Publicado el 01 de octubre, 2019

Revisa la intensa jornada en la que se rechazó la acusación constitucional contra la ministra Marcela Cubillos

Autor:

Sebastián Edwards

Por 73 votos a favor, 77  en contra y 2 abstenciones, los parlamentarios se opusieron a la acusación en contra de la secretaria de Estado. Como se esperaba, votaron en contra los diputados Pedro Sabag (DC), Pepe Auth, Pedro Velásquez, Matías Walker (DC) y Karim Bianchi (IND) . En tanto, se abstuvieron los parlamentarios Patricio Rozas (PS) y René Alinco.

Autor:

Sebastián Edwards

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Tras una extensa jornada, la Cámara de Diputados rechazó la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos.

La votación contó con 73 votos a favor, 77 en contra y 2 abstenciones.

Como se esperaba, votaron en contra los diputados Pedro Sabag (DC), Pepe Auth, Pedro Velásquez y Matías Walker (DC) y Karim Bianchi (IND). En tanto, se abstuvieron los parlamentarios Patricio Rozas (PS) y René Alinco. 

 

Frente a esto, la ministra Cubillos , quien recibió una llamada del Presidente Piñera para felicitarla, agradeció a «aquellos parlamentarios que se dieron el trabajo de analizar la acusación en su mérito, que no tenía argumentos jurídicos. Nunca pensé que ser ministra de Educación iba a ser fácil, pero nunca dudé en asumirlo cuando el Presidente me.lo pidió. Es uno de los desafíos más bonitos que me ha tocado asumir». 

«Creo que cuando se hace una acusación y se dice que no les gusta el tono a uno le cuesta entender. Yo no hago descalificaciones personales ni criticas, desafío a eso. Yo expreso mis ideas políticas», sostuvo.

Por medio de su cuenta de Twitter, el Presidente Sebastián Piñera agradeció a «la mayoría de diputados que rechazaron acusación constitucional contra ministra Marcela Cubillos, que nunca tuvo fundamento jurídico alguno. Ahora ministra a concentrar todo su esfuerzo y compromiso en mejorar la calidad de la educación de nuestros niños y jóvenes». 

En esta línea, la ministra vocera de gobierno, Cecilia Pérez, señaló: «Bien por Chile. Bien por la democracia. Bien por el futuro de los estudiantes. Bien por el derecho de padres y apoderados. Bien por las comunidades escolares que quieren y merecen seguridad. Bien por el Programa de Gobierno que eligieron los chilenos. Ganó la conciencia republicana».

Por su parte, la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, afirmó que «esta acusación no tenía ningún fundamento. Claramente es porque no les gusta la ministra.  Estamos muy contentos porque ganó la seriedad. Gracias a Dios primó el respeto por la institucionalidad en la oposición»

Desde la vereda de la oposición, el diputado Manuel Monsalve (PS), remarcó que «los tres integrantes de la mesa contaron con la confianza de la oposición y ese rol no es solo administrativo también es político y creo que ese rol Pepe Auth no lo cumplió. El PS cree que esta acción era indispensable para garantizar el cumplimiento de las leyes». 

Minutos antes de que se concrete el debate y la votación final, expusieron los representantes de los comités, los que, en total, contaron con 141 minutos de exposición.

Oficialismo: 

Por su parte, el diputado Jaime Bellolio (UDI), señaló que «hoy no solo se vota la acusación contra la ministra Cubillos, se vota contra la idea de que otros puedan gobernar».

Su compañera de partido, María José Hoffmann (UDI), aseveró que «no es legítimo usar la acusación constitucional para lograr la unidad de la izquierda (…) Además de una actitud machista es una sanción completamente desproporcionada e injusta. Esta acusación es injusta y desproporcionada”.

En la misma línea, la diputada Ximena Ossandón (RN), afirmó que la secretaria de Estado «no ha hecho abandono deberes». Y agregó que «no es justo decir que esta ministra no cree en la educación pública».

Asimismo, Bernardo Berger (RN), respaldó a la ministra Cubillos, asegurando que «estamos viendo una utilización política de una herramienta constitucional, es casi una vergüenza que se diga que esto es una acusación política; es hora que se ponga freno a la mal utilización de la acusación constitucional».

