Publicado el 14 de junio, 2020

Ministro Briones explica detalles del acuerdo sellado con la oposición

Autor:

Emily Avendaño

Se acordó un programa fiscal adicional de hasta US$ 12.000 millones en los próximos 24 meses; y el aumento del monto y cobertura del Ingreso Familiar de Emergencia, desde los actuales $ 65.000 a $100.000 pesos por persona, llegando a cubrir el 80% más vulnerable de la población.

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Emily Avendaño

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En la madrugada se logró sellar el acuerdo entre el Gobierno y los partidos de Chile Vamos con las tiendas de oposición PS, el PPD y la DC. Ambos sectores consensuaron un plan que, explicó el ministro de Hacienda Ignacio Briones, se basa en tres ejes: marco fiscal por 24 meses; protección de los ingresos de las familias y de los trabajadores e impulsar la reactivación económica a través de planes de apoyo a los empleos y a la inversión.

El punto de traba que era el monto y cobertura del Ingreso Familiar de Emergencia se pudo zanjar. Así, desde el Ejecutivo se accedió a subir desde los $ 65.000 actuales a $ 100.000 el monto del IFE por persona. Además, se busca cubrir al 80% más vulnerable de la población. Esto implica que las familias de 4 personas recibirán $ 400.000.

Escribió el ministro Briones en sus redes sociales a las 3:55 am: “Frente al llamado del Presidente Sebastián Piñera, hemos conciliado las legítimas diferencias por un fin superior: proteger la vida y los medios para la vida de millones de chilenas y chilenos, estableciendo este marco de entendimiento respecto a un plan de emergencia”.

En cuanto a los ejes detalló que se implementará un programa fiscal adicional de hasta US$ 12.000 millones en los próximos 24 meses, creando un fondo extrapresupuestario desde el cual el gobierno ejecutará las medidas; eso en cuanto al marco fiscal. En el segundo punto, además de aumentar el monto y cobertura del IFE, se suman nuevos Fondos Municipales por US$ 120 millones, aportes a organizaciones sociales de la sociedad civil, fondos en salud por US$ 500 millones, apoyo a trabajadores independientes con boleta y protección a madres, padres y cuidadores de niños en edad preescolar.

Sobre el tercer punto, referido a la reactivación económica, se buscará incrementando temporalmente los subsidios al empleo, sumando medidas de adaptabilidad y flexibilidad laboral, fortaleciendo el apoyo a Pymes y un fuerte plan de inversión pública; y se implementarán medidas tributarias como la rebaja del 50% del impuesto de primera categoría del régimen Pro-Pyme (para 2020, 2021 y 2022), la ampliación del esquema de depreciación instantánea, una simplificación regulatoria y varias medidas en pos de la liquidez, entre otras.

«Lo que parecía tan difícil hace tan solo algunas semanas ha sido posible esta noche gracias a la colaboración de todos los sectores. Nos hemos sentado a la mesa para trabajar y conversar, haciendo un esfuerzo de lado y lado, de forma sincera y honesta», manifestó Briones.

El ministro afirmó que esta semana ingresará un proyecto de ley con con discusión inmediata en el Congreso, para que el pago de la segunda cuota del IFE pueda hacer en junio con los nuevos montos.

En el programa Mesa Central, de T13, se refirió a la sorpresiva salida del diputado Giorgio Jackson (RD) de la mesa de negociación. «Contribuyó mucho, tuvo muchas buenas ideas, el clima, el aporte fue constructivo y a todos nos sorprendió que ayer se bajara», lamentó. En la misma línea subrayó que la salida de Jaime Mañalich del Ministerio de Salud no tuvo nada que ver con las negociaciones.

«Lo digo firme y claro: no fue así, no tuvo nada que ver. La verdad es que llegó entre medio, a todos nos sorprendió y como lo ha dicho el propio ministro Mañalich, él renuncia voluntariamente», subrayó.

Los detalles de cada eje

*Marco fiscal: la nueva estructura legal será transitoria, y se extinguirá en un plazo máximo de dos años.

Se crea el llamado Fondo Covid, que es un fondo extra-presupuestario desde el cual el Gobierno podrá ejecutar las distintas acciones para financiar: mayores gastos corrientes (transferencias directas a las familias, apoyo a trabajadores y empresas y de apoyo a salud, incluida la salud mental); inversión pública adicional, y nuevos impulsos pro-reactivación y reconversión (incluyendo apoyos tributarios transitorios).

El financiamiento del Fondo Covid tendrá su origen en transferencias del Tesoro Público, como fondos soberanos, y/o mayor endeudamiento público. Si hacia 2022 hay un remanente del Fondo Covid, éste podría utilizarse para continuar el apoyo a la reactivación económica. En este escenario, referencialmente, la deuda pública bruta aumentaría de 28% del PIB a fines de 2019 a 43% a fines de 2022. Los Fondos Soberanos bajarían desde 9,5% del PIB a fines del año pasado hasta poco menos del 5% del PIB en 2022.

