Publicado el 28 de noviembre, 2019

Ex ministros DC salen a fustigar a partidos que se restaron de acuerdo por la paz y nueva Constitución

Autor:

Sebastián Edwards

Dieciocho figuras de la Democracia Cristiana, entre ellos Genaro Arriagada, Andrés Zaldívar, Claudio Orrego y Alejandro Foxley publicaron la carta «Por el Orden Público y la Paz Social: en Defensa de la Democracia». En el texto valoran el camino del diálogo y la paz social, y critican a los que no se han sumado a esa salida para la actual crisis. «Son los mismos que se han restado en el pasado de los grandes acuerdos que hicieron posible la recuperación de la democracia en forma pacífica, en torno al plebiscito de octubre de 1988».

Autor:

Sebastián Edwards

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Los ex ministros de la Democracia Cristiana, José Pablo Arellano, Enrique Krauss, Genaro Arriagada, Carlos Mladimic, Pablo Badenier, Claudio Orrego, Jorge Burgos, Edmundo Pérez, Luis Felipe Céspedes, Jorge Rodríguez, René Cortázar, Belisario Velasco, Alejandro Ferreiro, Ignacio Walker, Carlos Figueroa,  Andrés Zaldívar y Alejandro Foxley, publicaron una carta en la que salen a fustigar a los partidos que se restaron del Acuerdo por la Paz y nueva Constitución.

«Son los mismos que se han restado en el pasado de los grandes acuerdos que hicieron posible la recuperación de la democracia en forma pacífica, en torno al plebiscito de octubre de 1988. Por estos días se cumplen 30 años de la elección del presidente Patricio Aylwin», sostienen en la misiva.

En el texto, valoran que «los acuerdos que se van logrando entre gobierno y oposición, empiezan a mostrar avances concretos, aunque aún insuficientes, en temas de ingresos, pensiones, tarifas y presupuesto 2020, entre otros. Existe una legítima demanda social que debe ser respondida de manera oportuna y eficaz, con medidas de corto, mediano y largo plazo, al margen de cualquier demagogia o populismo. Hay que hacer más en el ámbito social».

Y condenas los hechos de violencia: «La continuidad de esta situación de violencia y descontrol amenaza con diluir e incluso revertir los avances que hemos mencionado en los otros dos ámbitos».

Declaración completa de los ex secretarios de Estado

Los efectos de la explosión social del 18 de octubre todavía se hacen sentir.

En lo positivo, hay avances en el tema constitucional. Solo cabe dar un apoyo firme y decidido al Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución del 15 de noviembre, suscrito por la gran mayoría de las fuerzas políticas con representación parlamentaria.

También hay avances en la Agenda Social. Los acuerdos que se van logrando entre gobierno y oposición, empiezan a mostrar avances concretos, aunque aún insuficientes, en temas de ingresos, pensiones, tarifas y presupuesto 2020, entre otros. Existe una legítima demanda social que debe ser respondida de manera oportuna y eficaz, con medidas de corto, mediano y largo plazo, al margen de cualquier demagogia o populismo. Hay que hacer más en el ámbito social. Solo habrá paz social sobre la base de la justicia social. Esa ha sido nuestra convicción desde siempre.

Es en el campo del orden público y la seguridad de las personas donde no solo no se notan avances, sino que más bien se constatan graves retrocesos. La gente percibe que el paisaje de todos los días es el de saqueos, destrucción, vandalismo y delincuencia, en los que participan anarcos, narcos, lumpen, delincuentes comunes y una violencia organizada que aún no ha podido ser identificada con precisión (es una de las falencias del estado chileno).

La continuidad de esta situación de violencia y descontrol amenaza con diluir e incluso revertir los avances que hemos mencionado en los otros dos ámbitos.

Queremos llamar la atención, además de los aspectos delincuenciales relacionados con la violencia de todos los días, que son condenables, sobre las responsabilidades políticas.

El país ya fue notificado de las fuerzas políticas que se restaron del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. Son los mismos que se han restado en el pasado de los grandes acuerdos que hicieron posible la recuperación de la democracia en forma pacífica, en torno al plebiscito de octubre de 1988. Por estos días se cumplen 30 años de la elección del presidente Patricio Aylwin.

Son las mismas fuerzas políticas que por estos días mantienen una actitud de inexcusable ambigüedad sobre la violencia de todos los días y quiénes la practican. Son los mismos que no trepidan en banalizar la movilización social y los paros nacionales, sin reparar en que, muchas veces, con el pretexto de esas movilizaciones y paros hay quienes no vacilan en ejercer la violencia, el saqueo y la destrucción.

Acusamos a esas fuerzas políticas de practicar un infantilismo revolucionario que no repara -y, a decir verdad, pareciera no importarle- en los efectos de una situación generalizada de violencia, no solo desde el punto de vista de los derechos de las personas, el orden público y la seguridad ciudadana, sino que de la viabilidad misma de la democracia y el estado de derecho.

Aprovechamos de reconocer y solidarizar con quienes desde las filas de la izquierda democrática han hecho planteamientos particularmente lúcidos y valientes en estos días. Vaya nuestro reconocimiento, especialmente, a un grupo de destacados dirigentes históricos del Partido Socialista, que han hecho un planteamiento público patriótico y de profundo sentido democrático.

También valoramos y hacemos nuestra la declaración de parlamentarios de gobierno y oposición “La Paz Social, los Derechos Humanos y el Orden Público” en que reconocen que “el país enfrenta una crisis de violencia y vandalismo que amenaza a la democracia” formulando un llamado a actuar con decisión y coraje para revertir este estado de cosas.

Terminamos formulando un llamado al conjunto de las fuerzas políticas y sociales a suscribir ojalá hoy mismo un Acuerdo por el Orden Público y la Paz Social, con una clara condena a la violencia en cualquiera de sus formas y un compromiso con aquellas medidas en el orden legislativo y administrativo que permitan que el estado recupere su control sobre el orden público y la seguridad ciudadana.

Dicho acuerdo debe incluir un claro compromiso con los derechos humanos, que es el fundamento ético de la democracia.

 

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