Oposición: 

En tanto, el diputado Manuel Antonio Matta (DC) afirmó que «no queremos ser espectadores de una ministra de Estado, que teniendo el rol de conducir su cartera y hacer ejecutar las leyes, contraviene con sus conductas ministeriales el texto expreso de la ley».

Por el Frente Amplio, Natalia Castillo (RD), señaló que «lo mínimo que podemos exigir es que quien asuma la cartera de Educación no mienta, ni siga desmantelando la educación pública; esta acusación contará con los votos de Revolución Democrática».

Análisis del fondo de la acusación e intervención de Venegas (DC)

El abogado de la ministra Cubillos, Francisco Cox, afirmó en la Sala de la Cámara que sigue «con la convicción de que no se dan las causales, y me haré cargo de cada uno de los capítulos. Jamás he dicho que esto sea un tribunal, lo que digo, y no lo digo yo sino la CIDH, es que cuando un órgano sanciona y priva de derechos a una persona, actúa en términos jurisdiccionales».

En cuanto al envío de mails a la base de datos, reiteró que «nos puede no gustar esta norma, pero es la norma, es lo que regula el tema. Aquí no hay violación al principio de finalidad».

El defensor subrayó que «pretender acusar constitucionalmente a una persona por los actos de un tercero es simplemente echarse al bolsillo el principio de culpabilidad», insistiendo que se quiere destituir «a la más ideológica del gabinete». 

«Si vamos a empezar a destituir ministros por las reformas legislativas que no se presentan, creo entonces que nos vamos a quedar sin ministerios rápidamente», indicó Cox.

Previo a esto, en un extenso discurso, el diputado Mario Venegas (DC) hizo uso de la palabra, en calidad de parlamentario defensor de la acusación constitucional. El discurso del parlamentario estuvo marcado por sus críticas al sistema educacional actual, argumentando que se ha intentado «restablecer aquella concepción que entiende la educación como un bien de consumo y no como un derecho social».

En esa línea, añadió que «un funcionario público debe decir la verdad siempre. Si dejamos pasar esta falta de probidad, somos igual o más mentirosos. Por eso presentamos esta acusación. La ministra quiere hacer prevalecer la desinformación». 

En el mismo sentido, afirmó que «se ha hablado como si en Chile no existiera estado de derecho. Quiero ser muy claro: esta acusación se ha hecho conforme a la ley, respetando los derechos de la acusada (…) En lo sustantivo es impecable».

El falangista acusó que la ministra «ha mentido, ha abusado del derecho, ha incumplido la Constitución y ha discriminado».

Respecto a la momentánea ausencia de parlamentarios indecisos en la Sala, el diputado acusador señaló: «Lamento que no estén aquí precisamente de aquellos que dicen que necesitan argumentos y fundamentos de carácter jurídico y constitucional para definir su voto. Otra actuación significa ya que ya tiene la cosa juzgada y que esto da lo mismo. Pero yo trataré de ser responsable con el deber que me imponen, mi trabajo y el rol que tengo que cumplir».

En cuanto a los correos electrónicos enviados a apoderados, aseguró que «hay una vulneración clara del principio de finalidad cuando ella utiliza la base de datos para una finalidad que los apoderados no declararon ni consintieron». 

Por su parte, el diputado de RN, Hugo Rey aseguró que espera que este escenario se mantenga «porque si en la forma ellos estaban en contra de la acusación, más en el fondo. Creo que con toda razón lo van a volver a repetir. Entonces, esperamos que la votación mínimo se repita».

En tanto, su par del PPD, Ricardo Celis, señaló que «ha quedado en los hechos demostrado que esta es una acusación sólida, contundente, que tiene los argumentos suficientes».

«Este no es un tribunal de justicia: es la Cámara de Diputados, donde en base a la infracción de la ley y no cumplimiento de la ley, amerita que la Cámara ejerza esta acción fiscalizadora. Esto obviamente tiene un cariz político y es que se persiguen las responsabilidades políticas en el ejercicio de los cargos más altos del gobierno», sostuvo el parlamentario.

