Publicado el 26 de abril, 2019

Ministro suspendido de la Corte de Apelaciones de Rancagua queda formalizado por enriqucimiento ilícito y prevaricación y se establece el plazo de 180 días de investigación

Autor:

Sebastián Edwards

Al juez Emilio Elgueta se le acusa de haber recibido depósitos de abogados,  de enriquecimiento ilícito y prevaricación. Además, se fijó una audiencia de formalización para el 7 de junio a las 09:00 horas. El fiscal Sergio Moya anunció que se investigará a otras personas involucradas en el caso.

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Sebastián Edwards

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Terminó la formalización del juez Emilio Elgueta, suspendido de la Corte de Apelaciones de Rancagua por presunto enriquecimiento ilícito y prevaricación.

La resolución de la audiencia estableció que Elgueta queda sin medidas cauteleras y se fijó el plazo de 180 días para la investigación y se fijó una nueva audiencia de formalización para el 7 de junio a las 09:00 horas.

La abogada defensora de Elgueta, Blanca Rebolledo, pidió recusación de la parte querellante y la nulidad de esta formalización acusando vicios de ilegalidad. Sin embargo, la jueza del Tribunal de Garantía de Rancagua,  Paz Reyes,  rechazó sin embargo estas dos solicitudes.

El fiscal de Alta Complejidad, Sergio Moya, señaló que «al día de hoy no se configura una asociación ilícita. Estamos trabajando en la sexta región tanto en el ámbito civil como criminal. Estamos investigando a otros funcionarios que van a ser investigados en otra fecha. Se trata de funcionarios públicos y personas particulares».

En esta línea, agregó que «el solo hecho de que hayan varios apersonas imputadas no quiere decir que haya una organización criminal». Y reiteró que se investigara a otras personas.

La defensa de Elgueta señaló que esta causa estaba derivada al fiscal regional de la región de O´Higgins, Emiliano Arias. Frente a esto, Moya señaló que «esa investigación siempre ha estado a mi cargo por lo que los antecedentes que plantearon hoy no tienen asidero de la realidad».

Al ser consultado por posibles vínculos de personeros políticos con el caso- uno de los cuestionados es el socialista Juan Pablo Letelier-, Moya señaló que «vinculaciones políticas hasta ahora en esta causa no existen. No he determinado ningún vínculo con representantes de elección popular».

Respecto a la denuncia que presentó en contra del fiscal Arias, el persecutor afirmó que «no voy a hablar de a denuncia que y formule. Si hay antecedentes de que ahí son varios los querellantes que han tomado conocimiento de los whatsapp».

En cuanto al delito de prevaricación, Moya sostuvo que Elgueta «intervino directamente recurso de protección interpuesto por su médico personal, hermano de la Logia de Rancagua y, por sobre todo amigo personal, Luis Arenas, quien al día de hoy se encuentra condenado por trafico de psicotrópicos y estupefacientes».

En el mismo tono, agregó que «Elgueta, en plena consciencia de la relación que tenía con el médico, no se inhabilitó ni informó a las partes (…) incluso transmitió, vía Whatsapp, el avance que dicho recurso tenía en la Corte de Apelaciones».

Elgueta recibió montos por $28.652.021. Según Moya, el juez suspendido había recibido estos dineros a través de «depósitos realizados por caja por el mismo indagado por cifras que van entre los $400 mil y tres millones de pesos; transferencias hechas por terceros; y depósitos de cheques».

Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado, el cual es querellante en la causa, solicitó que se oficie a la Contraloría y a la Corporación Administrativa del Poder Judicial con el objeto de que remita copia de las declaraciones de patrimonio e intereses de los últimos cinco años de Elgueta.

En la misma línea, pidió  determinar los ingresos y egresos verificados en las cuentas y patrimonio en los últimos cinco años.

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