2019

Subsecretaria Recabarren por informe ONU: «Tenemos disposición a acoger todo lo que pueda mejorar la protección de los DD.HH.»

Autor:

Sebastián Edwards

Desde el gobierno señalan que «en algunos casos, el informe afirma la existencia de violaciones de derechos humanos antes de que concluyan las investigaciones en curso, en el marco del Estado de Derecho».

Autor:

Sebastián Edwards

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La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, se refirió al informe entregado por la misión de la Alta Comisionada de DD.HH. de la ONU, Michelle Bachelet, en el que se detectan «violaciones a los derechos humanos» durante la crisis social en Chile, que ha estado marcada por manifestaciones y actos de violencia.

Frente a esto, la autoridad de gobierno señaló que «desde el gobierno tenemos disposición a acoger todo lo que pueda mejorar la protección de los DD.HH.»

Por su parte, el gobierno entregó sus consideraciones al informe presentado por las Naciones Unidas. «En algunos casos, el informe afirma la existencia de violaciones de derechos humanos antes de que concluyan las investigaciones en curso, en el marco del Estado de Derecho», afirma el Ejecutivo en un texto de cinco páginas.

Documento completo del gobierno en respuesta al informe de las Naciones Unidas:

1. Introducción
1.1. El Gobierno de Chile invitó el 24 de octubre de 2019 a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos a visitar nuestro país y observar en terreno la situación luego de las manifestaciones y hechos de violencia ocurridos en el país. Asimismo, a conocer las medidas implementadas por el Gobierno para restablecer la paz social, promover y proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos.

1.2. Esta invitación refleja el profundo compromiso y voluntad del Gobierno de dar cumplimiento irrestricto a la promoción y protección de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. En dicho momento, el Presidente de la República ya se había reunido y garantizado igual transparencia y máxima autonomía al Instituto
Nacional de Derechos Humanos y a la Defensoría Nacional de la Niñez.

1.3. En el día de hoy, la OACNUDH ha publicado el Informe de su visita, del cual
tomamos debida nota, cuyas recomendaciones acogemos y estudiaremos con
particular atención.
1.4. Con todo, es necesario precisar y aclarar una serie de afirmaciones y conclusiones que, a juicio del Gobierno, no están adecuadamente representadas o contienen información errada.

2. Contexto de la situación que ha enfrentado Chile

2.1. A partir del 18 de octubre, Chile vivió una situación imprevista e inédita de violencia, que se desarrolló en forma simultánea con las legítimas demandas ciudadanas por mayor justicia social. Fue la situación de violencia, y no las manifestaciones pacíficas, la que determinó la necesidad de decretar el Estado de Excepción Constitucional, pues era necesario para cumplir con la responsabilidad que el Estado tiene como primer garante de la protección de derechos humanos, que es precisamente resguardar el orden y la seguridad pública para proteger las libertades y derechos de todas las personas.

2.2. Esta ola de violencia ha significado a la fecha más de 2.500 eventos graves, incluyendo 952 saqueos, 282 incendios y destrucción a la propiedad pública y privada. Además, 148 estaciones de metro fueron vandalizadas o dañadas, 245 cuarteles policiales han sido atacados, al igual que hospitales, edificios públicos, estaciones
eléctricas supermercados y pequeños emprendimientos.

2.3. Esta situación ha afectado gravemente el orden público y la seguridad ciudadana. En este marco, el Gobierno ha tomado un conjunto de medidas, todas en el marco de la Constitución y la ley, para cumplir con su deber de garantizar el pleno ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, y al mismo tiempo reestablecer el orden
público, proteger la seguridad ciudadana y resguardar la paz social.

2.4. El Gobierno ha garantizado el derecho a la reunión y manifestación pacífica. Desde el 18 de octubre, un total de 4,5 millones de personas han participado en marchas y manifestaciones públicas, lo que da cuenta del ejercicio eficaz de este derecho. Estas  se mantuvieron incluso durante el Estado de Excepción Constitucional, donde se
desarrollaron, en un mismo día, marchas pacíficas con más de 2 millones de personas.

3. Medidas adoptadas
El Gobierno y Carabineros tomaron un conjunto de medidas oportunas, eficaces y expeditas para la promoción y el resguardo de los derechos humanos en Chile.