Distintos parlamentarios se acercaron a conversar con los diputados de oposición que aprobaron la cuestión previa, tal como lo es el caso de Karol Cariola (PC), quien se acercó al puesto del diputado René Alinco. 

Por medio de su cuenta de Twitter, Revolución Democrática llamó a los diputados Auth, Sabag y Alinco a que «es necesario que hoy se defienda a quienes sufren las consecuencias de la postergación de la educación pública, perpetrada por la Ministra Cubillos».

«En la vereda opuesta estarán aquellos que, a sabiendas que hay mérito en esta acusación, prefieren otorgar un respaldo al gobierno. Esto es razonable entre quienes pertenecen a los partidos de la coalición gobernante; no sería entendible que aquellos que se declaran de oposición, se presten para una maniobra de este tipo. Quiero confiar en que cada uno de nosotros será fiel al mandato popular de los electores que nos han elegido», señaló Venegas.

Parte de la polémica durante la discusión fueron los dichos del diputado Jaime Mulet, quien por medio de las redes sociales señaló: «Perderemos la acusación contra la ministra Cubillos, ella saldrá fortalecida». Y agregó: «Salvo que ocurra un cambio inesperado donde muchos están trabajando en la Sala».

Se rechazó cuestión previa

La Cámara de Diputados rechazó la denominada cuestión previa presentada por la defensa de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, por lo que continúa la discusión del fondo de la acusación constitucional en contra de la secretaria de Estado.

Un empate de 76 votos bastó para que siga la discusión en torno a la acusación.

Ante esto, la diputada Maite Orsini (RD), señaló que «si uno realiza un análisis sistemático, a través de una cronología de los hechos desde que la ministra asume en agosto de 2018, es evidente para no ver que ella ha abandonado la educación pública».

Uno de los votos que estaba en suspenso era el del diputado Matías Walker (DC), quien señaló en la mañana que rechazaría la cuestión previa para permitir que se discuta el fondo, instancia donde aún no se sabe cómo votará.

La Democracia Cristiana votó alineada con la oposición, a excepción del diputado Jorge Sabag. «Sorprende el del diputado Sabag. Esperamos que por la tarde pueda escuchar los argumentos en la sala», afirmó Orsini.

Se cuadraron también con el oficialismo los diputados Pepe Auth, René Alinco y Pedro Velásquez. 

Comisión revisora

Previo a esta decisión, los integrantes de la comisión revisora, reiteraron que la «acusación constitucional no tiene fundamentos». El primero en intervenir fue el diputado Hugo Rey (RN), quien señaló que «hemos llegado a la convicción que esta no cumple con los requisitos que la ley establece para que continúe. Se debe acoger la cuestión previa».

En la misma línea, agregó que «las diferencias políticas no se zanjan con un instrumento como la acusación constitucional».

En tanto, el diputado Pedro Álvarez Salamanca (UDI), señaló que se ha «formado la convicción plena de que esta acusación constitucional carece de los elementos básicos para aprobarse». Y agregó que «corresponde aprobar la cuestión previa. La acusación no cumple el estándar de gravedad». En ese sentido, aseguró que «no hay hechos graves, tampoco infracciones legales o constitucionales de ningún tipo, no ha ocurrido nada que justifique esta tremenda desviación de energía».

El parlamentario gremialista finalizó argumentando que «la acusación se fundamenta en hechos que no son responsabilidad de la ministra».

En el mismo tono, la diputada Catalina Del Real (RN) señaló que «la ministra no ha cometida infracción comunicacional o legal alguna (…) la cuestión previa debe ser aprobada, teniendo la acusación por no presentada».

Por su parte, la diputada Maite Orsini (RD), afirmó que  «la Ministra se equivocó en elegir al Sr. Cox como abogado defensor. Y creo esto por dos razones. Primero, porque la Cámara de Diputados no es, en ningún caso, un Tribunal de Justicia. Y segundo, porque esta causa no es una de derechos humanos, sino que de responsabilidad política de una Ministra de Estado a la que se le acusa de haber abandonado a la Educación Pública».

