Publicado el 02 de diciembre, 2019

Gobierno anuncia plan de recuperación económica por US$5.500 millones

Autor:

Sebastián Edwards

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, junto a los ministros de Interior; Gonzalo Blumel , Economía; Lucas Palacios, y Trabajo, María José Zaldívar, entregó los detalles de la iniciativa, la que incluye reactivación del empleo tras últimas cifras económicas. En la ocasión, Blumel reiteró el llamado a detener la violencia y recuperar la paz social.

Autor:

Sebastián Edwards

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El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, anunció que el gobierno implementará un plan de recuperación económica, el que considera medidas para reactivar la creación de empleos y fomentar la reconstrucción.

Previo al anuncio, el secretario de Estado informó que «estimamos que las cifras de noviembre también serán negativas y con la nueva información disponible en el ministerio de Hacienda hemos corregido la baja del crecimiento para 2019 a 1,4% y para 2020 nuestro escenario central también se reduce a un rango de crecimiento entre 1 y 1,5%».

Este plan contempla una inversión de 5.500 millones de dólares. El total se distribuye en un mayor gasto público en 2020 por US$3.025 millones, medidas de apoyo a las mipymes por US$1.950 millones y otras iniciativas por US$525 millones.

Ante esto, el titular de Hacienda señaló que «todas estas medidas son mayoritariamente transitorias, enfocadas al 2020 y concentradas en apoyar la creación de empleo de forma directa e indirecta, así como el apoyo a las empresas de menor tamaño”.

En esa línea, agregó que «la meta será un déficit estructural de 3% del PIB, el cual se reducirá a razón de 0,5% del PIB por año, llegando a 2% del PIB en 2022».

«El gasto público crecería 9,8% real en 2020 comparado con la Ley de Presupuesto del año 2019, el mayor incremento desde el año 2009. Por su parte, el déficit fiscal se elevará hasta 4,4% del PIB el próximo año, cifra similar al déficit de 4,3% del PIB registrado el año 2009», continuó Briones.

Asimismo, afirmó que «las necesidades de financiamiento para el próximo año se estiman en US$ 16.600 millones. Ellas se financiarán con emisión de deuda por hasta US$9.000 millones, 40% de la cual será en moneda extranjera, monto que será complementado con unos US$ 7.600 millones que provendrán de los activos del tesoro en moneda extranjera».

Les presentamos el paquete de medidas anunciado por el gobierno: 

1-Caída en la actividad económica y perspectivas futuras

Hemos conocido las cifras de actividad económica del mes de octubre. Los resultados son muy negativos y preocupantes. El IMACEC anota una caída de 3,4%. Se trata de la mayor baja desde julio de 2009.

Estimamos que las cifras de noviembre también serán negativas. Con la nueva información disponible, hemos corregido a la baja el crecimiento para 2019 a un 1,4%. Y para 2020, nuestro escenario central se reduce a un rango de crecimiento entre 1,0% y 1,5%.

Estos no son meros números. Implican que miles de empresas y empleos están en riesgo, impactando fuertemente a muchos de nuestros compatriotas. Las pequeñas y medianas empresas han sido particularmente afectadas.

Por eso, a la agenda social en la que como gobierno hemos logrado avanzar a través de acuerdos en el congreso, se suma hoy una nueva prioridad social con sentido de urgencia: proteger el empleo.

Las causas detrás de esta situación son evidentes: la violencia, los saqueos y la destrucción tienen frenada a la economía, con costos enormes para los chilenos. Mientras el país no retome la cotidianidad, la actividad económica funcionará a media maquina, se producirá a media máquina, se invertirá a media máquina y se afectará al empleo. Nuestra economía tiene fundamentos sólidos, instituciones sólidas, un sector empresarial sólido y trabajadores comprometidos que quieren trabajar.

2- Respuesta a la situación económica e implicancias Fiscales

Hemos estado atentos a esta compleja realidad económica, que hemos monitoreado pero que nos ha sorprendido por su magnitud y rapidez.

Enfrentar la compleja situación exige de la acción del Estado a través de una política fiscal expansiva para el año 2020 que se plasme en una agenda de protección del empleo, reactivación económica, reconstrucción y apoyo a las Pymes.

