La fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, tuvo una reunión el 4 de noviembre con una delegación de alto nivel enviada por el Gobierno de Nicolás Maduro a la sede de la Corte en La Haya (Países Bajos) y les comunicó que había concluido su análisis con respecto a uno de dos exámenes preliminares que se llevan a cabo sobre la situación de Venezuela. Bensouda determinó que “existen fundamentos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido delitos de competencia de la Corte. En este sentido, la Oficina solicitó información sobre los procedimientos internos pertinentes y su conformidad con los requisitos del Estatuto de Roma”.

De acuerdo con la información difundida por la CPI, se están llevando a cabo dos exámenes preliminares separados que llamaron “Venezuela I» y «Venezuela II», el primero se inició en febrero de 2018 y el segundo en febrero de 2020. Venezuela I alude a los presuntos crímenes cometidos por el régimen desde abril de 2017 y Venezuela II es sobre una denuncia que involucra las sanciones impuestas por Estados Unidos a ese país. En este caso, las conclusiones de la fiscal se refieren a los avances en cuanto a Venezuela I.

Hasta este momento, el caso venezolano se encontraba en la Fase 2, de cuatro, del examen preliminar, que consiste en determinar la existencia de delitos que sean competencia de la Corte. Ya pasó por la recepción y recopilación de información. Es decir, que ahora podría avanzar a la fase de “complementariedad”, en la que se determina si los tribunales nacionales tienen la intención o la capacidad de procesar esos delitos. Una vez dilucidado este punto, queda pendiente la última fase que es definir si hay “interés de la justicia”.

Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, calificó los dichos de la fiscal como “históricos”. En un reportaje previo publicado por El Líbero explicó que en la Fase 3, la CPI investiga si el Estado ha hecho algo para sancionar a los responsables, “no hay ninguna discusión de que eso no ha ocurrido. El fiscal de Venezuela se defiende diciendo que hay juicios y 127 funcionarios condenados, esa es una vulgar mentira porque eso se limita a los perpetradores materiales. A los efectos de la Corte no interesa quien da el golpe, a la Corte lo que le interesa juzgar es a quienes dan las órdenes, y en ese supuesto aquí no ha habido una sola averiguación, no ha habido un solo ministro, un solo comandante militar, un solo jefe de destacamento de una ciudad que haya tenido un juicio”.

Por tanto, Daniels concluye que de llegar a ese punto se debería avanzar muy rápido a la última fase, “que es determinar si es interés de la justicia que el caso vaya a la corte y obviamente que en un país donde hay impunidad total es interés de la justicia que esto sea así, esto puede ser muy rápido o muy lento”.

José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch, se pronunció en su Twitter sobre el tema: “La Fiscal de la Corte Penal Internacional concluye que hay fundamentos razonables para concluir que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Es un paso clave para que se inicie una investigación formal contra el régimen de Maduro”.

Los funcionarios que asistieron al encuentro con la fiscal fueron el fiscal general de Venezuela Tarek William Saab, y el Defensor del Pueblo de Venezuela, Alfredo Ruiz.

Con respecto a la situación de Venezuela II, la Fiscal actualizó a la delegación sobre el estado de la evaluación de la materia. Según la información divulgada por la CPI, los funcionarios venezolanos se refirieron al sistema judicial en Venezuela y el trabajo de sus respectivas oficinas y aseguraron su voluntad de cooperar en el marco del Estatuto de Roma con el trabajo de la Fiscalía. Para ello, William Saab invitó a la fiscal Bensouda a visitar Venezuela.

“La Fiscal reiteró que ambas situaciones (Venezuela I y II) permanecen en examen preliminar con miras a tomar una decisión, una vez finalizada, si se abre una investigación. Los detalles adicionales, incluidos los hallazgos de la Oficina, estarán disponibles en el próximo Informe de fin de año sobre las actividades del examen preliminar (2020)”, dice la nota de prensa de la CPI.