3.1. Medidas preventivas:

• Mandato a la fuerza pública de aplicar en forma estricta los protocolos de uso de la fuerza, bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, resguardando los derechos humanos de todos.

• Instrucción a la fuerza pública de informar sobre los mecanismos a través de los cuales se instruyó el cumplimiento de los protocolos y el plan de monitoreo de la actuación de las fuerzas policiales.

• Promoción y apoyo logístico y financiero para fortalecer la labor del INDH y la Defensoría de la Niñez.

• Coordinación con el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y el Poder Judicial para el cumplimiento íntegro del deber de investigar y sancionar posibles atropellos a los derechos humanos.

• Política de total transparencia en materia de acceso a la información y garantías para el ejercicio libre de los medios de comunicación.

• Invitación a organismos internacionales de derechos humanos a observar en terreno la situación del país.

• Convocatoria a la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal y el Comité Interministerial de Derechos Humanos, con el objetivo de resguardar los derechos humanos, particularmente en el contexto de detenciones, el uso de la fuerza en el mantenimiento del orden público y el acceso a la justicia.

3.2. Medidas correctivas:

• Apertura de sumarios administrativos e investigaciones sumarias en Carabineros de Chile. A la fecha se han abierto 856 investigaciones administrativas, cuyos antecedentes han sido remitidos al Ministerio Público en forma simultánea.

• Perfeccionamiento de los protocolos de uso de la fuerza, incorporando cámaras corporales para quienes ocupan escopetas anti disturbios, con el fin de asegurar su correcta implementación.

• Despliegue en terreno de 251 instructores de derechos humanos de Carabineros, con el objeto de asegurar correcto cumplimiento de los protocolos.

• Restricción del empleo de perdigones, proscribiendo su uso para el control de multitudes.

• Suspensión del uso de perdigones, salvo para aquellos casos en que exista un peligro inminente a la vida de un policía o civiles.

• Solicitud de un estudio actualizado de la composición de los perdigones de goma.

• Solicitud de colaboración de expertos y policías internacionales

• Reforzamiento en el entrenamiento en el uso de escopetas antidisturbios

• Análisis para la utilización de nuevos medios disuasivos que sean compatibles con los más altos estándares internacionales.

• Ampliación de la instalación de cámaras en todas las comisarías.

• Creación del Comité Técnico Asesor de Derechos Humanos, que tiene por objeto analizar y realizar propuestas en materia del actuar de Carabineros y el debido resguardo de los derechos humanos. Dicho Comité es de carácter transversal y lo componen personas de innegable trayectoria en la materia.

• Creación del Consejo para la Reforma de Carabineros, cuyo propósito es proponer un conjunto de reformas profundas a Carabineros relativas a su modernización, el orden público y la protección de los derechos humanos como eje transversal.

4. Asistencia a las víctimas

4.1. El Estado lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas y el gran número de personas lesionadas que se han producido en este contexto de violencia extrema, afectando en muchos casos la integridad física o psíquica de civiles y funcionarios de la fuerza pública. Igualmente lamentamos que, a la fecha, 2.592 carabineros han
sufrido lesiones, de los cuales 159 son graves.

4.2 El Gobierno, a través de sus Ministerios y en coordinación con la sociedad civil, ha asumido el compromiso de prestar asistencia a las personas que han denunciado ser víctimas de la violencia, incluyendo: (a) la conformación de un equipo de profesionales para coordinar y acompañar a las mujeres que hayan denunciado violencia sexual y un convenio de cooperación con ONU Mujeres; (b) el Programa Integral de Recuperación Ocular y Plan de Ayuda y Asistencia Médica y Social para lesionados graves; (c) un programa de apoyo y contención psicológica a jóvenes que han denunciado ser víctimas de vulneraciones de sus derechos durante las manifestaciones, liderado por
el Instituto Nacional de la Juventud y la Fundación para la Confianza.

5. Institucionalidad del Estado

5.1. Chile es una república democrática con plena separación de los Poderes del Estado y un Estado de Derecho que garantiza el funcionamiento de las instituciones públicas y autónomas para proteger a la ciudadanía en el ejercicio y resguardo de sus derechos.

