Publicado el 13 de abril, 2021

“Los mapuches desentierran su hacha de guerra”, las tres páginas que el diario español ABC dedica al conflicto indígena en Chile

Autor:

Emily Avendaño

El periódico español hace una radiografía del conflicto que hace 20 años azota la macrozona sur. Detalla episodios emblemáticos como el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay, la detención la semana pasada del funcionario del Poder Judicial por tener un arsenal en su residencia o el ataque al equipo periodístico de TVN. El reportaje presenta a protagonistas y aborda causas y consecuencias del conflicto.

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Emily Avendaño

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Un repaso por los 20 años de existencia del conflicto indígena en Chile desplegó a lo largo de tres páginas el diario español ABC, en un reportaje titulado “Los mapuches desentierran su hacha de guerra”. El relato ahonda el robo de madera como mecanismos de financiación de los grupos radicales y presenta a las principales organizaciones a las que se les responsabiliza por extorsiones, corte de carreteras generales, incendios de camiones, atentados con explosivos a instalaciones eléctricas, templos religiosos y ocupación de terrenos.

“Solo entre enero y marzo quemaron medio centenar de camiones y furgonetas, una veintena de casas y cabañas, tres fábricas y una parroquia. ‘Weichan Auka Mapu’, ‘Resistencia mapuche Lavkenche’, Organización de Resistencia Territorial y brazo armado de la Coordinadora Arauco-Malleco, son algunas de las organizaciones que estarían detrás de este tipo de hechos. Los objetivos, mayoritariamente, se dan en las regiones de la Araucanía y Biobio, al sur de Chile”, describe ABC.

El medio también apunta diferentes estimaciones calculan que no son más de doscientas personas aquellos que abrazan la violencia, pero se encuentran “perfectamente pertrechados” y menciona su vínculo con organizaciones subversivas como ETA y las FARC, “la guerrilla que supuestamente les habría facilitado adiestramiento, y algunos dirigentes afines fueron recibidos en Venezuela por Diosdado Cabello y el núcleo fuerte del Gobierno de Maduro”.

La nota se va hacia los orígenes del conflicto y recuerda que el ex presidente Patricio Aylwin  impulsó la Ley Indígena para compensar a estos pueblos, a partir del cual surge el proceso de entrega de tierras a modo de reparación. No obstante, señala que “la forma en que se implementó la ley es lo que muchos consideran hoy que facilitó el ‘terrorismo rural’”.

“Hace unos años sólo el 4,5 se consideraba mapuche. Hoy, basta con tener un sexto apellido o aceptar la cosmología indígena para que se les reconozca y puedan reclamar territorios que consideran propios”, citan a Andrés Montero, director de la Sociedad Nacional de Agricultura.

“Estas poblaciones no se han beneficiado del desarrollo del país. Algunos viven en zonas muy pobres, con falta de servicios públicos, escasez de agua, educación y desnutrición. Es cierto que han sufrido mucho pero la situación de violencia es insoportable”, agrega al medio Jorge Luchsinger. “El problema -añade- no son ellos sino sus dirigentes, que los manipulan”. El Estado “expropia esas tierras y se las entrega en usufructo pero el proceso no va acompañado de capacitación y maquinaria para que aprendan a explotarlas”.

De acuerdo con ABC, “la declaración de guerra de estos grupos a los ‘colonos’ -como se refieren despectivamente a los agricultores- está atravesado por el narcotráfico y el robo de madera. En este escenario, entre las víctimas de la barbarie se cuentan también comunidades enteras de mapuches sometidos y amenazados por los violentos que operan al margen de la ley. Son los llamados ‘yanaconas’, considerados traidores a su pueblo por elegir una convivencia en paz y trabajar o colaborar con los enemigos declarados: ganaderos, agricultores, latifundistas, pequeñas, medianas y grandes empresas forestales”.