Esta agenda que hoy anunciamos, considera medidas por US$ 5.500 millones . Este total se distribuye en un mayor gasto público en 2020 por US$ 3.025 millones, medidas de apoyo a las Mipymes por US$ 1.950 millones y otras iniciativas por US$ 525 millones.

Todas estas medidas son mayoritariamente transitorias y concentradas en apoyar la creación de empleos, de forma directa o indirecta vía inversión pública, así como el apoyo a las empresas de menor tamaño. Se estima que esta agenda generará 100 mil nuevos empleos el próximo año.

Como cualquier hogar chileno que se enfrenta a una adversidad imprevista, recurriremos a nuestros ahorros y a nuestra capacidad de endeudamiento, aunque conscientes de que ambos elementos tienen límites que no se pueden sobrepasar. Esto podemos hacerlo gracias a años de responsabilidad fiscal de todos los gobiernos.

El nuevo escenario económico y el financiamiento de esta agenda modifica el compromiso de convergencia de balance estructural vigente que contemplaba una reducción del déficit estructural a razón de 0,2% del PIB por año, hasta llegar a 1% del PIB en 2022. Para el próximo año, la meta será un déficit estructural de 3% del PIB, el cual se reducirá a razón de 0,5% del PIB por año, llegando a 2% del PIB en 2022.

En este escenario, el gasto público crecería 9,8% real en 2020 comparado con la Ley de Presupuesto del año 2019, el mayor incremento desde el año 2009. Por su parte, el déficit fiscal se elevará hasta 4,4% del PIB el próximo año, cifra similar al déficit de 4,3% del PIB registrado el año 2009.

Ante este escenario, las necesidades de financiamiento para el próximo año se estiman en US$ 16.600 millones. Ellas se financiarán con emisión de deuda por hasta US$9.000 millones, 40% de la cual será en moneda extranjera, monto que será complementado con unos US$ 7.600 millones que provendrán de los activos del tesoro en moneda extranjera.

Con esto, aproximadamente US$ 11 mil millones del financiamiento necesario para el próximo año, corresponderá a uso de activos en moneda extranjera o emisión de deuda en moneda extranjera.

Considerando una combinación de deuda y activos como fuente de financiamiento para los próximos años y, dado un compromiso de convergencia hacia el balance estructural, proyectamos que la deuda pública bruta como porcentaje del PIB tenderá a estabilizarse en torno a 38% hacia fines de 2024.

De acuerdo con la institucionalidad vigente, en el Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre se presentará una actualización de las proyecciones anuales de deuda pública que se generan con este nuevo escenario macroeconómico y fiscal, considerando las diversas fuentes de financiamiento disponibles.

3-Medidas fiscales para proteger el empleo, revivir la economía, reconstruir y proteger
a las MiPymes

3.1-Inversión en Infraestructura y reconstrucción

– Inversión y reconstrucción de la infraestructura y bienes públicos dañados por un monto de US$ 2400 millones los que están focalizados en proyectos de rápida ejecución.

Entre las partidas más significativas destacan:
– Reconstrucción excluyendo Metro: US$ 855 millones
– Proyectos de inversión en regiones: US$ 480 millones
– Construcción de vivienda, subsidios y mejora de barrios: US$ 350 millones
– Adelanto de inversión en equipamiento local: US$ 218 millones
– Tren Santiago-Melipilla, con un costo total de US$ 1.500 millones en cinco años y US$ 200
millones por año en los próximos dos años
– Obras de Agua Potable por US$ 200 millones

3.2-Protección del empleo

Protección del empleo y complemento salarial por jornada reducida: para aquellas empresas que acrediten que su actividad o faena ha sido afectada por la crisis, los trabajadores afiliados al Seguro de Cesantía que pacten jornadas reducidas con su empleador podrán obtener un complemento de su renta desde el seguro de cesantía. Para ello enviaremos un proyecto de ley al congreso.

Fortalecimiento del seguro de cesantía: aumentando transitoriamente la tasa de reemplazo y flexibilizando los requisitos de elegibilidad, permitiendo que más personas puedan acceder al beneficio en caso de quedar desempleado.