5.2. El Congreso Nacional, los Tribunales de Justicia, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez han ejercido su función en forma independiente, imperando en Chile el ejercicio pleno de los derechos y libertades fundamentales.

6. Comentarios y precisiones a las afirmaciones contenidas en el Informe

6.1 Muertes: en relación a la afirmación de 26 muertes ocurridas en el contexto de las protestas, cabe señalar que de esas 4 podrían atribuirse a agentes del Estado, tal como lo señala el Informe. Los demás casos corresponden a fallecimientos atribuibles a otras causas, la mayoría de los cuales ocurrieron en el contexto de saqueos e incendios y no tienen relación alguna con las manifestaciones pacíficas. Todos los cuales están siendo investigados por el Ministerio Público.

6.2 Lesiones Oculares: el Informe no incluye las cifras entregadas por el Ministerio de Salud, proporcionadas por la Unidad Trauma Ocular del Hospital El Salvador. Entre el 18 de octubre y 02 de diciembre se han atendido a 239 pacientes, de los cuáles 16 han sufrido pérdida total de la visión un ojo y 75 tienen visión normal. 148 pacientes están en evaluación de recuperabilidad. Adicionalmente, el Gobierno lamenta profundamente el caso de dos personas que han perdido completamente la visión en sus dos ojos.

6.3 Ejecuciones Extrajudiciales: no corresponde utilizar esta figura en un país donde funciona plenamente el Estado de Derecho, pretendiendo involucrar a dos agentes del Estado imputados como autores del delito de homicidio y cuya investigación está en manos del Ministerio Público. Sólo se establecerá su veracidad en la sentencia judicial correspondiente.

6.4 Libertad de la Prensa y Defensores de Derechos Humanos: el informe no entrega antecedentes que demuestren la existencia de represalias o restricciones al trabajo de los defensores de derechos humanos y al ejercicio de libertad de expresión y de prensa, por parte del Estado. Por el contrario, la colaboración ha sido total y
permanente, lo cual ha sido públicamente reconocido por las instituciones involucradas. El funcionamiento de los medios escritos radiales y de televisión dan cuenta de una amplia y libre cobertura de los hechos. Durante los 7 días en que hubo toques de queda, 1411 salvoconductos fueron entregados al INDH, 1082 a abogados y 1746 a periodistas para desempeñar su labor.

6.5 Hostigamiento a Líderes Estudiantiles: el Informe hace referencia a un único caso, que corresponde a una estudiante aprehendida por el quebrantamiento del toque de queda, no existiendo antecedentes que permitan afirmar que existió hostigamiento.

6.6 Personas Detenidas: el Informe señala que muchos de ellos son “jóvenes sin antecedentes penales”. Al respecto, cabe precisar que 78% de los casos registran al menos una detención previa. Además, 81% de los detenidos por saqueos había sido arrestado al menos una vez antes y 63% de los detenidos por desórdenes había sido detenido con anterioridad.

El Informe se refiere a detenciones indiscriminadas y arbitrarias. Al respecto, cabe clarificar que el 95,1% de todas las detenciones efectuadas desde el 18 de octubre han sido declaradas legales por los Tribunales de Justicia.

7. Conclusiones

7.1. En algunos casos, el Informe afirma la existencia de violaciones de derechos humanos antes de que concluyan las investigaciones en curso, en el marco del Estado de Derecho y la institucionalidad democrática del país. En ese sentido, el Gobierno reitera la importancia de validar las fuentes de información, pues se han corroborado un gran número de noticias falsas profusamente divulgadas pese a ser descartadas por el Ministerio Público o los Tribunales de Justicia.

7.2. El Gobierno de Chile agradece a la OACNUDH por la celeridad con la que concretó su visita y por la disposición que tuvo su Misión para recabar informaciones, tanto del Gobierno como de la sociedad civil. Las orientaciones y recomendaciones OACNUDH son bienvenidas, ya que tienen como objetivo mejorar prácticas en materia de  derechos humanos, siendo estos una prioridad para el Estado de Chile. Sus recomendaciones contribuirán al análisis integral a que estamos abocados, en esta importante materia.

 

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