Publicado el 08 de octubre, 2021

Ministerio Público inicia investigación penal por los Pandora Papers

Autor:

Ángela del Canto

Según informó la directora anticorrupción de la institución, Marta Herrera podría haber involucrados delitos de cohecho y eventuales ilícitos tributarios. Desde La Moneda insistieron en la inocencia del Presidente: “Discrepamos con lo señalado por la Fiscalía, en orden a que la venta de Minera Dominga, incluyendo su forma de pago, saldo de precio, plazo y condiciones, no haya sido conocida”.

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Pasado el mediodía la Fiscalía Nacional anunció la apertura de una investigación penal contra el Presidente Sebastián Piñera por la compraventa de Minera Dominga en diciembre de 2010 y que salieron a la luz tras revelación de los ‘Pandora Papers’. Según informó la directora de la Unidad Anticorrupción de la institución, Marta Herrera podría haber involucrados delitos de cohecho y eventuales ilícitos tributarios. 

Tras cuatro días de revisión de documentos, el Ministerio Público abrió la indagatoria para determinar si el Mandatario realizó gestiones dentro de sus labores como funcionario público que podrían haber influido en la tercera cláusula del contrato en cuestión. Esto, tras determinar que la firma suscrita en Islas Vírgenes Británicas no estaba incorporado en la investigación anterior, lo que significaría un antecedente nuevo para el Ministerio Público.

La institución enfatiza en que la decisión se funda “en las recomendaciones del informe evacuado por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional (UNAC), la que analizó los antecedentes revelados por la investigación periodística internacional, Pandora Papers, sobre el contrato de compraventa de Minera Dominga, realizado en un paraíso fiscal, a fines de 2010. De acuerdo al documento en inglés suscrito por las partes, el pago de la última cuota por US$ 10 millones fue condicionado a que no hubiese modificaciones en la normativa medioambiental que entorpecieran el desarrollo del proyecto“. El hecho, complicaría a Piñera ya que esta decisión estaría dentro de sus facultades en la administración. 

Tras el anuncio, desde Palacio insistieron en la inocencia del Presidente: “Discrepamos con lo señalado por la Fiscalía, en orden a que la venta de Minera Dominga, incluyendo su forma de pago, saldo de precio, plazo y condiciones, no haya sido conocida por la Fiscalía, por el Juez de Garantía y por la Corte de Apelaciones, los cuales decretaron el sobreseimiento definitivo y la inocencia del Presidente Piñera”.

“Tenemos plena confianza en que, al igual que en todas las ocasiones anteriores, la justicia ratificará lo ya decretado por ella misma y confirmará la total inocencia del Presidente Piñera”, agregaron.

Sin embargo, tal como explicó Herrera, el caso Exalmar, que fue seguido en 2017 por el exfiscal regional Oriente Manuel Guerra y que investigó al Jefe de Estado no contempló esta arista del contrato. A pesar de que en esa instancia el Presidente fue sobreseido, “los hechos relacionados con la minera no están expresamente incluidos en la decisión de sobreseimiento del caso Exalmar, no estarían cubiertos por esa decisión, no estarían amparados por la cosa juzgada y lo que corresponde es investigar”, agregó Herrera.

Desde la fiscalía advirtieron que si los hechos están prescritos es algo que deberá determinarse en el curso de la investigación, que estará a cargo de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich. Autoridad que también lleva otras causas contra el Presidente relacionados a delitos asociados al 18 de octubre de 2019. Ante la decisión, aseguran que la designación se basa en el artículo 19 de la Ley 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, que señala que “el Fiscal Nacional podrá disponer, de oficio y de manera excepcional, que un Fiscal Regional determinado asuma la dirección de la investigación, el ejercicio de la acción penal pública y la protección de las víctimas o testigos en relación con hechos delictivos que lo hicieren necesario por su gravedad o por la complejidad de su investigación”.

La defensa

El primer fin de semana de octubre terminó en un dolor de cabeza para el Presidente. La revelación de la investigación periodística de ‘Pandora Papers’ y el informe de Ciper que acusaba un vínculo entre en Mandatario con la compraventa de minera Dominga y la familia de Carlos Délano sacudió a la opinión pública. Apenas habían sido conocidos los antecedentes y por medio de un punto de prensa fue el propio Sebastián Piñera quien el lunes negó su participación en la firma y aclaró que los hechos en que se le involucraban ya habían sido conocidos: “No son nuevos, fueron públicamente conocidos el 2017 y fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y resuelto por los tribunales de Justicia el 2017″.

Una vez más el penalista Juan Domingo Acosta será el representante legal del Presidente. Quien lo defendió por primera vez en 2007 cuando todavía era miembro de LAN, volverá a la escena en este nuevo conflicto.

Ante la arista por la que se acusa al Mandatario, Acosta aseguró que “el documento dado a conocer por ICIJ, es sólo la materialización efectiva del negocio acordado formalmente mediante el contrato denominado Acuerdo, de tal forma que la cláusula de saldo de precio es una mera transcripción de la existente en dicho documento”.

No se puede alegar que la referida cláusula en la compraventa hubiera sido desconocida para el Ministerio Público o no hubiere formado parte de la investigación ni hubiese sido revisado, toda vez que la misma estaba incluida en el documento denominado “Acuerdo”. Por lo tanto y como puede comprobarse de la carpeta investigativa correspondiente, este antecedente efectivamente formó parte de la investigación Exalmar-Dominga, causa que se encuentra terminada mediante sobreseimiento definitivo”, agregó.

 

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