En respuesta a Orsini, Cox señaló: «No me equivoqué, porque mi experiencia viajando a distintos países (…) es que justamente me siento conforme, satisfecho de haber aceptado este desafío, no obstante no es el lugar habitual donde desempeño mi labor».

La parlamentaria argumentó que «la acusación exige un juicio de legalidad estricto: no es un voto de censura, pero no permite sostener que no debe pronunciarse sobre el mérito de las acciones u omisiones de un ministro». Y añadió que «existe una clara diferencia entre la acusación que considera la Constitución y un voto de censura».

En este sentido, remarcó que «la Acusación Constitucional debe ser entendida como un juicio político jurídicamente reglado y no existen razones legales ni constitucionales para comprenderlo, como sugiere la Defensa, como un juicio de carácter estrictamente jurídico. Por tanto, hay que advertirle a la Honorable Sala de lo que me parece no es más que un intento de hacernos creer que este es un Tribunal, cuando acá Presidente, estamos en el hemiciclo de la Cámara de Diputados y no en la sala Penal de la Corte Suprema». 

«Si la ministra y su defensa creen que esto no es grave, entonces reconocen la plausibilidad de esta acusación», sostuvo la parlamentaria del Frente Amplio. 

Orsini continuó afirmando que «la acusación constitucional es un juicio político jurídicamente reglamentado (…) esta es la razón por la cual el subsecretario no puede ser acusado constitucionalmente». Y agregó: «Es la ministra y no el subsecretario el que tiene que responder ante el Congreso». 

Las palabras de Orsini tienen relación con la intervención del abogado Francisco Cox, quien sostuvo que la secretaria de Estado no puede tener responsabilidad en los hechos que se le imputan, debido a los cambios a la reglamentación de 2011.

Por otro lado, subrayó que «es evidente el daño que se está generando a la educación pública en general. Considerando la variable territorial, se hace evidente también que son las comunas más pobres las más afectadas por las acciones y omisiones de la Ministra».

«Existe un sistemático abandono de la educación pública y cada capítulo de la acusación lo comprueba», reiteró la diputada Orsini. La parlamantaria se dirigió a la ministra y señaló: «Usted, y toda su coalición, estuvieron disponibles para, por muchísimo menos, reitero: muchísimo menos, destituir a la ministra Provoste». 

El presidente de la comisión, el diputado Celso Morales (UDI) ratificó que votará a favor de la cuestión previa.

Llamado a rechazar acusación constitucional 

La comisión revisora por la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, entregó ayer el informe en donde presentan su análisis de las distintas aristas detrás de la moción presentada por un grupo de parlamentarios del Partido Socialista .

La instancia conformada por los diputados Hugo Rey (RN); Catalina Del Real (RN); Celso Morales (UDI); Pedro Álvarez Salamanca (UDI) y Maite Orsini (RD), recomendaron a la Sala de la Cámara rechazar esta acusación constitucional, siendo que la oposición tiene mayoría en el Congreso.

La diputada Orsini fue la única de la comisión en no respaldar la decisión adoptada por el resto de los diputados integrantes de la comisión.

«Espero que los diputados que todavía tienen dudas puedan escuchar con atención esos argumentos porque tengo la convicción profunda de que son los correctos. Así que espero que si de algo sirve, porque en otras oportunidades las cosas están más bien zanjadas, sabemos que hoy día cualquier cosa puede ocurrir, son muy pocos votos los que van a hacer la diferencia y por eso he tenido un especial cuidado en defender cada uno de los argumentos necesarios para poder lograr convencer a quienes todavía tienen dudas», sostuvo la parlamentaria de Revolución Democrática.

El resto, todos parlamentarios oficialistas, respaldaron al gobierno y afirman que el foco está centrado en acusaciones políticas, por lo que rechazaron los cinco capítulos del libelo.

 

Intervención de abogado defensor, Francisco Cox

En su intervención en la Sala, el abogado de la ministra, Francisco Cox, señaló que esta acusación es «infundada, partidista, violatoria del debido proceso». Y que es usada para «excluir» a una adversaria política.

