Con votos de los senadores Adriana Muñoz (PPD), Yasna Provoste (DC)  y Juan Ignacio Latorre (RD), la Comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó la idea de legislar el proyecto que busca indultar a las personas que fueron detenidas y formalizadas durante y después de las manifestaciones del 18 de octubre de 2019.

La iniciativa fue ingresada a la Cámara Alta el pasado 9 de diciembre y contó con las firmas de los parlamentarios Adriana Muñoz (PPD), y de Isabel Allende (PS), Yasna Provoste (DC), Juan Ignacio Latorre (RD) y Alejandro Navarro (PRO).

De esta forma, la moción parlamentaria continúa su trámite en la Comisión de Constitución y Seguridad del Senado.

Durante la sesión, la senadora Provoste fundamentó su voto diciendo que esta iniciativa  es «oportuna y necesaria». Además, explicitó que esta ley «no genera impunidad», y adelantó que presentarán un proyecto que tenga por objetivo «el registro único de detenidos», detallando que «se busca evitar las situaciones que hemos conocido a raíz de la presentación de este proyecto de ley».

Por su parte, el senador Felipe Kast, quien votó en contra de la moción, afirmó que : «Me parece extremadamente compleja y grave que el poder legislativo se atribuya el derecho de suplantar otro proyecto del estado. Atenta a la esencia de la democracia, a la división de los poderes».

En esa línea, Kast agregó que «la justificación de la violencia y asociar la violencia a una movilización pacífica me parece además un insulto de las movilizaciones pacíficas que han ocurrido en Chile».

El senador de la UDI, Iván Moreira, también argumentó su voto en contra, explicando que «este proyecto está mal planteado y solo logra una sensación de impunidad».

El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, dijo que «lo que el proyecto pretende es dejar en la impunidad delitos gravísimos que sucedieron posteriores al 18 de octubre, que fueron perseguidos por fiscales y sancionados por tribunales«.

El ministro agregó que «en Chile existe un estado de derecho, y eso quiere decir que cualquier persona que está presa lo está no porque quiera o no el gobierno, sino porque hay fiscales que investigaron esos delitos y un juez que fue quien dictaminó esta sentencia».

Bellolio subrayó que este es un proyecto que «está muy mal en sus fundamentos», recordando que sus autores decían que hay más de 800 personas detenidas y tuvo que salir la vocera de la Corte Suprema diciendo que eran 26, y de aquellos 17 tenían condenas previas.

También desde el gobierno indican que esta iniciativa es «una pésima señal», porque justifica la violencia y queden impunes delitos, contraviniendo lo que significa la esencia misma de una democracia. Por último, la autoridad se refirió a que la ciudadanía eligió el camino democrático, el de las instituciones, haciendo alusión al proceso constituyente, el cual va en la línea contraria a este proyecto.