3.3-Apoyo a las MiPymes

Adicional a otras medidas ya anunciadas como la capitalización de Banco Estado (US$500 millones), y el Fondo para Inversión y Capital de Trabajo de CORFO (US$200 millones), hoy agregamos una capitalización adicional por US$100 millones al Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE). Todas estas medidas permitirán que las empresas de menor tamaño accedan a créditos por cerca de US$ 9.000 millones. Adicionalmente, como una forma de inyectar liquidez a las MiPymes se establecen las
siguientes medidas:

Devolución anticipada de impuesto a la renta: para las MiPymes que experimentaron una caída de sus ventas en octubre. Dependiendo de la magnitud de esa caída, se devolverá anticipadamente entre un 20% y un 75% de sus PPM. Esta medida implica liberar recursos por hasta US$ 536 millones y beneficiará a más de 500 mil MiPymes.
Facilidades para el pago del IVA: Para el mismo universo de MiPymes se otorgarán facilidades para el pago del IVA de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019, las que podrán ser pagadas en 12 cuotas con tasa de interés real cero y a partir de febrero del próximo año. Esta medida implica liberar recursos por hasta US$ 564 millones y beneficiará a más de 500 mil MiPymes.

Régimen especial de donaciones para MiPymes: por un período de 18 meses se creará un régimen especial de donaciones desde la sociedad civil y que favorecerá a las Mipymes que sufrieron pérdidas materiales o bajas significativas en su productividad o ventas.

Esta semana se ingresará un proyecto de ley al Congreso con discusión inmediata que permitirá la materialización de estas tres medidas.

Pago oportuno de proveedores del gobierno central: el proceso de compra y pago del Estado  será integralmente digital, asegurando el pago oportuno a los proveedores de servicios en el Estado, muchos de ellos Pyme. El Estado ha sido un mal pagador, pero ese abuso termina ahora. Comenzaremos en enero con los servicios públicos de tres ministerios y durante el año estaremos en condiciones de cubrir a todos los servicios del estado.

Las medidas de la Agenda Social implican un esfuerzo financiero muy importante que denota un claro cambio de prioridades en la dirección correcta y la voluntad de dar solución a un conjunto de urgencias sociales. Se trata de un gasto total superior a los US$5.000 millones de dólares entre 2020 y 2022.

Construir una Hoja de Ruta Social Compartida

Durante muchos años no fuimos capaces de ver y empatizar a cabalidad con sentidas demandas en materia de pensiones, transporte, salud y remedios o ingresos laborales mínimos. Es hora de reconocer esta omisión por parte de todos quienes somos o hemos sido autoridades.

De lo que se trata ahora es enmendar definitivamente el rumbo y trazar una Hoja de Ruta Social compartida que nos permita seguir avanzando de forma creíble y responsable. No podemos volver a fallar aquí ni deshonrar las expectativas que los chilenos y chilenas depositan en nosotros.

En lo que sigue, los sucesivos gobiernos deberán comprometerse en mantener y profundizar esta Hoja de Ruta Social de forma clara, transparente a la ciudadanía y con hitos verificables en el tiempo. Creemos que los chilenos y chilenas entienden las limitaciones para no poder hacer todo lo que quisiéramos hoy, de una sola vez. Pero no entenderían que no pudiéramos seguir avanzando mañana. Esta debe ser una prioridad. Y es por eso que la invitación abierta, dialogante y de buena fe, es a que busquemos un acuerdo y un compromiso de cara a la ciudadanía sobre cómo seguir avanzando en este necesario recorrido en los años a venir.

Se trata de construir juntos una Hoja de Ruta reformista para avanzar decididamente hacia un país más justo, solidario, con menos abusos y que aspira a que nos reconozcamos iguales en trato y dignidad. Pero ello debe hacerse con responsabilidad. Debe hacerse con exigente gradualidad en lugar de saltos al vacío. Se trata de tener un reformismo gradualista.

Pero para avanzar es vital también restablecer una senda de crecimiento, lo que a su vez requiere del compromiso de todos de buscar un acuerdo que condene sin tapujos y ponga fin a la violencia y a los trastornos que hemos vivido. Este es un deber de todos los chilenos y chilenas y no solo de quienes somos autoridades. Porque no nos engañemos, sin crecimiento económico se hacen inalcanzables los avances sociales que queremos en pos de un Chile más unido y en que todos participemos de mejor forma del desarrollo.

 

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