Entre los principales puntos de la cuestión previa destacan:

1.No respeta carácter de última ratio

2. No se verifican causales establecidas para su presentación en la CPR

3. Imputaciones que no son responsabilidad de la ministra 

4. No respeta debido proceso y, por tanto, tratados de Chile en materia de derechos humanos

Cox citó a los abogados Fernando Atria y Javier Couso para explicar que la acusación no cumple con las exigencias que establece la constitución y que no cumple con el «principio de proporcionalidad».

Por su parte, aseguró que la ministra Cubillos «no ha infringido ley alguna, ni la Constitución». Y agregó que si no se aprueba la cuestión previa se estaría «banalizando esta institución».

El abogado aseguró que los acusadores- parlamentarios del PS– están conscientes de las «falencias de la acusación» y que se está usando esta herramienta de «forma ligera».

En cuanto a los tuits por los que la secretaria de Estado se vio cuestionada, Cox aseguró que no son parte de la totalidad del «hilo» emitido, y que se ha buscado dar una «connotación política».

Respecto a la acusación por la utilización de las bases de datos para enviar mails a los apoderados, el abogado señaló que el «consentimiento no es necesario, por lo tanto tampoco puede violarse el principio de finalidad». En esa línea, aseguró que la Contraloría catalogó esta conducta como «legal».

«Solicitamos que se acoja esta primera cuestión previa a todos los capítulos, ya que no se ha respetado el carácter ultima ratio de una acusación constitucional», afirmó Cox.

En este sentido, añadió que «deben enmarcarse en las causales de nuestra Constitución, no en la molestia que pueda causar una persona. No es una herramienta para proscribir personas o ideas».

«Se quiere destituir a una ministra y sacarla del tablero político por cinco años por una supuesta subejecución del presupuesto. La acusación toma meses de forma absolutamente arbitraria, porque no explica por qué se elige un mes y no otra para la comparación», sostuvo el defensor. Y agregó que «se busca destituir a la ministra de Educación por tres tweets descontextualizados. Se le imputa hechos antes de su llegada al ministerio».

Asimismo, aseveró que esto se trata de «diferencias políticas, problemas de gestión política basados en percepciones y creencias, ninguna norma jurídica, ninguna infracción, ninguna ley que se haya dejado de aplicar».

Cubillos apeló a la tranquilidad

Previo a la votación, la secretaria de Estado señaló que «desde que me integré al gobierno he actuado de la misma manera, poniendo las ideas por delante y no las descalificaciones personales(…) poniendo por delante la agenda por la que fuimos elegidos». 

Respecto a como se ordenará la votación del libelo, afirmó que “uno es dueño de sus propias acciones, y en eso radica la tranquilidad para enfrentar no solamente las política, el trabajo de siempre, sino también la vida siempre”.

Su esposo y senador, Andrés Allamand (RN), hizo un llamado a los diputados a que «voten en conciencia. Espero que así sea. Usted sabe que debo referirme de manera general. Ciertamente creo que ha sido una gran ministra de Educación».

En medio de denuncias realizadas por el diputado Pepe Auth sobre la existencia de presiones para aprobar la acusación, al menos 6 congresistas de oposición (DC, PR y FRSV) cambiaron su postura, la que en un comienzo era contraria y ahora es a favor del juicio.

Ayer comenzaron a surgir las primeras voces en torno a la votación de hoy. Algunos parlamentarios de oposición estarán con licencias médicas, tal como es el caso de Raúl Soto (DC) y Tucapel Jiménez (PPD).  La atención está enfocada en como va a votar la Democracia Cristiana en la Sala, luego de que ayer el jefe de bancada del partido, Gabriel Ascencio, llamó a votar a favor de la acusación.

En tanto, el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, señaló en entrevista con Mirada Líbero en Agricultura que «votaría favorablemente» ante la acusación constitucional a ministra Cubillos. A su vez, afirmó que «se ha dejado de ejecutar la ley que crea el nuevo Sistema de Admisión Escolar, donde hemos tenido una autoridad que producto de su inacción ha dejado que la educación pública termine muriendo”

Los cálculos indican que si el gobierno consigue 76 votos (lo que significaría un empate) se cae la acusación.

 

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