*Protección de los ingresos de las familias y los trabajadores: el «IFE 2.0» será compatible con los beneficios de ley de protección del empleo, seguro de cesantía, apoyo a los honorarios, las pensiones contributivas y no contributivas. Se computará considerando un criterio de complemento a los ingresos actuales del grupo familiar e incluye a feriantes, coleros, pescadores artesanales, pirquineros, trabajadores a honorarios, trabajadoras de casa particular, entre otros, independientemente de su fuente de ingreso, en la medida que sean elegibles para el beneficio.

El IFE mensual no será decreciente, durante los meses de junio y julio; y en agosto se considerará el equivalente al 80%, el que se podrá incrementar al 100% si las condiciones sanitarias así lo ameritan. También se verá la necesidad de prorrogar su vigencia o iniciar gradualmente la disminución de su entrega para transitar hacia la reinserción laboral.

Se entregarán nuevos Fondos Municipales por US$ 120 millones, así como un fondo de US$ 20 millones para organizaciones sociales de la sociedad civil.

El acuerdo prevé crear una segunda fase del Fondo para la salud COVID-19 para el fortalecimiento de las tareas de la emergencia que permita disminuir la exposición al contagio y enfrentar las necesidades propias de la emergencia sanitaria. Este Fondo contará con recursos por $400.000 millones.

Se propone extender la protección del empleo y mejorar el seguro de cesantía siguiendo los mismos plazos de extensión que se establezcan para IFE 2.0, con medidas como 1.- Fijar una tasa mínima de reemplazo mientras dure el IFE, equivalente a un 55% para todos los trabajadores, sean estos de contratos indefinidos o de plazo fijo; 2.-Permitir que los ingresos por acceso al seguro a cesantía sean compatibles con el IFE 2.0; y 3.-Incorporar medidas de flexibilidad para trabajadores cesantes, aquellos que pierdan su trabajo habiendo hecho uso de la Ley de Protección del Empleo, u otros que no cumplan beneficios actuales, pero que tengan recursos en sus Cuentas Individuales en el Seguro de Cesantía, para que puedan acceder a dichas prestaciones.

Se prevé la protección para padres, madres y cuidadores que son trabajadores dependientes formales de niños y niñas en edad preescolar: quienes tengan a su cuidado personal y directo un menor en edad preescolar, que no pueda realizar su trabajo habitual a distancia o a través de medios telemáticos, podrá optar por acogerse a la ley de protección al empleo perfeccionada según se ha establecido en este mismo protocolo.

*Reactivación económica: habrá incentivos a la contratación de trabajadores, con medida como el incremento temporal de la cobertura de los subsidios a la contratación vigentes para jóvenes y mujeres desde el 40% al 60% más vulnerable. Se creará un subsidio mensual, también de carácter temporal, para todo trabajador desempleado o suspendido.

Se acordó asegurar el financiamiento de las pymes introduciendo mejoras a los créditos con garantía estatal FOGAPE-COVID, como la modificación del deducible y ampliar coberturas de garantías para las pequeñas empresas.

Se fijan facilidades administrativas para re-emprendimiento y recapitalización de Pymes y disminuirán los plazos de respuestas del Estado a las Pymes e inversionistas.

El documento prevé fomentar la inversión privada, al implementar un paquete de medidas tributarias de carácter transitorio. Dentro de estas medidas se propone una rebaja a la mitad del impuesto de primera categoría del régimen Pro Pyme de la ley sobre impuesto a la renta para los ejercicios comerciales 2020, 2021 y 2022 con los resguardos necesarios para evitar malos usos.

Extender en 3 meses la suspensión del pago de los PPM, y efectuar, excepcionalmente, una devolución de los remanentes de crédito fiscal IVA a las Pymes que cumplan ciertas condiciones de buen cumplimiento tributario.

Ampliar hasta el 31 de diciembre de 2022 el esquema de depreciación instantánea al 100%. Para el año 2021 liberar a los proyectos de inversión la contribución regional de 1%, donde dicho monto será aportado a las regiones con cargo a las arcas fiscales.

El apoyo a las empresas estratégicas se evaluará caso a caso. El Estado obtendrá una remuneración coherente con los riesgos financieros en que incurra. La forma específica del apoyo financiero debe adoptarse caso a caso pudiendo considerar una combinación de las siguientes alternativas: i) una garantía estatal para alentar financiamiento de terceros; ii) deuda directa con opción de conversión en acciones iii) participación en el capital por un periodo preestablecido.

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