En representación de las forestales, ABC conversa con Juan José Ugarte, presidente de Corporación de la Madera (Corma) que reúne a más de 190 pequeños, medianos y grandes productores forestales: “No vinculamos la delincuencia al pueblo mapuche. Compartimos territorio con ellos, trato con más de mil comunidades, mantenemos un diálogo fluido, trabajamos juntos en proyectos de turismo y desarrollo. Tenemos una agenda de convivencia a largo plazo”. Sin embargo, Ugarte reconoce al periódico que “hay grupos descolgados”, lo que ocasiona pérdidas al gremio que se calculan entre 60 ó 70 millones de dólares al año. “Tenemos identificados a ocho grupos organizados. Es una red equipada con transmisiones satelitales, camiones tecnológicos y guardias bien pertrechados, entrenados y armados. Es una organización criminal compleja”, dice el presidente de Corma al ABC.

Un repaso por las víctimas

El reportaje de los españoles comienza con el relato de Jorge Luchsiger, quien recuerda la madrugada del 4 de enero de 2013 cuando descubrieron los dos cuerpos de sus padres carbonizados entre los escombros. También menciona el suceso del 27 de marzo cuando un equipo de Televisión Nacional (TVN) fue acribillado a balazos al dirigirse a entrevistar al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, episodio que dejó al camarógrafo Esteban Sánchez con cinco impactos y le causó la pérdida de visión de un ojo. Así como el  asesinato de un tiro en la nuca del inspector de la Policía de Investigaciones Luis Morales Balcázar, ocurrido el 7 de enero en un registro con ochocientos agentes donde se incautó una tonelada de cannabis y armamento.

Por tanto el medio advierte que “la reclamación de tierras de los indígenas en Chile es aprovechada por grupos violentos para imponer el terror contra los ‘colonos’ apoyándose en el contrabando, el narcotráfico y conexiones con grupos como ETA o las FARC”.

El escrito también se pasea por la detención, el lunes 5 de abril, de un funcionario judicial de la ciudad de Traiguén a quien se le incautó un arsenal de municiones, armas cortas y largas y explosivos. “El episodio volvió a abrir la polémica sobre el papel que desempeña en la zona un poder judicial bajo sospecha para los damnificados por los ataques”, sostienen; y para esto se sustentan con un testimonio de Luchsinger -quien recientemente denunció que un ardid judicial dejó a los asesinos de sus padres ad portas de la excarcelación-: “La permisividad de los jueces y la legislación favorecen la impunidad. Hay territorios donde ni la policía puede entrar y se asume con naturalidad… Los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, son cómplices. Se pasan la papa caliente entre ellos mientras el 98 por ciento de los casos quedan impunes”.

En cuanto a las caras visibles del conflicto, ABC señala al líder de la CAM Héctor Llaitul y a Aucan Huilcamán, portavoz del Consejo de Todas las Tierras, quien propuso un referéndum para que en territorios mapuche se prohibiera la entrada a los que no lo sean. “En este laberinto de indígenas verdaderos, falsos, descendientes de colonos y chilenos sin más, las fuerzas de seguridad también han sido víctimas y victimarios”, reflexiona la reportera de ABC a cargo de la nota Carmen de Carlos.

Convención Constitucional

El periódico también narra que en la próxima Convención Constitucional los pueblos indígenas tienen reservados 15 de los 155 escaños. En ese punto citan al exintendente de La Araucanía Luis Mayol: “Es una discriminación positiva transitoria. Una vez que se logre el punto de equilibrio, no habrá necesidad de sostener esa excepcionalidad. El modelo a seguir es el de Nueva Zelanda con los maoríes. Finalmente, fueron ellos los que pidieron que se acabara con ese trato especial”.

Mayol agrega: “Los mapuche no tienen estructura piramidal. No hay un líder que sirva como interlocutor válido. Existen 1.800 comunidades y otros tantos ‘loncos’ (dirigentes). Esta particularidad hace muy difícil llegar a acuerdos válidos pero, una vez que ocupen sus escaños y sean elegidos democráticamente por ellos mismos, el escenario de negociación estará claro y reconocido por sus pares”.

El reportaje apunta que el próximo jueves se abordará en la Cámara de Diputados un proyecto de ley -rechazado en otras ocasiones- para endurecer las penas y reforzar los recursos de los agentes, señala que en la región se acusa la “falta de voluntad” del Presidente Sebastián Piñera para atajar el problema con firmeza, y cierra -como empezó- con el testimonio de Luchsinger.

“Durante los juicios (hubo tres) jamás escuchó una palabra de arrepentimiento o de perdón, ‘tampoco proclamaron su inocencia. Eligieron no decir una palabra. El silencio’”.

 

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