Publicado el 09 de septiembre, 2019

Bachelet señala que la crisis económica y de DD.HH. en Venezuela se ha profundizado, pero solo llama a seguir diálogo entre Maduro y oposición

Autor:

Sebastián Edwards

Además, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU dice que el gobierno venezolano ha confirmado su base de avanzar sobre la base de los compromisos en materia de DD.HH. asumidos durante su visita en junio.

Autor:

Sebastián Edwards

Recibe en tu correo Lo mejor de la prensa
Suscribirse

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, señaló que «la situación de derechos humanos sigue afectando a millones de personas en Venezuela y con claros impactos desestabilizadores en la región». Y agregó que mantiene su «compromiso de seguir cooperando con las autoridades para lograr cambios sustanciales y poner fin a las violaciones de derechos humanos documentadas en mi informe».

En este sentido, agregó que «se ha logrado restablecer el trabajo de un equipo de la Oficina en Caracas y el Gobierno ha confirmado su voluntad de avanzar sobre la base de los compromisos en materia de derechos humanos asumidos durante mi visita al país en junio».

Respecto a la situación de los centros penitenciarios, aseguró que «se está avanzando en un protocolo y un calendario de visitas en los próximos meses. De acuerdo con los compromisos adquiridos con mi Oficina, el Gobierno ha cumplido con la excarcelación de 83 personas, incluidas aquellas cuya detención había sido considerada como arbitraria por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria y que seguían en régimen de detención, así como otros casos señalados por la Oficina.  Queda pendiente la liberación plena de la Jueza Afiuni y del periodista Braulio Jatar, quienes obtuvieron medidas parciales«.

En la misma línea, subrayó que el gobierno «se ha comprometido a establecer un mecanismo para atender casos individuales, y mi Oficina ya ha remitido 7 casos prioritarios que esperamos se resuelvan pronto. Asimismo, las autoridades nos han comunicado las medidas recientemente adoptadas para aliviar la situación médica de algunos detenidos. Además, el Gobierno está avanzando con respecto a su invitación al país a diez Procedimientos Especiales en los próximos dos años».

En cuanto a la situación económica del país caribeño, la ex Presidenta remarcó que esta «sigue deteriorándose rápidamente, restringiendo el ejercicio de los derechos económicos y sociales de millones de personas. La economía atraviesa lo que podría ser el episodio hiperinflacionario más agudo que haya experimentado la región, afectando la capacidad de compra de alimentos básicos, medicamentos y otros bienes esenciales». 

«El 8 de agosto pasado expresé mi preocupación por el impacto potencialmente severo en los derechos humanos del nuevo conjunto de sanciones impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos de América. Pese a las excepciones contempladas en las últimas sanciones en el área de asistencia humanitaria, el escrutinio estricto (over-compliance) del sector financiero, la reducción de los ingresos públicos y la caída en la producción petrolera está teniendo ya un fuerte impacto en los programas sociales y en la población en general. Todo esto contribuye a agravar la situación humanitaria y el éxodo de personas venezolanas», sostuvo la ex Jefa de Estado.

En el sector sanitario, Bachelet dice estar preocupada por el «insuficiente acceso a medicamentos y tratamiento de más de 400,000 personas que padecen enfermedades crónicas. Se ha registrado la muerte de pacientes con insuficiencia renal debido a la escasez de medicamentos e insumos para ser dializados desde 2017. Debido al desabastecimiento de suministros, los únicos dos centros en el país donde se pueden practicar trasplantes de médula ósea se enfrentan a serios problemas operativos».

En cuanto a las ejecuciones extrajudiciales, aseguró que «no ha recibido información sobre medidas para implementar la recomendación del informe sobre la disolución de las FAES y prevenir la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales. Por el contrario, las FAES han recibido apoyo al más alto nivel del Gobierno». 

«Me preocupan las recientes acciones para aprobar una ley que tipifica como delito las actividades de las organizaciones de derechos humanos nacionales que reciben fondos del extranjero. Esa ley, si se aprueba y aplica, reducirá aún más el espacio democrático. Lamento también los recientes ataques del Gobierno en contra de la autonomía universitaria», añadió la Alta Comisionada.

En el mismo tono, agregó que le preocupa «la información recibida por mi Oficina según la cual algunas organizaciones de la sociedad civil y sus representantes que colaboraron en la preparación de mi último informe a este Consejo, fueron víctimas de descalificaciones públicas y amenazas por altos funcionarios siguiendo su publicación. Las represalias por haber cooperado con las Naciones Unidas son inaceptables e insto a las autoridades a que tomen medidas de prevención».

«Reitero mi llamado tanto al Gobierno como a la oposición para que superen sus diferencias y den prioridad a la negociación que considero como la única manera para poder superar la actual situación. Una vez más expreso mi disponibilidad y la de mi oficina, fuera y dentro del país, para acompañar todos los esfuerzos que contribuyan a superar la actual crisis que afecta a millones de venezolanos. Apoyo el espacio facilitado por el reino de Noruega, así como las diversas iniciativas de dialogo que la comunidad internacional está impulsando», puntualiza el informe.

Las columnas de Opinión son presentadas por:
Ver más

También te puede interesar:

18 Sep